El Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba (SEP) convocó para este martes 9 de enero, a las 10:00, a actos de protesta y una movilización por las calles de Córdoba Capital, que partirá de la sede sindical, en la calle Corro. La medida es en reclamo de la reincorporación de los trabajadores despedidos por el gobierno provincial. La marcha, que cuenta con el apoyo del resto de los gremios estatales, llegará hasta la sede la Pastoral Social de la Iglesia Católica, donde el delegado de ese organismo eclesiástico, Munir Bracco, recibirá los dirigentes gremiales. El encuentro cuenta con la autorización del arzobispo, Ángel Rossi.
“Nosotros estamos pidiendo que todos los compañeros y compañeras sean restituidos en sus tareas. Le envié una nueva nota al gobernador Martín Llaryora, para que se conforme una mesa de diálogo y podamos analizar caso por caso. También solicitamos la intervención de la Secretaría de Trabajo para que convoque a las partes”, explicó el dirigente gremial a ENREDACCIÓN.
El secretario General del SEP, Sergio Castro. (Foto: Gentileza).
Las cesantías alcanzan a todas las áreas del Ejecutivo, pero sobre todo al sector salud. El ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, que proviene del sector de prestadores privados de la salud, luego de una reunión mantenida con los directivos de los 44 hospitales provinciales, había justificado los despidos en “la baja productividad” del sistema de salud público.
El gobierno provincial también despidió a representantes gremiales. Puntualmente a un dirigente y dos delegados del gremio estatal, un delegado de ATSA -Sanidad-, un directivo de Músicos y otro integrante de la comisión directiva de Viales de Córdoba -SIVIALCO-.
La movilización del SEP cuenta con la adhesión de SELC (Legislativos); UEPC (Docentes); SUOEM (Municipales de Córdoba Capital); ACEC (Casinos); Judiciales; Lotería, Sindicato Regional de Luz y Fuerza; UPS (Personal Superior), Músicos; APSE; Federación de Municipales; ADEME; Asociación Bancaria; Sadop; AMET; Gráficos; Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba; SIVIALCO (Viales); ATSA; y SIPOS (Obras Sanitarias).
En un documento dado a conocer por las organizaciones gremiales, rechazan “la baja masiva e indiscriminada de contratos desatada por el gobierno provincial y exigen que respete la tutela sindical”.
Dice, además, que “la mayoría de los contratos dados de baja tienen hasta cuatro años de antigüedad y un número importante ha pasado a contrato en el último año después de haber revistado bajo diversas formas precarias de contratación durante períodos de hasta doce años consecutivos, hecho denunciado de manera permanente por los gremios”. Y agrega que esta práctica “viola claramente la legislación laboral”.
Señala que “esta inaceptable actitud del Gobierno Provincial, en línea con las políticas de ajuste aplicadas por el Gobierno Nacional, se suma al último aumento en los aportes jubilatorios, al APROSS e impuestos provocando un “saqueo” sobre los erosionados salarios, profundizando los efectos de la inflación y aumentos de tarifas”.
Si bien el núcleo del planteo apunta contra los despidos y el reclamo para que “se respete en forma irrestricta la tutela sindical de los representantes gremiales”, los estatales exigen “el cumplimiento del acuerdo salarial vigente hasta el 31 de enero”. El gobierno había firmado en la paritaria de septiembre último, un acuerdo que reconocía la inflación de diciembre de 2023, pero el gobernador Martín Llaryora, denunció este tramo del convenio. Está en discusión un incremento que se debería ubicar entre 25 y 30 por ciento, de acuerdo a las estimaciones sobre la inflación del último mes del año.
También exigen “la urgente firma del decreto de continuidad de la suspensión del diferimiento en el cobro de los aumentos para las y los jubilados provinciales”; rechazan “los aumentos de los aportes a la Caja de Jubilaciones y la APROSS”; y exigen en el APROSS, “el cumplimiento del acta firmada el 10 de noviembre último, solicitando se lleven adelante las auditorías pertinentes y se ponga un freno a los copagos excesivos, especialmente en el interior de la provincia; así como también se efectivice lo comprometido en relación al funcionamiento del Hospital Ferreyra”.
QUÉ DIJO EL GOBIERNO
El gobierno de la provincia había dicho el martes 2 de enero pasado que todos los trabajadores con “contratos de servicios” en la Administración Pública fueron dados de baja a partir del 31 de diciembre. La información fue dada a conocer por el secretario General de la Provincia, David Consalbi, a través de un comunicado de prensa.
Decía el comunicado oficial que “la Secretaría General de la Gobernación informa que el pasado 31 de diciembre de 2023 vencieron los contratos de servicios de agentes que se encontraban vinculados en el ámbito de la Administración Pública Provincial”.
Agregaba que “esta clase de contratos tiene vigencia por un tiempo determinado y posee fecha de caducidad, por el cual su término opera de pleno derecho y no debe sorprender a quienes se encontraron vinculados por este instrumento”.
También señalaba que “los responsables de cada jurisdicción evaluarán en su nueva estructura orgánica la necesidad del área y aquellos servicios que se consideren indispensables serán objeto de análisis”.
Sin embargo, en la noche del jueves 4, a través de un nuevo comunicado de prensa, el Ejecutivo expresó que “bajo la premisa de hacer eficientes los recursos humanos de los equipos de salud, se impulsan decisiones con el objetivo de mejorar el acceso a la salud de los cordobeses” y justificó las cesantías en “la baja productividad” del sector salud.
EL ESCENARIO
La medida es un nuevo capítulo del ajuste de las cuentas provinciales que puso en marcha el gobernador Llaryora pese a que la administración del ex gobernador Juan Schiaretti anunció que había dejado recursos en caja por valor de 932 millones de dólares.
El último miércoles de 2023, la Legislatura provincial aprobó una suba del 2% a los aportes de la Caja de Jubilaciones, con opción a otro porcentaje igual; y del 1% para el Apross -la obra social estatal-. La misma iniciativa faculta al Apross a establecer un aporte solidario regular y a constituir un fondo complementario con el aporte mensual de los afiliados y beneficiarios para atender enfermedades emergentes, tratamientos prolongados, prácticas y tecnologías innovadoras.
Por otro lado, si bien la Provincia pagó en diciembre el incremento inflacionario de 12,9% del mes de noviembre de 2023, en línea con la paritaria salarial firmada en septiembre de 2023, desconoció el acuerdo en lo relativo a la inflación de diciembre de 2023. Según distintas consultoras económicas, el IPC de diciembre podría llegar a un incremento de entre 25 y 30%. El informe mensual del Centro de Almaceneros de Córdoba midió en diciembre, en Córdoba, una inflación de 30,4%. Es el primer dato en ese sentido. Mientras que la Dirección de Estadísticas de CABA anunció este lunes, que el IPC del último mes del año en la capital argentina fue de 21,1%. Ahora, el Gobierno convocaría a los sindicatos del sector público a una nueva negociación a partir del 15 de enero próximo.
El ajuste provincial es un coletazo del plan económico del gobierno nacional. La devaluación del peso de 119% en diciembre pasado, desató una fuerte escalada inflacionaria por la veloz traslación del dólar a precios internos. A ello, se agregaron las fuertes medidas de ajuste del gasto público nacional y la eliminación de la obra pública y de las transferencias a las provincias.
Este conjunto de políticas se suma a la disminución de los giros coparticipables al conjunto de los distritos por la eliminación del impuesto a las Ganancias de cuarta categoría a los trabajadores y la eximición del pago del IVA a productos de la canasta básica, disposiciones resueltas por el anterior gobierno nacional de Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa. La disminución de los envíos correspondientes a estos dos impuestos alcanza en Córdoba a los 7 mil millones de pesos mensuales.
El PJ provincial negoció la llegada de Osvaldo Giordano a la ANSES y Franco Mogetta a la Secretaría de Transporte buscando darle volumen político y sostén territorial al nuevo Gobierno. El PJ provincial negoció la llegada de Osvaldo Giordano a la ANSES y Franco Mogetta a la Secretaría de Transporte buscando darle volumen político y sostén territorial al nuevo Gobierno. Al igual que el Pro liderado por el ex presidente, Mauricio Macri, y el partido del gobernador salteño, Gustavo Sáenz, forman parte del gobierno nacional. Se trata de una alianza de “baja intensidad”.
En ese marco, los legisladores nacionales que responden al ex gobernador, Juan Schiaretti, y a Llaryora, los dos principales dirigentes del PJ cordobés, darían apoyo, en general, a la Ley Ómnibus que envío el gobierno nacional al Congreso, aunque rechazarán el capítulo referido a retenciones. Mientras que este lunes, junto a otras provincias, iniciaron negociaciones con el gobierno nacional para modificar el tramo referido a la producción y uso de biocombustibles.
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