La Justicia suele moverse más despacio que una “tortuga”. Es la experiencia que sufren en carne propia Enrique y Verónica Soledad Díaz Maldonado, denunciantes de un caso que tuvo su primer capítulo el 13 de agosto de 2014 y que aún, 7 años y cinco meses más tarde, está en las preliminares. Recién el pasado 28 de diciembre, el fiscal Alejandro Peralta Otonello admitió a Enrique como querellante en una causa penal en la que cuestionan la venta fraudulenta de un terreno por parte de la intendencia de Toledo, una localidad del Gran Córdoba. La propiedad en cuestión perteneció originalmente a su abuelo Saúl Maldonado, fallecido 32 años antes, y del cual, los dos, son legítimos herederos.
Peralta Otonello investiga aquí la existencia de una presunta “estafa procesal”. En la resolución en favor de Díaz Maldonado expresa que “(…) los hechos investigados en los presentes actuados tuvieron su inicio por denuncia de un hecho cuya calificación legal prima facie sería en el delito de estafa procesal, y teniendo el peticionante el carácter de “ofendido penal”. En este sentido, es importante destacar que en la estafa procesal hay un desdoblamiento entre la víctima del fraude y el ofendido por la defraudación. La víctima es el juez, y el ofendido por la defraudación es la persona a la que afecta la sentencia o resolución judicial dispositiva de la propiedad (en este caso no es otra que la sentencia ejecutiva)”. Traducido, el delito consiste en engañar tanto al juez que legitimó el remate como al afectado que –en este caso- perdió un terreno (Díaz Maldonado).
Agrega sobre el particular, que “si bien (…) estamos en presencia de un delito contra la propiedad y no contra la administración pública, lo cierto es que tiene un entramado triangular complejo, en el cual, como se dijo, el sujeto pasivo víctima es el juez a quien se hace incurrir en error mediante pruebas fraudulentas, mientras que el perjudicado patrimonial y por lo tanto ofendido penal es el sujeto demandado ejecutado”.
Díaz Maldonado cuenta, en la parte penal, con el patrocinio legal del abogado Eliseo Videla; y, en la civil, del abogado Tomás Vega Holzwarth. En la civil, tanto Enrique como Soledad solicitaron en marzo de 2019 la nulidad de todo lo actuado.
QUÉ PASÓ
“Un día de 2014 estaba leyendo el diario La Voz del Interior, y para mi sorpresa veo un aviso diciendo que habían rematado un terreno que había sido de mi abuelo Saúl”, cuenta a ENREDACCIÓN, Enrique Díaz Maldonado, su nieto y heredero de la propiedad junto a su hermana Verónica Soledad Díaz Maldonado. La subasta del lote 5 de la manzana 2, de 14 metros de frente por 60 metros de fondo, con una superficie de 840 metros cuadrados, sobre la Avenida República del pueblo de Toledo, se realizó el día 13 de agosto de 2014.
Según consta en los registros, la propiedad fue vendida en 160 mil pesos y el comprador fue Walter José Bucheme, uno de los involucrados en “la trenza de los remates judiciales”. Bucheme lo adquirió en representación de su esposa Miriam Elizabeth Santillán, quien luego se “lo habría vendido” a una ciudadana china, con domicilio en la ciudad de San Miguel, en el Gran Buenos Aires, por un valor de 200 mil pesos. Hasta el día de hoy nunca pudo ser encontrada la supuesta compradora, lo que agrega un nuevo interrogante al caso.
Enrique Díaz Maldonado señala además, que “el escribano de la operación fue otro de los acusados de esa misma causa (la “trenza de los remates judiciales”), Luis María Gontero Cornavaca”.
El intendente de la localidad de Toledo, Víctor Hugo Toledo.
El intendente denunciado es peronista. Se llama Víctor Hugo Toledo y es jefe comunal desde 2007. El pueblo tiene alrededor de 5 mil habitantes y está ubicado a unos 16 kilómetros de la capital cordobesa. Toledo llegó a intendente por el kirchnerista Frente para la Victoria (FpV) y se mudó a Unión por Córdoba (UxC) desde 2011 y Hacemos por Córdoba en 2019 (HxC), las dos marcas de fantasía de las alianzas del PJ cordobés.
Toledo fue a su vez un dirigente cercano al ex intendente de Alta Gracia, Walter Saieg (PJ), jefe territorial de esta región del Gran Córdoba hasta hace pocos años. En la actualidad, Saieg ha perdido buena parte de esa influencia y se encuentra en disputa con los hermanos Torres, que lo sucedieron al frente de la comuna de Alta Gracia, y desde donde uno de ellos, Facundo, llegó en 2019 a la titularidad del Ministerio de Gobierno de la provincia.
Además de Toledo fueron denunciados los secretarios de Gobierno municipales que habrían intervenido en el caso; Marcelo René Márquez y Oscar Nicolas Rivarola.
Lo cierto, es que Saúl Maldonado, el propietario original de la propiedad, falleció el día 31/12/1982. A él, el intendente Toledo le hizo juicio en 2014 y le remató el terreno.
Saúl Maldonado, el tercero de los sentados desde la izquierda. (Foto: Gentileza Familia Díaz Maldonado).
“Mi abuelo Saúl fue uno de los fundadores de la Cooperativa de Agua y Servicios Públicos de Toledo en 1945, cuando compró tierras en la localidad, pensando que iba a ser un pueblo próspero porque pasaba el ferrocarril. Después fue falleciendo toda la familia y quedamos como únicos herederos mi hermana y yo”, relata Enrique sobre el lejano comienzo de este caso.
“Compró muchos lotes y se fueron vendiendo a lo largo del tiempo, hasta que quedó un remanente de 12, de los cuales, uno de los dos que daba a la ruta 9 (la avenida República) es el que la Municipalidad remata”, sigue explicando.
Vega Holzwarth explica que “desde el año 2012 (o incluso antes) (Toledo) está al tanto del fallecimiento del demandado en autos. Se acompaña CD nº 246341528 en donde se notifica a la Municipalidad de Toledo la existencia de este extremo. (…) Por otra parte, existe una presentación documentada ante la misma Municipalidad de Toledo que data del año 2004 en donde el administrador, en ese entonces, de la sucesión del hoy demandado (Enrique Díaz Maldonado), manifiesta ante el municipio de Toledo que lo sustituye en el pago de diferentes deudas municipales”.
Matilde Campanile de Maldonado, Saúl Maldonado y Selva Maldonado, una de las hijas.
¿En qué momento se inician las dificultades con la intendencia?, le preguntó ENREDACCIÓN a Díaz Maldonado.
Cuando quedamos a cargo con mi hermana, nosotros seguimos pagando impuestos y haciendo trámites sin problemas. Incluso, recibo el plan de pago por deudas vencidas de la municipalidad de Toledo, en mi actual domicilio, el 27 de abril de 2004. Pero más allá de eso, este domicilio es el mismo de mi papá, y dónde siempre habíamos recibido todo. Tenemos hasta el mismo número de teléfono fijo. Las dificultades empezaron cuando asumió Toledo como intendente (2007). Con el anterior intendente hasta hablé en varias oportunidades, pero con este hombre no había caso. Como entre 2010 y 2011 no nos dejaban pagar los impuestos, en 2012 le envié una carta documento por Correo Argentino (N° CD246341528, con acuse de recibo dirigida a la Municipalidad de Toledo) reclamando para poder pagar.
¿Por qué se pudo hacer el remate del terreno en 2014? ¿Cómo pudieron hacerlo, estando su abuelo fallecido y usted y su hermana, que eran los herederos, al margen del expediente de subasta?
El intendente Toledo y el juez de Paz, de apellido Villarreal, certifican que Saúl Maldonado vivía en calle Rivadavia s/n, que no tenía DNI y que era indigente. A ese “supuesto Saúl Maldonado” le inician el proceso para poder hacer la ejecución y la subasta se produce finalmente en 2014.
>> QUÉ ES LA TRENZA DE LOS REMATES JUDICIALES
El fiscal Enrique Gavier fue quien elevó a juicio la primera parte de la causa, acusando de asociación ilícita, entorpecimiento funcional y coacción, todo en el marco de las subastas en los tribunales provinciales.
Puntualmente, la llamada “La trenza” era una organización ilegal que presionaba a oferentes y martilleros para manejar el precio de los bienes subastados.
Dentro de ese esquema, Bucheme y Ernesto Ariel Cuestas fueron señalados como presuntos jefes de la banda delictiva. Con ellos, figuran otros 19 imputados, entre ellos, el escribano Gontero Cornavaca.
>> COBERTURA
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