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Denuncian que intendente cordobés habría certificado que un muerto vivía para poder rematarle un terreno

Denuncian que intendente cordobés habría certificado que un muerto vivía para poder rematarle un terreno

“Un día de 2014 estaba leyendo el diario La Voz del Interior, y para mi sorpresa veo un aviso diciendo que habían rematado un terreno que había sido de mi abuelo Saúl”, cuenta a ENREDACCIÓN, Enrique Díaz Maldonado, su nieto y heredero de la propiedad junto a su hermana Verónica Soledad Díaz Maldonado. La subasta del lote 5 de la manzana 2, de 14 metros de frente por 60 metros de fondo, con una superficie de 840 metros cuadrados, sobre la Avenida República del pueblo de Toledo, se realizó el día 13 de agosto de 2014.

Según consta en los registros, la propiedad fue vendida en 160 mil pesos y la compradora resultó Miriam Elizabeth Santillán, quien sería la esposa del imputado en el caso de “la trenza de los remates judiciales”, Walter José Bucheme. Díaz Maldonado señala además, que "el escribano de la operación fue otro de los acusados de esa misma causa, Luis María Gontero Cornavaca".

Enredacción-Te contamos

El intendente denunciado es el peronista Víctor Hugo Toledo, jefe comunal desde 2007, de este pueblo de alrededor de 5 mil habitantes, ubicado a unos 16 kilómetros de la capital cordobesa. Toledo llegó a intendente por el kirchnerista Frente para la Victoria y se mudó a Unión por Córdoba desde 2011 y Hacemos por Córdoba en 2019, las alianzas del PJ cordobés.

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Además de este terreno, los hermanos Díaz Maldonado tenían otros once de su propiedad, allí en Toledo, a punto de ser vendidos por la misma vía, pero que las presentaciones pósteriores a esa primera puja judicial, terminaron abortando.

En marzo de este año, con el patrocinio del abogado Tomás Vega, solicitaron a la Justicia la nulidad de todo lo actuado, “incluida la subasta, haciendo extensiva la nulidad a todas las causas donde se haya demandado a Saúl Maldonado y Saúl Delfor Maldonado (tío de los hermanos)” y recuperar el patrimonio perdido.

Fundamentan el pedido, en que el proceso judicial para realizar la subasta fue realizado contra una persona fallecida el 31 de diciembre de 1982, es decir tres décadas antes de la operación impugnada que data del 13 de agosto de 2014.

La causa quedó a cargo de la fiscal Patricia Baulies y los denunciados por “estafa procesal” son el intendente, Víctor Hugo Toledo, los secretarios de Gobierno municipales que habrían intervenido en el caso, Marcelo René Márquez y Oscar Nicolas Rivarola; los martilleros Carlos Alfredo Pérez y Walter José Bucheme; y Miriam Elizabeth Santillán.

También fue presentada una denuncia penal, que patrocina el abogado Eliseo Videla.

Matilde Campanile de Maldonado, Saúl Maldonado y Selva Maldonado, una de las hijas. (Foto: Gentileza familia Díaz Maldonado).

LA HISTORIA

“Mi abuelo Saúl fue uno de los fundadores de la Cooperativa de Agua y Servicios Públicos de Toledo en 1945, cuando compró tierras en esa localidad, pensando que iba a ser un pueblo próspero porque pasaba el ferrocarril. Después fue falleciendo fueron toda la familia y quedamos como únicos heréderos mi hermana y yo”, relata Enrique sobre el lejano comienzo de este caso.

“Compró muchos lotes y se fueron vendiendo a lo largo del tiempo, hasta que quedó ese remanente de 12, de los cuales, uno de los dos que daba a la ruta 9 (la avenida República) es el que la Municipalidad remata”, sigue contando.

¿Dónde vivía su abuelo?

En Córdoba, en barrio General Paz. En Toledo tenía una casa quinta a la que iba los fines de semana.

¿Cuándo muere Saúl Maldonado, su abuelo?

El 31 de diciembre de 1982. Luego va muriendo el resto de la familia hasta que el 15 de mayo de 1998 queda como administrador judicial mi papá, Enrique José Díaz Tillard. Luego mi hermana y yo quedamos como sus herederos.

¿En qué momento se inician las dificultades con la intendencia?

Cuando quedamos a cargo con mi hermana, nosotros seguimos pagando impuestos y haciendo trámites sin problemas. Incluso, recibo el plan de pago por deudas vencidas de la municipalidad de Toledo, en mi actual domicilio, el 27 de abril de 2004. Pero más allá de eso, este domicilio es el mismo de mi papá, y dónde siempre habíamos recibido todo. Tenemos hasta el mismo número de teléfono fijo. Las dificultades empezaron cuando asumió Toledo como intendente. Con el anterior intendente hasta hable en varias oportunidades, pero con este hombre no había caso. Como entre 2010 y 2011 no nos dejaban pagar los impuestos, en 2012 le envié una carta documento por Correo Argentino (N° CD246341528, con acuse de recibo dirigida a la Municipalidad de Toledo) reclamando para poder pagar.

Ver también

¿Por qué se pudo hacer el remate del terreno en 2014? ¿Cómo pudieron hacerlo, estando su abuelo fallecido y usted y su hermana, que eran los herederos, al margen del expediente de subasta?

El intendente Toledo y el juez de Paz, de apellido Villarreal, certifican que Saúl Maldonado vivía en calle Rivadavia s/n, que no tenía DNI y que era indigente. A ese “supuesto Saúl Maldonado” le inician el proceso para poder hacer la ejecución y la subasta se produce finalmente en 2014.

¿Quién es el comprador?

Intervienen los de “la trenza de los remates” y la compradora es la esposa de Bucheme, Miriam Elizabeth Santillán, que a su vez se lo vende a una mujer de apellido chino que vive en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires por un monto de 200 mil pesos. No hemos podido dar con ella, no sabemos si existe o no. Aparentemente, según los registros, quedó un remanente en una cuenta del Banco Provincia de Córdoba, sucursal Río Segundo, pero de lo que hemos averiguado, no existe esa cuenta.

QUÉ ES LA TRENZA DE LOS REMATES JUDICIALES

El fiscal Enrique Gavier fue quien elevó a juicio la primera parte de la causa, acusando de asociación ilícita, entorpecimiento funcional y coacción, todo en el marco de las subastas en los tribunales provinciales.

Puntualmente, la llamada “La trenza” era una organización ilegal que presionaba a oferentes y martilleros para manejar el precio de los bienes subastados.

Dentro de ese esquema, Bucheme y Ernesto Ariel Cuestas fueron señalados como presuntos jefes de la banda delictiva. Con ellos, figuran otros 19 imputados, entre ellos, el escribano Gontero Cornavaca.

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