El gobierno consiguió otorgarle media sanción al proyecto de reforma del régimen de Bienes Personales que contempla un alza progresiva de la alícuota a medida que sube el patrimonio declarado. La iniciativa tuvo 130 votos afirmativos, 38 negativos y 8 abstenciones. De este modo, el proyecto elevó el mínimo no imponible de Bienes Personales a 2.000.000 pesos, pero mantuvo la exención del tributo a los productores agropecuarios.
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La iniciativa de Bienes Personales fue rechazada en el debate por la mayor parte de la oposición con el fundamento de que el piso no imponible fijado golpeaba a la clase media. Para la aprobación del proyecto, Cambiemos tuvo el respaldo de una parte del interbloque Argentina Federal (Justicialista y aliados), mientras que el Frente para la Victoria, el Frente Renovador y el interbloque Red por Argentina lo rechazaron.
La propuesta plantea que la base no imponible pase de 1.050.000 pesos -correspondiente al 2018- a 2.000.000 en 2019. En tanto, la alícuota que en 2018 fue del 0,25 por ciento (a pagar sobre el excedente), se mantendrá en ese nivel si el valor total de los bienes declarados fuera de entre 2.000.000 y 5.000.000, pero subirá al 0,5 por ciento entre 5.000.000 y 20.000.000, y al 0,75 cuando la suma declarada fuera superior a los 20.000.000.
Después de numerosos cabildeos, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina y los diputados justicialistas que apoyaron las iniciativas oficiales impusieron el criterio de que los inmuebles rurales continuaran exentos del pago de este tributo. El dictamen original preveía que los propietarios de campos dejaran de percibir este beneficio, pero en el tratamiento en particular primó el planteo para que sigan afuera del régimen. El argumento para sostener esta posición fue que el campo ya viene realizando un “esfuerzo” por la suspensión de la rebaja prevista en retenciones.
La aprobación de la reforma de Bienes Personales formaba parte de un paquete de leyes que incluía la sanción del proyecto de revalúo de Ganancias por inflación, la adenda al Consenso Fiscal y el nuevo régimen del monotributo social para pequeños productores tabacaleros y cañeros.
Los fondos extras recaudados a través del incremento de la alícuota de Bienes Personales permitirán constituir un fondo específico de 6500 millones de pesos anuales para que las provincias y ciudades puedan subsidiar el transporte urbano e interurbano.
Por su parte, la adenda modifica parcialmente el Pacto Fiscal firmado el año pasado por los gobernadores, flexibilizando algunas obligaciones por un año, como por ejemplo, la rebaja del impuesto a los Sellos.
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