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Argentina solicita suspender fallo que obliga a entregar acciones de YPF

Imagen Ilustrativa. (Foto: Gentileza Patagonia Shale).

El gobierno argentino presentó un escrito ante la justicia estadounidense para solicitar la suspensión del fallo de la jueza Loretta Preska, que obliga al país a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park, demandantes en el juicio por la expropiación de la petrolera en 2012.

La defensa argumenta que la decisión generaría “un daño irreparable” y solicita una suspensión provisoria mientras la Cámara evalúa una protección formal.

En el escrito, Argentina sostiene que Preska excedió su jurisdicción al emitir una orden que invade la soberanía del Estado. “No se puede ordenar algo a un Estado soberano, y las acciones son de imposible expropiación porque están registradas en la Caja de Valores”, señala el texto.

Turismo

Además, destaca que cualquier decisión sobre la expropiación de YPF requiere la aprobación del Congreso con una mayoría especial de dos tercios, según la Ley 26.741. “Esto no es un juicio comercial entre empresas, sino un caso que involucra a un Estado y su ordenamiento legal interno”, subraya.

El gobierno advierte que transferir las acciones podría tener “consecuencias irreparables” si los fondos las venden antes de resolverse la apelación. “No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, enfatizan los abogados, destacando que YPF es la principal empresa energética del país, con más de 23.000 empleados y un control garantizado por ley.

Epec

El proceso de apelación, que enfrenta demoras por la complejidad del caso, está siendo trabajado por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzaba Murphy, y el procurador General, Eduardo Casal.

Mackentor

Fuentes cercanas a la causa sugieren que una negociación con los fondos podría ser una vía, pero requeriría autorización del Congreso, donde el oficialismo enfrenta un escenario adverso. Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó el fallo como “jurídicamente inaplicable” en su cuenta de X, argumentando que contradice la ley argentina y desconoce la inmunidad soberana. “Las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles”, afirmó.

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