Resulta grave escuchar a sectores políticos que endeudaron gravemente al pueblo argentino, sostengan mentiras como que con la intervención de la empresa Vicentín, el país va hacia regímenes dictatoriales y que sacarán a las personas sus propiedades.
Los medios hegemónicos de prensa ocultan que, en la historia argentina, ha sucedido muchas veces a la inversa de lo que se dice. Los grandes capitales privados fueron los que confiscaron los dineros públicos de los argentinos y nos trasladaron, inaceptablemente, deudas y responsabilidades. Eso sí, ello siempre lo presentaron como justo y necesario.
ESTATIZACIÓN DE LA DEUDA PRIVADA
En 1982, el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.), por la circular “A” 251, asumió como deuda externa, aproximadamente, 17.206 millones de dólares de deudas de empresas privadas. Sumas estas que pasaron a integrar parte de la deuda externa que se tiene y en base a la cual se ha justificado reducción de los servicios básicos del Estado, como el de salud, las jubilaciones y tantos otros.
Nadie recuerda que esa carga era de negocios de grandes empresas privadas que traspasaron sus malas operaciones, muchas de ellas fraudulentas, y las socializaron cargándoselas al pueblo argentino. Entre las empresas beneficiadas por la estatización de las deudas, estaban Pérez Companc, Techint, Bridas, Ford, IBM, Banco de Londres, Fiat, Citibank, Banco de Boston y muchas otras más, entre éstas, también estuvieron Vicentin y las empresas de la familia Macri SOCMA y Sideco Americana S.A., empresa esta última, que fue denunciada por maniobras delictivas de “autopréstamos”.
El informe de los auditores presentado ante el juez que investigó algunas de las maniobras fraudulentas sostiene, que “la maniobra consistía en la colocación de fondos propios en plazos fijos en el exterior, recibiendo como contrapartida un préstamo de la misma entidad bancaria, sirviendo el plazo fijo como garantía a estos créditos. Los plazos fijos en el exterior no se informaban al BCRA, en muchos casos, estos plazos fijos tampoco figuraban en los libros y balances de las sociedades, tal como surge de la investigación”.
Lo cierto es, que deudas de Vicentín y de las empresas de Macri, entre muchas otras, las tuvimos y tenernos que pagar, aún hoy, todos y todas.
Es larga la lista de situaciones similares que existieron y nos hicieron asumir como si fuera lógico que paguemos las deudas o maniobras fraudulentas de los poderosos del país. Más, cuando el gobierno actual invierte con responsabilidad social en beneficio de los más débiles, se tilda dicho accionar como populista deficitario.
PRESERVACIÓN DE BIENES Y PATRIMONIOS CULTURALES
Gran parte de las prensas mediáticas hegemónicas presentan un mensaje sesgado y unidireccional en el tema de Vicentín y aceptan que dicha empresa caiga en manos de capitales extranjeros. Resulta que son las mismas que en el año 2002, exigían al Estado que interviniera para salvar empresas periodísticas como Clarín, para que no sea el capital extranjero el que, por el monto de sus acreencias, se quedara con la empresa. Estas empresas son las que impulsaron el dictado de la ley 25.750 de “Preservación de bienes y patrimonios culturales”, en la que se estableció, que debe ser política del Estado nacional preservar los bienes de las empresas periodísticas, por constituir un patrimonio cultural nacional que se debe resguardar.
Sin embargo, cabe señalar que, si un medio de difusión es un bien cultural, lo es por su contenido y éste lo dan sus periodistas, a los que también hay que proteger. La ley sólo buscó salvar los bienes y cosas de las empresas.
MORALEJA INACEPTABLE
Ahora, esos mismos medios, atacan al gobierno actual, cuando éste quiere que 7.000 trabajadores no pierdan su trabajo y puedan cobrar sus sueldos y que 21.000 familias de prestaciones indirectas no queden sin su sustento. La Declaración Universal de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional, obliga al Estado y dispone que, “toda persona tiene derecho… a la protección contra el desempleo”. Resulta que, cuando se defiende el empleo como política de Estado, se acusa al presidente Alberto Fernández de un proceder inconstitucional, mientras se toleró la política de desempleo por goteo, en el gobierno de Mauricio Macri.
El presidente también busca asegurar la percepción de los créditos del Estado, por dineros entregados a la empresa ilegalmente, en el gobierno anterior (18.182 millones de pesos) y cobrar las deudas existentes con la AFIP. También se quiere evitar que se lleve a la quiebra a cooperativas y pequeñas pymes acreedoras de Vicentin.
Resulta penoso que el juez de la quiebra ignore los objetivos de país que lleva el accionar de las decisiones adoptadas por Poder Ejecutivo Nacional y vuelva a poner ilegalmente en funciones al directorio de la empresa, que la llevó a un proceso de quiebra, quienes también están sospechados de lavado de dinero, defraudaciones fiscales y muchos otros delitos más.
Es fundamental tener claro el sendero a transitar y priorizar los valores que hacen a la dignidad de las personas y al futuro de nuestro país, por sobre otros intereses, que de ninguna manera buscan el bien común argentino.
* Miguel Julio Rodríguez Villafañe es abogado constitucionalista y periodista de opinión.
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