Solo en algún mundo ficticio, en algún reino del revés como el que supo imaginar María Elena Walsh, quitar derechos representa un mejor vivir para la población.
Parece que ahora (o desde siempre), desde algunos sectores se intenta impulsar la idea de que hay que vivir peor, despojarse del resguardo jurídico y de los Convenios Colectivos de Trabajo para estar mejor; como si antes de la bonanza y la igualdad, es necesario pasar por un purgatorio miserable de supervivencia.
Sabemos que muchos empresarios de los sectores económicos concentrados, a través de sus marionetas políticas intentar flexibilizar las condiciones de trabajo en la Argentina, jugando con la crisis de desempleo que hoy vivimos y bajo la promesa que son los derechos el impedimento real de que haya más trabajo.
No es la primera vez que el discurso flexibilizador ocupa pantalla en los grandes medios y alimenta el primetime para distraernos y luego salir con otra cosa; en este paso para quizás alimentar el voto de cierta parte del electorado, que claramente confundidas, se convenzan que esta medida puede resultar positiva.
La nueva intención de algunos sectores políticos en anular las indemnizaciones para los trabajadores registrados. Ya hay un proyecto de ley que fue presentado esta semana por Martín Lousteau, porque por algo deben empezar.
Esto representa un notable retroceso a los derechos laborales de las y los trabajadores, los mimos que vienen pagando y aguantando la crisis desde hace años, con una clara perdida del salario real en los últimos años.
Resulta miserable pensar que retrotraer las condiciones de trabajo a principios del siglo XX es avanzar hacia la Argentina que queremos. Mucho de los que hoy se pasean por los estudios de televisión pregonando la necesidad de esta ley, son los que se opusieron al impuesto a las grandes fortunas; impuesto que solo pagarían un grupo minúsculo de la población que posee tanto capital económico que es desconocido por ellos mismos. Además, vale aclarar que el pago sería extraordinario a raíz de la pandemia vigente que agudizó la crisis económica. Hoy esta judicializado y vaya a saber si en este país donde la justicia depende del poder que se tenga llega a fallar para que se efectúe.
Como siempre algunos defienden los intereses de unos pocos, la ambición desmedida y la desigualdad imperante.
Aquí estamos los trabajadores organizados, para velar por los derechos de todos y todas. Porque quitar derechos no es progreso, no es avanzar, no es ser un país más igualitario. Quitar derechos es motivo para que salgamos a luchar y defender lo que tanto nos ha costado conseguir. La política debe resolver que todos accedamos a esos derechos, no eliminarlos para que el desamparo sea de todos.
Por Máximo Brizuela, secretario General del Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF).
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