El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, sugirió este jueves que hubo connivencia del personal de seguridad del palacio presidencial de Planalto para con los manifestantes golpistas que ingresaron allí el domingo, por lo que prometió una “revisión” en el área, mientras las investigaciones por los ataques buscaban avanzar hacia el bloqueo de fondos a financistas del movimiento y sobre la conducta de tres diputados.
La ofensiva de la jornada se desplegó en tres instancias: por un lado, la Abogacía General de la Unión (AGU) pidió congelar bienes de 52 personas físicas y siete personas jurídicas responsables de alquilar colectivos para llevar a los manifestantes; por el otro, la Fiscalía solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) investigar a tres legisladores bolsonaristas, y Lula anunció una “revisión” del personal del Palacio del Planalto tras especular con la “ayuda interna” de parte de militares y policías.
En un desayuno con periodistas, Lula expresó su convicción de que los militantes bolsonaristas tuvieron el domingo “ayuda interna” gracias a la “connivencia” de “muchos” policías y militares que trabajan en edificios públicos, por lo que adelantó una “revisión profunda” de la seguridad de algunas áreas.
“Estoy convencido de que la puerta del Palacio de Planalto fue abierta para que las personas entraran, porque no hay puertas rotas”, dijo el mandatario. “Significa que alguien les facilitó la entrada aquí”, agregó.
Casi 2.000 personas fueron detenidas después de las manifestaciones, y 1.159 permanecían recluidas tras ser interrogadas, de acuerdo con el último parte oficial.
Durante la violenta movilización los manifestantes saquearon oficinas y destruyeron invaluables obras de arte en su arremetida contra los edificios que albergan la Presidencia, el Congreso y la corte suprema, en reclamo de un golpe de estado contra el gobierno de Lula, con apenas una semana de gestión.
“Vamos a investigar con calma para ver qué ocurrió de verdad”, insistió el presidente, y ratificó que su administración buscará “corregir (la situación), para colocar (en los edificios públicos) funcionarios de carrera, de preferencia civiles, o que estaban antes aquí o que fueron suspendidos, para que esto se transforme en un gabinete civil”.
Lula también aprovechó la presencia de la prensa para respaldar al ministro de Defensa, Jose Múcio, tras las críticas de sectores del Partido de los Trabajadores (PT) gobernante y otros afines al Gobierno por supuestamente infravalorar las protestas.
“Él va a continuar siendo mi ministro porque confío en él”, declaró Lula, que advirtió: “Si tuviera que cambiar ministros cada vez que cometen un error sería la mayor rotación de mano de obra de la historia de Brasil”.
Según la prensa brasileña, Lula ya le hizo saber estos días al ministro de Defensa su malestar por la supuesta displicencia que habría mostrado con las protestas que derivaron en el asalto a las sedes de los tres poderes.
El ministro de Justicia, Flavio Dino, manifestó públicamente que confía en que desde Defensa se analice por qué el Gabinete de Seguridad Institucional no actuó como correspondía. “Quiero creer que esa investigación ocurrirá”, manifestó.
En tanto, la AGU pidió congelar bienes por 6.539.100 reales (algo más de 1,2 millones de dólares) de quienes pagaron el alquiler de los transportes y ahora deben “responder por los vandalismos junto con quienes cometieron los hechos violentos”, explicó el Procurador General, Jorge Messias.
La cifra es apenas un valor inicial, en base a las estimaciones de gastos por daños del Senado y de Diputados, y sin contabilizar todavía lo del palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal.
La lista de eventuales afectados por el bloqueo fue elaborada con el apoyo de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT).
“La aglomeración de personas con fines no pacíficos solo fue posible gracias a la financiación y las acciones de las personas enumeradas, y cabe señalar que tales personas tenían plena conciencia de que el movimiento podía provocar el hecho como hemos visto, por lo que la responsabilidad civil es una medida que se impone en solidaridad con quienes más daño causaron”, explicó la AGU, según la estatal agencia Brasil.
Por otro lado, la Fiscalía puso el ojo sobre tres legisladores bolsonaristas por “incitar a actos antidemocráticos”, a partir de un pedido en ese sentido de las bancadas parlamentarias de los partidos de los Trabajadores (PT) y Socialismo y Libertad (PSOL).
En un comunicado, el Ministerio Público pidió al STF que investigue a los parlamentarios André Fernandes, Silvia Waiapi, los dos del Partido Liberal (PL) -la formación del expresidente Jair Bolsonaro- y a Clarissa Tércio, del conservador Partido Progresista, informó el portal brasileño de noticias Metropole. Los tres son sospechosos de “incitar actos de violencia y vandalismo” a través de “publicaciones en redes sociales”.
Dos días antes del ataque del domingo, Fernandes publicó un video en Twitter anunciando el “primer acto contra el gobierno de Lula”, que ocurriría durante el fin de semana, además de una foto de la puerta destrozada de la oficina del juez Alexandre de Moraes.
Tércio, el día del asalto, difundió un video en Instagram en el que azuzaba a los bolsonaristas. “Acabamos de tomar el poder, estamos dentro del Congreso, toda la gente está aquí arriba, esto pasará a la historia, la historia de mis nietos, mis bisnietos”, afirmó en esa red social.
Y Waiapi, una legisladora muy cercana a Bolsonaro, promovió los actos a través de publicaciones en Instagram también el día de la intentona golpista.
“¡La gente toma la Explanada de los Ministerios este domingo! Toma del poder por el pueblo brasileño descontento con el gobierno rojo”.
Aunque algunas publicaciones de ese tenor se repitieron en la semana, esta vez anónimos, la convocatoria para ayer a nuevas manifestaciones fracasó y fueron casi nulas, más allá del enorme refuerzo de la seguridad que dispuso el Gobierno.
> Con información de TÉLAM.
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