La directora de la Cárcel de Mujeres de Bouwer, Marisa Alé, fue apartada provisoriamente de su cargo, mientras se investigan las circunstancias en las que murió una interna de 30 años, que fue hallada ahorcada en la celda número 2, del sector F1-Ingresos, el sábado último.
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La medida fue confirmada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Juan Martín Farfán. La decisión se produce luego de los reclamos de las internas de la cárcel de mujeres de Bouwer, y de familiares de las reclusas.
“Es grave el hecho ocurrido y parece oportuno apartarla de sus funciones hasta que finalice la investigación penal, hasta ver cómo ocurrió la muerte de la interna y hasta después las investigaciones del Tribunal de Conducta Policial. De momento, ella está apartada de la función”, dijo Farfan, en diálogo con Canal 12.
Alé había negado supuestos intentos de agresiones en su contra durante las protestas que se desataron tras el trágico episodio. “Por el grado de sensibilidad que causa esto en el resto de las mujeres, solicitamos asistencia médica, y la guardia les explicó lo que había pasado, pero todo ese movimiento generó nerviosismo e incertidumbre”, había asegurado Alé en diálogo con Cadena 3, aunque sin admitir la existencia de incidentes.
Por su parte, el gobierno provincial informó ayer que “resolvió afrontar una serie de medidas para responder a las demandas de las internas y sus familiares, y garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignidad en las personas privadas de su libertad”. Entre esas resoluciones se encuentra el apartamiento de Alé.
También explica que “se dispuso la creación de un Observatorio de prevención de la violencia de género y fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad que comienza a funcionar desde hoy (por ayer) con un equipo interdisciplinario conformado por profesionales del Polo de la Mujer, junto a la Secretaría de Justicia”.
Precisa que “su misión será identificar y abordar las problemáticas y necesidades específicas de la población de mujeres y diseñar y promover información y políticas públicas orientadas a garantizar sus derechos fundamentales. Esta tarea será realizada con la colaboración de otras instituciones”.
Finalmente, señala que “se instará desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos las acciones necesarias tendientes a favorecer las visitas de los hijos o hijas con las internas madres privadas de la libertad; en ese sentido, se avanzará con el Poder Judicial para implementar un mecanismo articulado y ágil para la concreción de dichas visitas”.
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