La cárcel de mujeres, en Bouwer.
La Coordinadora Anticarcelaria Córdoba acusó al gobierno y al Servicio Penitenciario de Córdoba de aplicar castigos y torturas a las reclusas de la cárcel de mujeres de Bouwer. En ese sentido, asegura que esa sería la causa detrás de la muerte de dos internas ocurridas en los últimos tres meses.
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Las víctimas son Janet López -se habría ahorcado el 28 de diciembre pasado- y Elisa Castaño -fue encontrada muerta en su celda el pasado 18 de marzo-.
Justamente, la Coordinadora emitió un comunicado, donde denuncia torturas psicofísicas y discriminación en la penitenciaría.
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El documento contó con una serie de adhesiones, entre las que se encuentran la Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional), “Núcleo de antropología, violencia, muerte y política” del Museo de Antropología de la UNC, Ammar, Colectivo de Educadorxs desde el Sur y la agrupación docente María Saleme.
“En lo que va del año 2019, al menos dos mujeres perdieron su vida en la cárcel de Bouwer, como consecuencia directa de las medidas de tortura que allí se llevan a cabo, con total impunidad”, afirma la organización.
Dice que “algunos de los dispositivos de castigo y tortura que sufren quienes están presas son el hostigamiento psicológico cotidiano, la negación de atención médica y la sobremedicación como forma de control”.
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Apunta que se utilizan otros sistemas de castigo, como “el ‘aislamiento dentro del aislamiento’ que es obligarlas a permanecer por tiempo indeterminado en celdas totalmente cerradas, con salidas de tan solo una hora al día para higiene personal y el siniestro método medieval de la ‘cama de sujeción’ que consiste en inmovilizar en una cama a la persona, la cual permanece atada de manos, pies, y a veces cabeza y torso, anulando así por completo sus acciones”.
También señalan que hay violencia de género y trans y lesbofobia en el personal penitenciario: “A la hora de las requisas pasan por alto la identidad de género autopercibida, al poner en duda quien debe llevarlas a cabo si un hombre o una mujer”. En ese sentido, explican que “se les niega a las mujeres lesbianas la posibilidad de hacer pública su orientación sexual, ya que si demuestran afecto entre ellas son castigadas con el traslado de un pabellón a otro para separarlas, claro ejemplo de lesbofobia”.
Otro punto crítico que describe el documento es que “en las cárceles de mujeres, es sabido que se reciben muchas menos visitas que en las cárceles de hombres. A esto se le suma el régimen de visitas, que vulnera los derechos de las mujeres y allegados que desean verlas; ya que este sistema exige realizar un carnet de visita para el cual hay que ser familiar directo y sin antecedentes penales”.
Agregan que “los días de visita general, la instancia de autorización implica que la presa debe autorizar, para que así puedan ingresar y visitarlas, esto es un problema para ellas ya que la mayoría de las veces nadie les avisa que hay personas esperando esa autorización para poder verlas”.
Por último, aseguran que desde el Servicio Penitenciario de Córdoba, se cambian “los días de visita semana a semana, como así también los objetos y alimentos que pueden ingresar, y usan como castigo los traslados de las presas sin previo aviso, sin tener en cuenta que el costo del transporte es altísimo. Tampoco se contempla el tiempo que requiere llegar hasta la cárcel, ni el de espera para ingresar al salón”.
Demandas
-Abolición inmediata de la cama de sujeción.
-Abolición inmediata del uso de celdas de aislamiento, llamadas buzones o calabozos: “Sabemos que la cuarta parte de los “suicidios” se produce en los lugares de aislamiento”.
-Eliminación de los requisitos restrictivos del “Régimen de visitas” que vulneran derechos elementales.
-Que “la visita íntima, la educación y el acceso a la salud no sean premios, sino derechos”.
-Que se respete la Ley 24660, acceso a salario y derechos laborales de las personas que están en contexto de encierro.
-Políticas sociales y laborales para quienes cumplen prisión domiciliaria y quienes salen en libertad.
-Incorporar al observatorio recientemente creado por el ministerio de Justicia y Derechos Humanos a mujeres y familiares de personas presas, integrantes de equipos interdisciplinarios de la UNC que aborden las problemáticas específicas de los contextos de encierro y de otras organizaciones por fuera del Ministerio de Justicia y DDHH.
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