El ministro de Defensa, Oscar Aguad. Foto: Presidencia de la Nación.
El Instituto Arturo Enrique Sampay denunció al presidente Mauricio Macri y otros cuatro funcionarios “por abuso de autoridad y administración fraudulenta”, por el acuerdo firmado entre Arsat y Hughes para la construcción y operación del tercer satélite argentino. La presentación lleva la firma, entre otros, del abogado Eduardo Barcesat, y apunta contra el Presidente; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ex ministro de Comunicaciones y actual titular de la cartera de Defensa, Oscar Aguad; el presidente de ARSAT, Rodrigo de Loredo, y su vice, Henoch Aguiar.
Por sorteo, la denuncia recayó en el juzgado Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas, con intervención del fiscal Guillermo Marijuan, quienes ya habían recibido una presentación similar realizada por un grupo de diputados opositores. En la presentación, los denunciantes advirtieron que “la hipotética existencia de un pre-contrato que tenga este objeto” debe contar con el “previo acuerdo del Congreso de la Nación Argentina”.
Los denunciantes solicitaron a la Justicia que “controle la legalidad del procedimiento para que se advierta, investigue y castigue esta conducta delictiva”.
Sostienen que la carta de intención suscripta entre ARSAT y Hughes, operada sin la autorización del Congreso, configura una hipótesis de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal), como así también un quiebre de la soberanía legislativa y jurisdiccional argentinas, (artículos 75 y 116 de la Constitución), y la consecuente lesión al deber de observancia de la supremacía de la Constitución Nacional (art. 36 de la Carta Magna).
El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que el acuerdo entre Arsat y la firma estadounidense Hughes para construir el satélite Arsat 3 permitirá “potenciar la capacidad tecnológica del país y en particular de la empresa Invap”, y sostuvo que, al asumir la Presidencia, el gobierno nacional encontró “serios problemas de comercialización” para los dos primeros satélites de la serie.
Sobre la denuncia de que la compañía se estaba privatizando, Macri explicó que se trata de una alianza estratégica con la empresa Hughes basada en la capacidad tecnológica, en el desarrollo hecho del Arsat 1 y 2. “Estamos buscando un socio estratégico que potencie la capacidad de INVAP y ARSAT, porque cuando llegamos encontramos serios problemas de comercialización en ARSAT 1 y 2, y no queremos repetir esa experiencia, de que lanzamos un satélite y está vacío”, dijo en diálogo con Radio Seis de Bariloche.
El titular de ARSAT, Rodrigo de Loredo, durante una actividad de campaña en Córdoba. Foto Twitter.
A su vez, durante una entrevista realizada en el noticiero PM de LN+, Rodrigo de Loredo, consideró que “esta asociación es perfectamente lícita” y afirmó que “de ninguna manera viola ley”.
“Así como hemos firmado contratos con Hughes, que son contratos confidenciales para empezar a estudiar las cargas útiles, hemos firmado con muchas empresas -dijo-. La verdad es que el gran desafío que tenemos es mostrarle al mundo entero que los argentinos podemos construir un satélite y podemos exportarlo, y [es positivo] que terceros interesados estén dispuestos a invertir en nuestro satélite con nuestro recurso humano y con nuestro producto nacional”.
Mientras que en una entrevista que le hizo ayer por la tarde Cadena 3, dijo que “ARSAT es una empresa pública, del Estado argentino, cumple objetivos públicos, y lo va a seguir siendo. Pareciera que quienes lo dicen tienen ganas que suceda. No se va a privatizar ARSAT, es absolutamente falso”, sostuvo.
FABRICACIONES MILITARES
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) alertó sobre el vaciamiento de Fabricaciones Militares (FM). El gremio denunció que “durante la gestión de Julio Martínez en el Ministerio de Defensa hubo 40 despidos, supresión de proyectos de producción y recortes presupuestarios”. El sindicato, que agrupa a la mayor parte de los trabajadores de FM, estimó además que esa línea de acción se profundizará con la llegada de Oscar Aguad a Defensa.
“En 18 meses se confirmaron los cierres del Proyecto Vagones, la suspensión de la continuidad del convenio con Invap para la fabricación de radares; la suspensión de la continuidad de convenio con YCRT para la fabricación de arcos para galerías y tubos de aireación para la ventilación, y no se renovó el convenio con Yamana para la provisión de servicios de voladura en la mina Gualcamayo”, denunció ATE.
Agregó también que “la gran mayoría de los proyectos conjuntos con el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef) fueron parados o discontinuados. Hay una inminente caída de facturación de $ 515 millones de pesos, con una pérdida de cerca de 700 puestos de trabajo”.
ATE denunció que el recorte en el sector, rondará los $ 8.929,3 millones de pesos al final de 2017.
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