El gobierno provincial informó en la noche del jueves que “bajo la premisa de hacer eficientes los recursos humanos de los equipos de salud, se impulsan decisiones con el objetivo de mejorar el acceso a la salud de los cordobeses” y justificó las cesantías en “la baja productividad” del sector salud.
Adelanta que “para llevar adelante estas nuevas políticas el gobierno analiza nuevos marcos legales” y que para “la definición de estos nuevos marcos legales, el gobierno tiene la disposición de convocar a una mesa de diálogo con todos los actores del sistema sanitario”.
Los gremios del sector público han denunciado despidos de personal contratado del área de salud y otras dependencias del Estado. El secretario General del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) estimó este jueves que sólo en el sector salud, las bajas sería de entre 1500 y 2000 trabajadores.
Ahora, a través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Salud justificó las medidas en curso señalando que “en materia de ausentismo, por ejemplo, hay hospitales públicos donde el porcentaje supera el 60%, cuando en el sector privado ese ausentismo promedio es del 8%”.
Dice que “esta situación se traduce en una baja productividad contrastada con el sector privado. Por ejemplo, un médico en el sector privado atiende un promedio de 20 consultas diarias, mientras que en el ámbito público el promedio, en el año 2023, es de las 8,3 consultas diarias, según el registro de prácticas y consultas en la historia clínica electrónica”.
En ese marco, expresa que “al vencer una importante cantidad de contratos el pasado 31 de diciembre y bajo parámetros que tienen que ver con el ausentismo, productividad, justificación de inasistencias, desempeño y registro de la actividad médica en la historia clínica, se tomó la decisión de no renovar una parte de ellos y someterlos a evaluación”.
Advierte el texto de prensa que “estos parámetros de análisis se van a llevar también al ámbito del personal de planta permanente y monotributistas”.
Resalta también que “luego de la reunión mantenida por el Gobernador Martín Llaryora y el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, el pasado martes 26 de diciembre, con los directores de los 44 hospitales provinciales, la cartera sanitaria comenzó a implementar un nuevo mecanismo de evaluación de desempeño de los equipos de salud de cada nosocomio”.
Señala que “el gobierno entiende que los niveles de inversión que realiza en el área de Salud deben traducirse en una mejor calidad en la prestación del servicio” y afirma en duros términos, que “con este tipo de medidas se pretende poner en valor la enorme cantidad de buenos trabajadores, que se ven perjudicados por la actitud de quienes con su conducta irresponsable demuestran falta de compromiso para con los pacientes”.
Luego reseña que “todo esto (se produce) en un contexto salarial donde los trabajadores de la salud pública son objeto de un reconocimiento que los pone por encima de los trabajadores públicos estatales y privados. Para dar un ejemplo de ello, en el mes de diciembre un residente en el sector privado cobró $375 mil, promedio. Mientras que en el sector público su salario en el mismo período fue de $854 mil (básico más aguinaldo)”.
Finalmente destaca que “en el caso de una enfermera que trabaja en el sector público, su nivel salario en el mes de diciembre supera en un 25% a una persona que cumple la misma función en el ámbito privado”.
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