Nuestra sociedad argentina, dentro de la genuina sensación de necesitar cambios, consagró presidente a un anarco capitalista como Javier Milei, que ha sostenido que “el Estado es una asociación criminal y… hay que entrar al sistema para dinamitar al Estado”. En ese objetivo, entre otros fines, Milei está atacando perfiles básicos de la Nación, nuestra patria. Reparemos que una Nación se funda en una población ligada por vínculos históricos, jurídicos y afectivos, en un territorio soberano que le da unidad y con un gobierno regulado por la Constitución Nacional.
NO IMPORTA EL PUEBLO
Con una verdadera frialdad inaceptable, demuestra una profunda inhumanidad respecto de las personas que viven en el país. Así, deja sin medicamentos básicos a jubilados y personas necesitadas; no provee de alimentos a los merenderos; se jacta que ha echado a miles de personas y tantas cosas más, en contra de la población.
ENTREGA DE LAS MALVINAS
Asimismo, en febrero de este año, violando resoluciones internacionales y en un franco desafío a Argentina, el ministro de relaciones exteriores inglés David Cameron visitó las Islas Malvinas y refirió que las islas Malvinas se consideran integrantes del Reino Unido.
Esta visita se realizó a un mes de la reunión sostenida en Davos con el presidente Javier Milei.
Ante ese hecho, la canciller argentina Diana Mondino sólo se limitó a emitir un twitter irónico diciendo, que “Estaremos felices de recibirlo en una próxima ocasión en Buenos Aires”. No se hizo una protesta formal del país, como corresponde. Omisión esta que no puede considerarse que se cumplió cuando se encontró, luego en Brasil, con el canciller inglés y manifiesta ella, que le hizo un reclamo no formal, sin valor jurídico internacional.
Mientras tanto, después de la visita de Cameron, unilateralmente el gobierno británico dispuso, sobre zona reivindicada soberana por Argentina, extender a 170.000 kilómetros cuadrados el radio de veda total para la navegación y la pesca.
Además, se está construyendo un nuevo puerto británico en Malvinas que se especializará en brindar servicios logísticos a terceros países con intereses en el continente blanco. Se pretende que dicho puerto sea la puerta de entrada para la Antártida, sustituyendo a Ushuaia, nuestro puerto del sur.
LA ANTÁRTIDA ARGENTINA
La provincia de “Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, fue creada por ley 23.775/90, cuyo territorio reviste particular importancia geopolítica para nuestro país y el mundo. A dicha provincia la integran las tierras y aguas reclamadas por Argentina, en la que se encuentra nuestro sector antártico. Hay que recordar que la Argentina, fue el primer país del mundo en tener una presencia en el Polo Sur hace 120 años, en 1904, con una base en el grupo de las Islas Orcadas, donde se fundó un observatorio meteorológico.
La actitud de Cameron implica un avance en las reivindicaciones inglesas respecto de la Antártida, en el reclamo de una porción de territorio en el polo sur, que se superpone con nuestro sector antártico.
En enero de este año 2024, el presidente Javier Milei visitó las bases Marambio y Esperanza, en la Antártida argentina, con motivo de un programa de control de la contaminación por microplásticos, sin embargo, no declaró nada respecto de la reivindicación soberana argentina en los hielos australes y nuestros derechos sobre Malvinas y las islas del Atlántico Sur.
LEY DE TIERRAS
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, firmado por Milei, deroga la Ley 26.737 sobre “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierra Rurales”, denominada “Ley de Tierras”. Dicha derogación viola el Tratado de Escazú y el Convenio 169 sobre Derechos Indígenas. La Ley de Tierras buscó reducir el gran peligro que representa la posibilidad de la adquisición de tierras, y con ello de ecosistemas nativos de alta biodiversidad, glaciares o porciones de cuencas hídricas, efectuada por compradores extranjeros y/o por corporaciones de otros países.
Luego, con la llamada Ley Ómnibus se ha buscado eliminar organismos del estado que controlan a las corporaciones y grandes sectores de interés. Las modificaciones propuestas en el proyecto sobre las leyes de bosques, glaciares e incendios terminan siendo un complemento que, de manera negativa, se suma a la derogación por el DNU 70 de la Ley de Tierras, ya que dan impunidad a las empresas megamineras, a las industrias contaminantes y al agronegocio.
Razones por las cuales, el representante de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) el biólogo Dr. Raúl Montenegro puso una denuncia penal contra el presidente y los ministros firmantes de las normas referidas.
Un país sin Ley de Tierras, y sin organismos del Estado de Control, termina no solo perdiendo soberanía sobre su propio territorio, sino recursos vitales, imposibles de recuperar.
ENTREGA DE LA SOBERANÍA DEL PARANÁ
Otro aspecto soberano fundamental de nuestra Argentina es el Río Paraná, que ahora lo denominan “Hidrovía”, para no mencionar su nombre. Por él se transportan minerales y el 80 % de todas las exportaciones argentinas.
El presidente Milei ha hecho un pacto con Uruguay para que todas nuestras exportaciones por el Paraná salgan desde el puerto de Montevideo, desactivando la realización del canal Magdalena, que permitiría llegar a un puerto argentino y de ahí partir al exterior. Incluso los barcos que vienen por el río Paraguay y Paraná, que van a nuestro sur argentino, como al puerto de Mar del Plata, deben pasar por Montevideo, lo cual es inaceptable.
Hay que agregar que existen 31 puertos privados por las que se canalizan grandes exportadoras, en los que se evaden, sin esfuerzo, los controles de los diversos organismos del Estado.
A su vez, el presidente Milei en la Ley Ómnibus, (art. 346), pretendió lograr la facultad de poder él autorizar el ingreso de tropas extranjeras al país, lo que le está vedado por el artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional, que determina la competencia exclusiva del Congreso Nacional para “permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación”.
Luego, sin respetar la constitución, el gobierno de Milei ha dado, ilegalmente, al ejército norteamericano el control del tráfico del río Paraná, al firmarse, en un acto administrativo nulo, el Memorandum de entendimiento convenio suscripto entre la Administración General de Puertos (AGP) y el Cuartel General del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Lo firmado implica una renuncia a poder asegurar el dominio soberano sobre la vía navegable. Incluso la AGP aparece en la lista de la Ley Ómnibus de dependencias del Estado que se busca desnacionalizar.
Al respecto, la canciller Diana Mondino no sólo no ha dicho nada, sino que su gestión se caracteriza por la indolencia y la desidia en materia de soberanía.
EVITAR EL INFARTO DE LA PATRIA
Estamos a tiempo de evitar que estos golpes al corazón de la Patria grande se consoliden. No se puede permitir el doble juego que hace Milei que, por un lado, dice que busca generar consensos legales en un “Pacto de Mayo”, pero pone como requisito que, previamente, los gobernadores aprueben el DNU 70/23, declarado inválido por el Senado, por ser de nulidad absoluta e insanable y, además, la “Ley Ómnibus”.
Miguel Julio Rodríguez Villafañe es abogado constitucionalista cordobés y periodista de opinión.
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