El concejal de Encuentro Vecinal Córdoba, Juan Pablo Quinteros, pidió la concurrencia del secretario de Salud municipal, Ariel Aleksandroff, para que “informe si la calidad del agua suministrada por Aguas Cordobesas, a través de la Planta Suquía, representa un riesgo para la salud pública de los vecinos de la Ciudad de Córdoba”.
También reclamó que comparezcan ante el Concejo Deliberante los funcionarios a cargo de la representación del municipio capitalino (desde enero 2020 a cargo de la concesión) en las mesas tarifarias que se implementan según el contrato vigente.
Quinteros explicó que “el pedido surge por la incertidumbre a partir de la denuncia penal presentada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Córdoba donde se acompañan resultados de presencia de un grupo de toxinas denominada “microcistinas” que superan los límites de referencia”.
Estos análisis fueron realizados por el Centro de Investigaciones Medioambientales perteneciente a la Universidad Nacional de la Plata bajo un protocolo certificado por escribano público.
Dice el comunicado de Quinteros que “el efecto tóxico de las microcistinas se deriva de la potencial inhibición de las fosfatasas, asociado a un importante daño en el hígado.
Sigue diciendo que “como respuesta a la gravísima denuncia penal, tanto desde Aguas Cordobesas como desde el ERSeP (Ente Regulador de Servicios Públicos) informaron que el agua que toman los vecinos de la Ciudad de Córdoba cumple con los parámetros de calidad establecidos en el contrato de concesión y los utilizados en otras jurisdicciones. El ERSeP informó que los estudios son efectuados por el Centro de Investigaciones en Química Aplicada (CIQA) dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)”.
El edil afirmó que “los vecinos que pagan la tarifa de agua más cara del país, deben tener un servicio de excelente calidad. Queremos determinar cuál de los estudios contrastados, que pertenecen a dos Universidades Nacionales, es el que está en lo cierto. Hasta el momento esta controversia genera muchísimas más dudas que certezas. No se trata de un problema de interpretación cualitativo, resulta estrictamente cuantitativo. El tema adquiere relevancia porque de lo que estamos hablando es de un tema que afecta de manera directa la salud pública, por ello mientras la denuncia penal sigue su curso, los funcionarios municipales deben garantizar, ante el Concejo Deliberante, que no existe riesgo para la salud de los usuarios”.
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