Carlos Martínez a la izquierda y Martín Mangas, a la derecha.
La Fundación Otra Córdoba se presentó en público con un informe sobre la situación fiscal entre 2003 y 2015 y los desafíos del presente. Fue elaborado por Carlos Martínez y Martín Mangas, investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento y el Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (CEPECS). Asegura que si bien la provincia no tiene un monto elevado de deuda, el hecho que tenga el 81% de ella en dólares, la vuelve vulnerable.
Desde la economía, explican la distancia política de Córdoba frente a los gobiernos nacionales por “el nivel relativamente estable de autonomía financiera que muestra la provincia, dado por el hecho de que sus recursos propios le han bastado para financiar, aproximadamente, la mitad de sus funciones en los dos años estudiados”.
“El estudio expone los efectos económicos y sociales de las finanzas públicas a partir de un análisis pormenorizado de la estructura de recursos, de la prioridad en el gasto público, de la gestión de la deuda pública y de la relación y coordinación financiera entre los diferentes niveles del Estado, es decir, entre la Nación y la provincia de Córdoba, y de ella hacia sus municipios y comunas”.
El trabajo muestra algunos elementos significativos:
-“Cuatro sectores explican entre el 50 y 60 por ciento del PBI cordobés en la serie de doce años. Son agricultura, industria manufacturera, comercio y actividades inmobiliarias)”.
-“La intermediación financiera pasó de ocupar una posición poco significativa en 2003 a tener una participación superior al 10% del PBI en 2015”.
-“La importante participación de la actividad inmobiliaria y financiera permiten inferir algunas hipótesis sobre la dinámica de acumulación y el destino del excedente de capital, concretamente en su uso especulativo en aplicaciones financieras y/o en inversiones inmobiliarias para actividades rentísticas”.
-“(…) La administración pública, enseñanza, servicios sociales y salud y otros servicios comunitarios, perdieron entre 2003-2015, un 2% de participación en el PBI”.
-“Sólo un poco más de un cuarto de los recursos totales se originan en el sistema impositivo provincial. Las contribuciones que sustentan el sistema de seguridad social son menos de uno de cada cinco pesos y los recursos de origen nacional son los que asumen una faceta determinante”.
-“Ingresos Brutos ocupa el centro total de la escena y es el que determina el sesgo del sistema tributario provincial. Presentar una dependencia tan fuerte de un impuesto pro-cíclico, en escenarios como el actual, de fase descendente del ciclo económico implica un elevado riesgo sistémico para las finanzas públicas”.
-“La recaudación del impuesto inmobiliario representaba en 2003 un cuarto de los recursos corrientes propios y trece años después, menos del 7%.”
-“La evolución de la recaudación del impuesto inmobiliario rural ‘puro’ en la participación de los impuestos provinciales sufrió grandes alteraciones a la baja entre 2003 y 2015, y en contrapartida, los “fondos (específicos, como el vial)” asumieron un rol preponderante en la imposición patrimonial de los terratenientes cordobeses. (…) Esto ha generado dos consecuencias muy negativas: a) el impuesto inmobiliario rural forma parte de los recursos que se coparticipan a municipios y comunas, y los “fondos” no, perjudicando a los niveles inferiores de gobierno; b) la imposición al “campo” parece que solo se ha podido sostener en valores similares a los de 2003 afectando esos recursos a beneficios directos para el sector rural”.
-“La presión fiscal (provincial) efectiva en 2015, en Córdoba, llega a 8,13%”.
-“Córdoba está a la retaguardia en materia de progresividad tributaria por el excesivo peso del Impuesto a los Ingresos Brutos”.
-“Salud, seguridad social, educación y cultura abarcan aproximadamente el 55% del gasto público total en toda la serie 2003-2015”.
-“Dentro de la función social es notorio el descenso de la participación del gasto en “promoción y asistencia” social.
OTRA CÓRDOBA
La Fundación es un centro de estudios y formación en temas vinculados con la Provincia de Córdoba, su desarrollo social, su organización económica, y la evaluación y análisis de políticas públicas. El objetivo de los estudios es aportar elementos para construir una visión de la sociedad y la economía de Córdoba, que tenga como valores orientadores la equidad social, el trabajo digno, la producción local, el equilibrio territorial y la democracia participativa. Cuenta con el apoyo de organizaciones gremiales, entidades de economía social, asociaciones profesionales y empresas pymes, así como de ciudadanos particulares, entre otros. Su Consejo Directivo está conformado por universitarios y profesionales con trayectoria en la ejecución de políticas públicas y en la gestión de organizaciones empresariales y sociales.
Entre los que estuvieron en esta puesta en escena se encuentran la legisladora provincia Liliana Montero (Córdoba Podemos), la economista Graciela Treber, el ministro de Ciencia y Técnica de la provincia, Carlos Walter Robledo, el dirigente de APYME, Eduardo Fernández, el ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Francisco Tamarit, y el coordinador de la Fundación, Claudio Callieri.
Justamente Callieri abordó el planteo de la entidad en conversación con ENREDACCIÓN: “Nuestro objetivo es poder producir temas necesarios, casos que interesan a las mayorías sociales y no están disponibles en la actualidad”.
Cómo comunicarse:
Redacción: [email protected]
Lectores: [email protected]
Equipo de Investigación: [email protected]
