Diputados radicales alineados con Facundo Manes afirmaron que la UCR “no puede ser parte de este acuerdo mafioso para garantizar negocios e impunidad”. El viernes pasado, la Coalición Cívica también había presentado el rechazo ante la Cámara alta.
La presentación de rechazo ante la Comisión de Acuerdos del Senado lleva la rúbrica del diputado entrerriano Pedro Galimberti, del correntino Manuel Aguirre, de la pampeana Marcela Coli y del formoseño Fernando Carbajal. Este último, publicó en X que la postulación de Lijo es el “fruto podrido del acuerdo de impunidad entre (Javier) Milei, los K y los operadores de siempre”.
En el inicio del texto presentado ante la comisión que preside la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri manifestaron que “se advierte que su posible nombramiento genera resistencia y falta de confianza en parte de la sociedad, por comportamientos mantenidos que demuestran la falta de idoneidad moral y técnica la falta de compromiso con la independencia del Poder Judicial, que es lo mismo que decir la división de poderes y en consecuencia el sistema republicano establecido en la Constitución Nacional”.
Recuerdan que “En 2018, el actual juez federal Ariel Oscar Lijo fue denunciado, junto a Alfredo Damián Lijo —su hermano— y Julio De Vido por la probable comisión de delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho y tráfico de influencias. Dicha denuncia fue presentada por la exdiputada Elisa Carrió”.
Asimismo, mencionaron a Mariano Cúneo Libarona como el abogado defensor de Lijo en esa causa y señalaron que es “quien hoy se desempeña como ministro de Justicia de la Nación y es quien promueve la candidatura de Lijo”.
También señalan a otra denuncia penal de Carrió contra la empresa Repsol YPF ante los tribunales federales que aún tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del Juez Ariel Lijo.
“Según información periodística, se informa que en el despacho del juez Ariel Lijo se encuentra desde 2018 un informe de Inteligencia producido por la Unidad de Información Financiera (UIF), con número 0704/18, detallando un inventario de movimientos inusuales que podrían configurar delitos en torno a la política que la familia Kirchner llevó adelante en YPF”, agregaron.
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