La APDH Córdoba alertó por las “prácticas anti democráticas” en distintas provincias

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Córdoba expresó su preocupación “por la consolidación de prácticas anti democráticas” en Jujuy y otras provincias, incluida Córdoba.

El documento lleva las firmas de los co-presidentes de la organización Luis Miguel Baronetto, Alfredo Schclarek Curutchet, Mabel Edith Sessa, y Carlos Vicente; el secretario General, Medardo Ávila Vázquez; el secretario de Lesa Humanidad, Gerardo Battiston; y la secretaria de Género y DD.HH., Claudia Fontanesi.

Dice que “la represión estatal a manos del Gobierno de Jujuy, es la antesala de la criminalización y represión a la protesta social, que se quiere aplicar en Córdoba, a través de dos proyectos presentados en la Legislatura por el oficialismo y la principal fuerza opositora”.

Resalta que “no se puede permitir que una ley provincial, modifique las garantías de la Constitución simplemente por el interés del gobierno de turno, para aplicar sanciones de carácter penal” y convoca “a los organismos de DDHH, partidos políticos, sindicatos, centrales obreras, movimientos sociales, representantes estudiantiles y de los distintos credos y a referentes de la sociedad civil, a debatir acerca de la necesidad de visibilizar esta avanzada del autoritarismo sobre la democracia”.

Plantea que “la manifestación, participación y libertad de expresión, la queja, aprobación, rechazo o protesta son todos derechos inalienables del Pueblo, garantizado por nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional. Y son el modo, en que los habitantes de nuestro país, ejercitan, hacen valer, amplían y defienden sus derechos”.

Agrega que “el uso del espacio público para manifestar y expresarse pacíficamente es constitutivo de la República Democrática y la plaza pública es un símbolo de la participación ciudadana”.

Propone, en esa dirección, “aportar a un diálogo abierto entre instituciones del Estado y Organizaciones de la sociedad civil, por la vigencia irrestricta de la Constitución Nacional y el reconocimiento de la participación de la Población como fuente de la democracia que el próximo 10 de diciembre cumplirá 40 años ininterrumpidos, bregando por su defensa, ampliación y profundización”.

Más adelante, el pronunciamiento señala que “la represión estatal ejercida en la Provincia de Jujuy, anteriormente en Chubut y Salta, ha colocado sobre el tapete un problema que dimensiona los riesgos que se ciernen sobre la democracia”.

Luego detalla las distintas acciones represivas puestas en marcha desde el Estado “con la finalidad de controlar la acción política en el campo popular” y recuerda que en nuestra Provincia, ese camino fue “reforzado por fallos judiciales ilegítimos como el expuesto por el Juez de Control Nº 10 de Córdoba, Juan Manuel Fernández López, a favor de restringir el derecho a la protesta a través de un hábeas corpus interpuesto por el Centro Vecinal del Barrio Centro”. Sobre ellos, la APDH Córdoba afirma que “son modos de limitar el ejercicio de derechos constitucionales consagrados en nuestra Carta Magna y una herramienta de disciplinamiento sobre los manifestantes”.

Agrega que “la reciente aprobación de la modificación de la Constitución en Jujuy para restringir derechos, sancionar y disciplinar a las personas que ejercen su derecho a peticionar, entre otras restricciones, no hacen más que evidenciar una situación que viene ocurriendo, en distintas provincias y regiones de nuestra patria, que marcan los límites, recortes y disputas entre quienes luchamos por ampliar derechos del pueblo, y la reacción neoliberal, conservadora, política, económica y cultural de las minorías privilegiadas, reforma llevada a cabo en un proceso plagado de irregularidades”.

Precisa que “las normas legales que se están impulsando en los últimos años, aprobadas o en trámite, se plantean desde la prohibición de la manifestación en el espacio público a la exigencia de autorización previa del ejercicio del derecho a peticionar y protestar -con delegación a funcionarios de gobierno para aprobar reuniones, su tamaño o establecer los lugares de realización- marcan la tendencia al disciplinamiento de la acción colectiva”.

Finalmente, expresa que “en todos los casos pretenden retrotraer el ejercicio de las libertades democráticas conquistadas en estos cuarenta 40 años; y Córdoba no es ajena a ello, en la Legislatura el oficialismo provincial de Hacemos por Córdoba y el principal bloque opositor de Juntos UCR, unificaron criterios para modificar el Código de Convivencia e introducir una redacción que limita o directamente impida la protesta social. Esto, además, es anticonstitucional, va en contra del derecho de manifestarse, consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Es decir, una ley provincial, modificaría las garantías de la Constitución simplemente por el interés del gobierno de turno, y aplicaría sanciones de carácter penal, inscribiéndose en un intento del régimen cordobés”.

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