Un avión en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba. En esta dependencia militar sucedió el abuso sexual. (Web)
Las instituciones militares –como las religiosas– suelen ser tan verticales y herméticas que, cuando alguien se atreve a denunciar que ha sufrido abusos de parte sus superiores, recibe a cambio el peso de la jerarquía. A Fines de 2014, una estudiante de la Escuela de Aviación de la Fuerza Aérea a quien llamaremos D.E.R denunció que fue abusada sexualmente por un cadete de mayor grado. Fue la denuncia que destapó la olla. Detrás de ella, una segunda estudiante contó que fue abusada por la misma persona. Fernando Ariel Moyano Martínez, por entonces cadete de tercer año, “valiéndose de su posición jerárquica”, había intentado hacerlo en otros cinco casos.
Moyano Martínez comenzará a ser juzgado hoy por el Tribunal Oral Federal N°1, por los delitos de “abuso sexual agravado por sometimiento sexual gravemente ultrajante” en el hecho que tuvo por víctima a D.E.R, y “abuso sexual simple”, en el segundo caso. El juicio de instancia privada se hará a puertas cerradas y, por tratarse de un delito que involucra a personal militar sucedidos en un establecimiento militar, fue investigado por la Justicia Federal.
El acusado fue dado de baja y puesto a disposición de la Justicia en cuanto las denuncias se hicieron públicas. Pero no fue el único que se quedó afuera de la institución militar. En diciembre pasado, dos años después de haber denunciado el abuso al que fue sometida, D.E.R también quedó afuera de la carrera por obtener bajas calificaciones. Para el fiscal Enrique Senestrari, instructor de la causa, alguien que fue víctima dentro de la propia institución no debió ser calificada de la misma manera que el resto de los aspirantes.
“Al parecer, cuando alguien se atreve a denunciar a la jerarquía en estas instituciones, la respuesta es persecución. La chica fue abandonada dentro de la institución militar. Había sido víctima de abuso sexual dentro de la propia dependencia y siguió, sin embargo, sufriendo presiones”, dijo a ENREDACCIÓN Senestrari.
“SOY EL VIOLADOR DE LA 81”
En diciembre de 2014, el rumor de los abusos se había instalado en la Escuela de Aviación. En la causa, un cadete compañero de Moyano Martínez declaró que el acusado le dijo, en tono irónico: “soy el violador de la 81”; “me vas a matar”; “no sé, me la re mandé”.
Los testimonios de al menos siete personas (dos de ellas, las víctimas) coinciden en describir la estrategia usada por el acusado. Les proponía grabar un video “besándose como si fueran novios”, para luego enviar esas imágenes a un grupo de personas que tenía como contacto de whatsapp. El argumento era que esas personas eran amigas de una chica a la que él “no le había prestado atención”,y que por esa razón habían dirigido amenazas de muerte a su novia. Es así que, para “proteger” a su pareja, el acusado debía enviarles un video demostrando que su verdadera novia era una compañera de estudios de la misma fuerza.
La semana del 10 de noviembre, Moyano Martínez fue oficial a cargo. Ese día, la cadete de primer año, “intimidada por la relación jerárquica entre ellos”, según consta en la causa, accedió a los reiterados requerimientos del acusado, quien le ordenó acompañarlo hasta un cuarto oscuro. Una vez allí, tras cerrar la puerta con llave, comenzó a abusarla y filmarla.
El 22 de noviembre, utilizando la misma estrategia, el imputado abusó sexualmente de D.E.R a quien previamente había amenazado con denunciar ante sus superiores por faltas disciplinarias, aprovechando que la cadete contaba con bajas calificaciones en conducta.
En los dos casos, tras cometer los abusos, “el imputado Moyano ejerció una presión intimidante sobre su víctima, usando para ello su superioridad jerárquica mediante gestos que la hacían sentir humillada delante de sus compañeros”, consignó Senestrari en el auto de elevación a juicio.
Entre las pruebas recolectadas durante la instrucción, sobresale los testimonios de otras cinco cadetes de la Escuela de Aviación, que de manera coherente y coincidente atestiguaron haber recibido la misma propuesta por parte de Moyano Martínez.
Asimismo, de las pericias sobre los celulares secuestrados que realizó la Policía Judicial de Córdoba surge que efectivamente los registros fílmicos habían sido realizados por Moyano Martínez y que la captura de las imágenes son “concluyentes y suficientes” para documentar el delito.
El fiscal Enrique Senestrari, que elevó la causa a juicio. (Archivo).
En diálogo con ENREDACCIÓN, Senestrari se refirió la situación traumática que deben atravesar las víctimas de los delitos contra la integridad sexual. “Primero sufren el ataque físico del abusador y luego el maltrato emocional de otros. En este caso, el abogado defensor del acusado ha manifestado expresiones muy violentas contra la víctima, con una clara intención reduccionista”, dijo.
waldo.cebrero@enredacción.com.ar
Más vías de contacto:
Redacción: [email protected]
Lectores: [email protected]
Equipo de Investigación: [email protected]
