Lidia Guerrero, la madre de Víctor Saldaño, y su abogado, Juan Carlos Vega, pidieron una audiencia urgente con el canciller Jorge Faurie. El abogado el dijo a ENREDACCIÓN que la reunión solicitada tiene por objetivo “demandar medidas urgentes, tanto diplomáticas como jurídicas y políticas, para que Estados Unidos cumpla el mandato de la Comisión Intermamericana de Derechos Humanos y libere a Víctor”.
A la par, reclaman que el Estado argentino “haga un Informe sobre el Caso Saldaño para que los argentinos y el mundo conozcan la verdad del racismo en la justicia de los EE.UU.”
Lo cierto es que el Estado de Texas, anunció la semana pasada que Saldaño será ejecutado en el próximo mes de noviembre, desconociendo el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó a Estados Unidos por su sistema judicial racista y ordenó la libertad del argentino.
Víctor tiene 46 años, 24 de los cuales ha estado encarcelado, la mayor parte en el llamado “Corredor de la Muerte”, a la espera de su ejecución.
Saldaño fue acusado del asesinato del comerciante estadounidense Paul Ray King en 1995, dos veces condenado a muerte, y dos veces anuladas esas sentencias por sus concepciones racistas.
Justamente, Vega denuncia en una columna publicada en este medio, que “en diciembre del 2016, la Comisión Interamericana dicta el Informe de Fondo 76/16 que declara la nulidad de las dos condenas de muerte y ordena la liberación de Victor Saldaño. Sin embargo, han pasado tres años y los EE.UU. no cumplieron de manera alguna con este mandato internacional. Desde esa fecha el Estado argentino tenía la obligación de garantizar la vida de Saldaño y de exigir a los EE.UU. que cumplieran con el mandato de la Comisión Interamericana. Nada de eso hizo la Cancillería Argentina. Permaneció en silencio. Y su silencio legitimó el desprecio por la Ley Internacional de parte de los EE.UU”.
Víctor Saldaño y su madre Lidia, durante una visita en Texas, Estados Unidos.
En su planteo, el abogado afirma que “sabemos que se trata del Estado más poderoso del mundo, pero la razón política no puede legitimar violaciones a derechos humanos ni practicas racistas como las que se han probado en el Caso Saldaño”.
Denuncia también que “vivimos en un mundo marcado por la discriminación de raza, nacionalidad y religión. El Caso Saldaño muestra la peor cara del racismo que es el racismo judicial”.
Por último, reclama que “la Cancillería Argentina debe entender que es su obligación legal garantizar lo que queda de vida del argentino Saldaño y defender a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos despreciada por los EE.UU. (artículo 2 de la Convención)”.
