El edificio de Tribunales I en la capital cordobesa. La sociedad no cree en la Justicia. (Foto: Archivo).
Recientemente hemos conocido tres encuestas de opinión realizadas entre 1993 y el 2017 que analizan la percepción del ciudadano cordobés sobre la Justicia de Córdoba.
Los datos son alarmantes. En 24 años, el cordobés declara tener “escasa, baja o nula confianza” en la Justicia. Y las tres encuestas han sido realizadas con rigor científico y sobre la base de muestreos altamente representativos.
Los hechos están claros. La pregunta es ¿por qué el cordobés desconfía de la Justicia? y ¿por qué está enojado con la Justicia?.
Descartemos por livianas e interesadas las explicaciones que se nos dan desde el Poder que consisten en declarar que la culpa de esta desconfianza es la falta de presupuesto de los Tribunales de Córdoba y la poca cantidad de empleados asignados al servicio de Justicia.
Esta es la explicación tradicional, que siempre se ha dado desde el Poder de los jueces para justificar la desconfianza social. Explicación, a mi juicio, liviana, simplista e interesada.
Tratemos de razonar con más seriedad para intentar encontrar las verdaderas causas de este enojo social con la Justicia que los cordobeses declaran tener en los últimos 24 años.
Para ello recordemos que en el año 2008, el CIPCE (Centro de Investigación para la Prevención de la Criminalidad Económica) elaboró un Informe con alto rigor científico que concluye con el dato aterrador de que en Argentina los juicios por Corrupción tienen una duración promedio de 14 años y un índice de condenas de solo el 4 por ciento. Más del 90 por ciento de los juicios por Corrupción terminan en prescripciones liberatorias. Es decir que es probable que Lázaro Báez, López y tantos otros funcionarios y empresarios que lucraron ilícitamente desde el Estado, terminen en pocos años libres y sin devolver ningún dinero robado por la Corrupción o por el Lavado de Activos.
Soy de los que piensa que esta vergonzosa impunidad que tienen en la Argentina los delitos del Poder Político y del Poder Económico son la causa principal de la desconfianza de la sociedad en la Justicia.
El ciudadano se dice en silencio ¿Por qué vamos a confiar en una Justicia que consagra impunidades para los Delitos del Poder?
En el análisis de los fenómenos sociales no existen monocausalidades. Pero sí, es válido privilegiar explicaciones. En especial para entender el enojo y la desconfianza de la sociedad en la Justicia.
La impunidad que tienen en la Argentina los Delitos del Poder es la principal explicación. Por ser una violación abierta al Derecho Humano de “Igualdad ante la Ley” del Artículo. 24 de la Convención Americana.
El ciudadano se indigna con la desigualdad ante la Ley que ve diariamente y esta es la razón principal de su desconfianza en la Justicia.
Se debe recordar que en estos 24 años de los que nos hablan las tres encuestas han existido reformas tales como el Fuero Penal Económico, que teóricamente buscó combatir la impunidad de los delitos de la criminalidad económica. Son reformas que no sirvieron para nada y así lo percibe la sociedad en las últimas dos encuestas de 2008 y 2017.
El empresario Lázaro Báez. (Foto: Archivo).
Es probable que Lázaro Báez, López y tantos otros funcionarios y empresarios que lucraron ilícitamente desde el Estado, terminen en pocos años libres y sin devolver ningún dinero robado por la Corrupción o por el Lavado de Activos.
¿QUÉ HACER?
Por lo pronto, evitar el simplismo y el cinismo de decir que estas debilidades de la Justicia obedecen a la falta de presupuesto. Recordar en segundo lugar, que los jueces no pagan ganancias con el fundamento de que este privilegio es para garantizar imparcialidad e independencia. Cuesta creer en este argumento cuando las encuestas demuestran que el más bajo nivel de confianza en los jueces es en relación a cuando ellos tienen que juzgar a los poderosos. El privilegio de no pagar ganancias no se traduce en juicios honestos e imparciales para delitos del poder.
El privilegio de no pagar ganancias no se traduce en juicios honestos e imparciales para delitos del poder.
Es decir que lo que queda por hacer para dar respuesta seria y honesta a este legítimo reclamo social, es modificar en profundidad políticas públicas y modificar Códigos de fondo y procesales. La reforma de políticas públicas en materia de Justicia significa en primer lugar, revisar el no pago del impuesto a las ganancias. Esta sería una contribución a la ejemplaridad ética que tanto necesita la sociedad de los argentinos. Lo segundo, es encontrar formas legales y con respeto a los Tratados de Derechos Humanos, de acortar los procesos judiciales en los que se juzgan delitos de Corrupción.
Y para ello solo hay dos posibilidades. O se crea la figura y el tipo legal del “enriquecimiento ilícito privado” en los términos del enriquecimiento ilícito público y con inversión de carga probatoria o bien se modifica el proceso penal y se dispone que en los Juicios por Corrupción habrá una sola apelación y será frente a decisiones definitivas. De tal modo, se cumple con la garantía de doble instancia del artículo 8 p1 de la Convención Americana y se termina con el festival de recursos dilatorios y entorpecedores del proceso que sistemáticamente se usan en los Juicios por Corrupción. Se trata de garantizar los derechos del imputado pero también de garantizar los derechos de la víctima, que en estos delitos es la sociedad que se ve violada por personas a las que se les ha confiado el manejo de la cosa pública por el voto popular. Y También es violada porque esos delincuentes terminan apropiándose de recursos de la sociedad que provienen de los impuestos que la mayoría de la gente sufre para pagar.
Juan Carlos Vega. Ex Presidente de la Comisión de la Legislación penal de la HCDN.
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