En medio de una masiva movilización de sindicatos estatales que rechazan la posibilidad de un nuevo aumento en los aportes previsionales, representantes gremiales fueron recibidos este martes en la Legislatura provincial por autoridades del oficialismo. El encuentro culminó con el acuerdo de integrar una mesa permanente de trabajo sobre el sistema jubilatorio, pese al profundo desacuerdo entre las partes respecto de las medidas propuestas en el Presupuesto 2026 para afrontar el déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.
Los secretarios generales de sindicatos estatales fueron convocados al recinto legislativo donde dialogaron con el jefe de la bancada de Provincias Unidas y presidente provisorio de la Unicameral, Facundo Torres Lima; el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, y el presidente de la Caja de Jubilaciones, Adrián Daniele.
Aunque persiste el rechazo gremial a cualquier incremento en los descuentos salariales, todas las partes aceptaron conformar esta mesa de diálogo permanente. Según explicó Torres Lima, el objetivo es debatir “con seriedad y responsabilidad sobre la profunda crisis que atraviesa nuestra Caja, agravada por el incumplimiento del Gobierno nacional en el envío de los fondos que legítimamente le corresponden a Córdoba”.
El foco del conflicto radica en el artículo 63 del proyecto de Presupuesto 2026 –ya aprobado en primera lectura y en tratamiento en audiencias públicas–, que faculta al Ejecutivo provincial a aplicar un descuento adicional de hasta cuatro puntos porcentuales en los aportes previsionales.
Desde el oficialismo, Torres Lima insistió en que no se trata de una suba automática ni nueva, sino de la prórroga de una facultad prevista en el artículo 63 de la Ley 8024, vigente desde hace años y nunca aplicada. “Lo que hoy se propone es prorrogar esta herramienta en un contexto de creciente incertidumbre financiera”, señaló en un comunicado, destacando que el Gobierno provincial busca “valorizar el trabajo como motor de desarrollo y bienestar”.
El legislador argumentó la necesidad de esta prerrogativa ante un déficit proyectado de 750 mil millones de pesos para 2026, ingresos en baja desde hace meses y la posible interrupción en abril de los envíos nacionales de unos 5 mil millones mensuales, ordenados por la Corte Suprema. “Es un acto de responsabilidad generar herramientas para una situación de emergencia”, enfatizó Torres, quien recalcó que se escucharon los reclamos gremiales y se mantendrá abierto el canal de diálogo.
“Lo real es que los gremios representan a jubilados que quieren cobrar más y a activos que quieren aportar menos, mientras la Nación retiene los recursos que son de las Cajas provinciales y el déficit se hace insostenible”, agregó.
Los funcionarios expusieron “con claridad el estado de situación, evacuamos dudas y compartimos un panorama realista de un problema que requiere previsión, diálogo y decisiones responsables”, según sostuvieron defensores de la medida.
—
SUSCRIBITE A DOSSIER360.
HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.
RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.
CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.
