El ajuste será de 300 mil millones de pesos en 2019 y para llevarlo adelante, el gobierno de Mauricio Macri no está dispuesto a entregar fácilmente recursos de los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires como reclaman los gobernadores del PJ dialoguista. El Ministerio de Energía y Minería apunta a cobrar las deudas de las provincias con CAMMESA (Compañía Administradora Mayorista del Mercado Eléctrico S.A) para mantener los subsidios de la tarifa social, que llegan a más de cuatro millones de personas. Así lo indican fuentes de esa cartera.
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La deuda de las provincias con CAMMESA llega a 15 mil millones de pesos, de ellos $2500 millones corresponden a Córdoba y $1700 millones a Santa Fe, aunque la provincia que gobierna los socialistas dice que no tiene retrasos en los pagos, como si ocurre con EPEC en Córdoba.
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El tema no es nuevo, de hecho forma parte de las urgencias que viene esgrimiendo el gobierno de Juan Schiaretti para llevar adelante el ajuste en la Empresa Provincia de Energía de Córdoba (EPEC). Lo que no explicó aún el Ejecutivo provincial -y reclamó, por ejemplo, el legislador provincial del Frente Cívico, Juan Pablo Quinteros- es como se produjo esta deuda de 2.500 millones de pesos, cuando el costo de la energía mayorista está incluido en la factura, separado del Valor Agregado de Distribución (VAD). Esto implica que la recaudación por la compra de energía debería pasar directamente a CAMMESA y no lo ha hecho, al menos de modo total.
Como argumento para la negociación con los gremios de Luz y Fuerza para postergar el pago en cuotas de la BAE y los sueldos de mayo, el gobierno esgrimió la necesidad de abonar deudas con CAMMESA. Lo que no ha explicitado es cómo se conformó la deuda, pese a este mecanismo automático de pago.
Ahora, EPEC entró en el toma y daca de la negociación que propone el gobierno nacional con la provincia de Córdoba y el resto de los distritos para distribuir el ajuste que exige el FMI en las cuentas públicas.
Ahora, EPEC entró en el toma y daca de la negociación que propone el gobierno nacional con la provincia de Córdoba y el resto de los distritos para distribuir el ajuste que exige el FMI en las cuentas públicas. El presidente Macri apunta a distribuir este costo de manera proporcional, por lo que a las provincias, les está exigiendo un esfuerzo mínimo de 150 mil millones de pesos. A su vez, EPEC queda subida a la misma balanza con la propuesta de traspasar AySA, Edenor y Edesur y los subsidios al transporte a las provincias de Buenos Aires y la CABA.
CAMMESA es una compañía público-privada que compra y vende la energía a las distribuidoras provinciales. Esto es, toda la energía que es generada en el país es adquirida por CAMMESA y luego re-vendida a los distribuidores. Significa que ningún generador puede comerciar la energía de modo directo con las distribuidoras, sino que se requiere la intermediación de CAMMESA. En el caso de Córdoba, además, la administración Macri mejoró el precio de compra de la energía producida por la central Bicentenario de Pilar que de este modo eliminara las pérdidas operativas y pudiera saldar la cuantiosa deuda tomada para su construcción.
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