El Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) se declaró en “estado de alerta” y convocó a una reunión extraordinaria del Cuerpo de Delegados para decidir los pasos a seguir frente a la declaración de la Emergencia Económica, Financiera, Administrativa y Social de la Municipalidad de Córdoba.
El gremio que conduce Beatriz Biolatto afirma que la emergencia “viola los derechos laborales y remunerativos de los trabajadores y trabajadoras municipales” y adelanta que podría “interponer una acción de amparo e inconstitucionalidad en la Justicia Ordinaria” con el objetivo de suspender su aplicación.
Los superpoderes habilitan al intendente Martín Llaryora a impulsar a una serie de políticas en relación a la planta laboral de la comuna. Los tres puntos son los siguientes:
-Promueve la implementación de programas de becas, de pasantías y de trabajos comunitarios por un monto equivalente al 15 por ciento de la partida destinada al pago de salarios ejecutada en 2019.
-Impulsa un esquema de pasividad anticipada y de apertura de retiro voluntario “limitado a quienes les faltaren menos de 10 años para acceder a un beneficio jubilatorio”.
-Permite al Ejecutivo municipal otorgar sumas no remunerativas a los trabajadores municipales.
De este modo, los superpoderes facilitarían al intendente peronista de la capital, la puesta en marcha de políticas de flexibilización laboral (becas, pasantías y trabajo comunitario); de achicamiento de la planta laboral (pasividades anticipadas y retiros voluntarios); y de reducción de la masa salarial por medio de eventuales incrementos “no remunerativos”, cuya utilización impacta en los ingresos del sistema jubilatorio y de obra social.
La secretaria General del SUOEM, Beatriz Biolatto.
La emergencia aprobada por el Concejo Deliberante permite al jefe comunal tomar una serie de medidas sin control y/o tratamiento legislativo en los ámbitos del Departamento Ejecutivo, la Justicia de Faltas, el Concejo Deliberante y las empresas municipales Esop, Tamse y Cormecor. Durará un año, pero con la posibilidad de renovarla por un plazo equivalente. Fue aprobada con el voto de los concejales propios y el rechazo de todo el arco opositor.
Entre las posibilidades que le otorgan los superpoderes, se encuentra que el intendente podrá llevar adelante “acciones participativas y colaborativas” con organizaciones y entidades de la sociedad civil, que “posibiliten reducir costos y gastos públicos” o “generar mayores ingresos y mejoras en la asignación de los recursos”.
También podrá vender bienes muebles e inmuebles “que no estén afectados a funciones esenciales” con el objetivo de obtener recursos, sin tener que pasar por el cuerpo legislativo. Llaryora quedó autorizado, también, a disponer de medidas de “racionalización del gasto público que permitan el redireccionamiento de los recursos municipales a los gastos prioritarios”. También podrá “revisar y mejorar los sistemas de contratación y adquisiciones” para hacerlos más eficientes.
Sobre este último punto, el concejal Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal), advirtió que “se planifica la posibilidad de que un privado se haga cargo del cobro de los tributos municipales siguiendo el modelo provincial”. Cabe recordar, que la ex Kolector es la encargada de esta tarea en el gobierno de la provincia.
—
>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ. Con tu membresía, podrás participar de beneficios exclusivos para SOCIOS. Juntos podemos hacer más y mejor periodismo.
