La Federación de Bioquímicos de Córdoba (Febico) denunció que la mayoría de las obras sociales y empresas de medicina pre-paga no cubren las pruebas diagnósticas y epidemiológicas para COVID-19. Dentro de ese grupo, se encuentran el PAMI y APROSS.
La entidad que agrupa a los bioquímicos de la provincia agrega que “generan en muchos casos la imposibilidad de realización de estas prácticas a gran parte de la población, cuando se les solicitan para cumplir protocolos pre-quirúrgicos aplicados por clínicas y sanatorios o para tramitar permisos de ingreso a otras provincias por razones laborales o de salud”.
El titular de FEBICO, Carlos Navarro, dijo que “por esta carencia de cobertura y por los elevados costos que implica la realización de las pruebas para diagnóstico (rtPCR –SARS-COV-2) solo se realizan a pacientes que cuentan con los recursos necesarios, pero también puede ocurrir que las muestras se deriven al Laboratorio Central cuando, en la práctica, debieran ser procesadas en los laboratorios pertenecientes a las redes contratadas por las obras sociales y las prepagas”.
Navarro aseguró que “hay obras sociales o prepagas que estarían falseando una ficha epidemiológica para que el laboratorio central procese gratuitamente las muestras y así evitarse afrontar los costos de realización de los estudios”.
Detalla Navarro que “el laboratorio central procesa las muestras por el COVID-19 sólo en estos tres casos: Pacientes sintomáticos; contactos estrechos de casos positivos; y personal de salud sintomático que cumpla sus funciones en área COVID con autorización del director de la institución donde desempeña sus funciones”.
Advierte el bioquímico que “el no cumplimiento de estos criterios de admisión de muestras y la falsedad de la información proporcionada en la ficha epidemiológica, constituyen un delito en el que podrían incurrir aquellos que las confeccionan”.
El nomenclador nacional establecer que el análisis PCR tiene un valor de 150 unidades y el costo medio de cada unidad es de 50 pesos, por lo que un diagnóstico de COVID-19 tiene un valor aproximado de 7500 pesos.
Los bioquímicos reclaman tomar las muestras y derivarlo a los diez centros privados de procesamiento que existen en la provincia. “Aumentaría la capacidad de efectuar diagnósticos y reduciría las posibilidades de contagio, al tener que desplazarse muchos pacientes enfermos a los lugares donde se realiza el estudio”, explicó Navarro a este medio.
Finalmente, señaló que ya solicitaron al PAMI –obra social de los jubilados- y Apross –obra social de los empleados públicos- la realización de un convenio que habilite esta práctica.
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