El afiche oficial de la marcha contra el 2×1.
El repudio generalizado que provocó el fallo de la Corte Suprema de Justicia, otorgándole a un condenado por crímenes contra la humanidad el beneficio de la derogada ley del 2×1, disparó reacciones de sectores muy diversos. Posicionamientos en contra de numerosas instituciones, proyectos de ley para enmendar el fallo supremo y hasta el inédito escenario judicial, con los tres jueces firmantes imputados por el delito de prevaricato.
VER Diputados dio media sanción a un proyecto que frena el 2×1 a los genocidas.
Hoy el rechazo al “2×1” que podría poner en las calles a criminales condenados por torturas, desapariciones y robo de bebés, se hará sentir en las calles de varias ciudades del país. Lo organismos de derechos humanos convocan a marchar a partir de las 18 bajo las siguientes consignas: “Que la Corte no libere lo que el pueblo ha condenado” y “Ni reconciliación, ni 2 x 1. Nunca Más”.
En Córdoba, la cita es en la plaza Agustín Tosco (ex plaza Vélez Sarsfield) para marchar hasta el edificio de Tribunales Federales, en el Parque Sarmiento. Los organizadores esperan que la movilización sea tan masiva como la realizada el último 24 de marzo. Además de los organismos de derechos humanos y numerosas organizaciones estudiantiles y sociales, convocaron buena parte de las fuerzas políticas cordobesas: Estarán desde la UCR, pasando por Unión por Córdoba y el Frente para la Victoria, hasta las distintas fuerzas de izquierda.
Ayer el gobierno de la provincia de Córdoba, a través de su ministerio de Educación, emitió una resolución interna autorizando a los directores de colegios y escuelas públicas y privadas de toda la provincia para que dejen salir de los establecimientos a los alumnos que deseen participar de la marcha en contra del 2×1. La resolución, firmada por la secretaria de Educación, Delia Provinciali, y dirigida a las autoridades de las escuelas, sostiene: “Se podrá facilitar los tiempos para que los centros de estudiantes y alumnos (con la expresa autorización de los padres y el director de la escuela) puedan participar de la movilización”.
La previa a la marcha se vivió en Córdoba con manifestaciones de rechazo en varios sentidos. Bajo la consigna “Ningún genocida libre”, más de 500 trabajadoras y trabajadores de prensa y comunicación, con el apoyo de referentes y ciudadanos de la cultura, el deporte, la ciencia y el derecho, impulsaron una recolección de firmas para apoyar la lucha de los organismos de Derechos Humanos.
Mientras tanto, ayer la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción a un proyecto de ley que unifica las siete iniciativas presentadas para poner límite al beneficio del “2×1” que la Corte Suprema. Al inicio de la sesión, con el respaldo de tres cuartos de los presentes, se logró aprobar una moción de la diputada (nieta recuperada) Victoria Donda, de Libres del Sur, que habilitó el tratamiento de las iniciativas del oficialismo y de la oposición.
Los sitios de concentración de las distintas fuerzas políticas.
El tratamiento legislativo de ese proyecto continuará hoy en el Senado, en una sesión especial convocada ayer.
EL FISCAL RECHAZARÁ LOS PEDIDOS
“Tengo que analizar los argumentos de cada caso. Todavía no me han corrido vista pero a partir de lo analizando esta Fiscalía va a rechazar estos pedidos”, dijo a ENREDACCIÓN Carlos Gonella, Fiscal que se hará cargo de responder en Córdoba todos los pedidos de “2X1”.
Ayer, ante el Tribunal Oral Federal N°2 fue presentado el segundo requerimiento de un condenado en juicios por delitos de lesa humanidad. Como adelantó este medio, la presentación fue formulada e por la Unidad de Letrados Móviles del Ministerio Público de la Defensa a favor de Juan Domingo Ayala, ex integrante del Comando Radioeléctrico de la Policía de Córdoba.
En 2013 Ayala fue condenado a 12 años de cómo partícipe necesario, acusado de haber integrado la comisión que en 1976 sacó de la Unidad Penal N°1 a seis prisioneros que fueron ejecutados en un falso intento de fuga. Las víctimas son Diana Fidelman, Miguel Mozé, Luís Ricardo Verón, José Alberto Svagusa, Ricardo Alberto Young y Eduardo Alberto Hernández.
El viernes Arnaldo “Chubi” López, un ex agente de inteligencia condenado por 281 homicidios durante el juicio La Perla, hizo el primer pedido, pero ante el Tribunal Oral Federal N°1. En su caso particular, lo hizo representado por una abogada privada.
Entre el jueves y el viernes pasado, casi todos los representados por abogados públicos hicieron consultas para conocer sobre el tema. Los abogados ahora analizarán caso por caso, priorizando a los represores que no tengan prisión preventiva pedida por el Juzgado Federal N°3, que instruye nuevas causas. En el caso concreto de Luciano Benjamín Menéndez, quizás el hombre más veces condenado a perpetua en el mundo, deben ponerse de acuerdo los abogados oficiales de varias provincias del país donde tiene condenas y causas. De todas maneras, Menéndez ya había logrado una resolución favorable en 2013, con el voto de los jueces del Tribunal Oral Federal N°1, luego revertida en la Cámara de Casación.
Otro que llamó interesado a sus abogados es el ex teniente Gustavo Adolfo Alsina, condenado sin sentencia firme en 2010, en el juicio conocido como Videla. Alsina fue quien ordenó estaquear a un preso político en el patio de la Unidad Penitenciaria 1 una noche de invierno de 1976, y torturarlo a la vista de todos, hasta que murió. Está detenido desde 2007. Hace un mes, la sala I de Casación autorizó su prisión domiciliaria. Ahora buscará acortar el trecho de encierro para acceder a otros beneficios, como salidas transitorias.
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