La conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) determinó este jueves un plan de lucha en rechazo a “los anuncios económicos del Gobierno y el gran ajuste”; reclamó la inmediata reapertura de todas las negociaciones paritarias en el sector público y convocó a realizar “acciones directas y medidas de fuerza antes de fin de año”.
El consejo directivo del gremio deliberó encabezado por los secretarios general y adjunto, Rodolfo Aguiar y Mercedes Cabezas, y decidió un plan de acción progresivo, declaró el estado de alerta y asamblea permanente en todo el país y exigió la inmediata reapertura de las paritarias en la administración pública nacional, provinciales y municipales, señaló en un comunicado.
Los dirigentes repudiaron “cualquier posibilidad de que se produzcan despidos”; rechazaron por “inconstitucional” el protocolo antipiquetes anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y llamaron a aplicar “acciones directas nacionales”.
El consejo directivo, en el que participaron representantes de las 24 provincias, resolvió convocar a protestas antes de fin de año y mandató a la conducción para definir esas medidas de fuerza, señalaron los dirigentes.
“Nadie podrá acusar al gremio de atentar contra la gobernabilidad, porque agotó todas las instancias. Es preciso compensar el daño que las medidas económicas del nuevo Gobierno está causando”, sostuvo Aguiar, quien rechazó los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo.
Aguiar sostuvo que las acciones directas se aplicarán en caso de que comiencen a verificarse despidos y continúe “el ataque al poder adquisitivo de los trabajadores del sector público y de los jubilados”, y adelantó que la ATE realizará las presentaciones formales de reapertura de paritarias mañana (por el viernes) en los ministerios de Capital Humano y de Economía y en Jefatura de Gabinete.
Sobre el anuncio de Caputo de que no se renovará ningún contrato de trabajadores estatales con menos de un año en sus empleos, enfatizó que ATE “no tolerará ninguna cesantía injustificada”, y sostuvo que “la mayoría de los altos funcionarios del Gobierno son empresarios, lo que explica el desconocimiento profundo de las leyes del Estado”.
“En el empleo público, la estabilidad está consagrada de forma constitucional. Aunque el Gobierno no terminó de precisar con exactitud el universo de trabajadores que tiene en la mira, en todos los casos cumplen roles esenciales. Se procura cesantear a discapacitados y personas trans que ingresaron por cupos regidos por ley”, afirmó Aguiar.
El dirigente dijo que a pocos días de asumir “el Gobierno comienza a estafar a sus electores, porque supuestamente llegó para que cese el flagelo de la inflación, el hambre y la pobreza, pero estas medidas provocarán millones de nuevos caídos del sistema”.
“Lo que ocurre en apenas cuatro días es un disparate. El Gobierno pide que el pueblo sufra con alegría. Desde el domingo último los únicos que están alegres son los mismos 4 o 5 empresarios que durante los últimos años juntaron la plata en pala”, puntualizó.
Daniel Catalano, titular de ATE Capital, enfatizó que existe “la necesidad de convocar a una movilización la semana próxima en el distrito porque ya el Gobierno anunció 10 mil despidos, es decir, no es posible elegir porque hay un ataque sobre la revisión de los contratos 2023 que afecta a esa gente”.
Catalano denunció despidos en municipios del interior del país; señaló que en Chubut ya hubo 2 mil cesantías y que también en esa provincia “se está planificando una ley para quitar los fueros sindicales, lo que impedirá que el personal pueda organizarse como lo hizo de manera histórica en las entidades gremiales que los representan”.
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