Los usuarios de esta provincia estamos cansados de enterarnos de designaciones de personal jerárquico innecesarios en EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba), con sueldos exorbitantes”, denuncia la vocal del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia (ERSeP), María Fernanda Leiva, al fundamentar el rechazo al incremento tarifario promedio de 3,58% que reclamaba la compañía. Sus argumentos forman parte de la Resolución 72/2018 que autoriza el aumento, definido por el voto doble del titular del organismo, Mario Blanco.
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Leiva pone como ejemplo “el pago de casi $300.000 a quien tiene la “riesgosa” tarea de ser el vocero de prensa de esta empresa, (…) si el percibe esta suma no se puede uno imaginar cuanto perciben quienes se encuentran es superior jerarquía que él. Esto es lo que afecta verdaderamente el equilibrio económico financiero de la empresa”, afirma la vocal en representación del Frente Cívico, que fue designada en marzo de 2016.
En su intervención afirma que “EPEC solicita una adecuación tarifaria del 3,58% promedio global, es decir una recomposición tarifaria a aplicarse a partir del 1 de septiembre a los fines de no afectar el equilibrio económico financiero de la empresa, fundando dicha solicitud en las variaciones del dólar y tasas de interés”.
Explica que “lo peticionado es debido a la enorme deuda que posee esta empresa para lo cual debió pedir en el año 2017 el aval necesario para emitir bonos por 100 millones de dólares, es decir que el desmanejo, la indebida administración y el mal uso de la cosa pública, como lo es en esta empresa por parte de quienes gobiernan esta provincia en todos estos años, hace necesario oponerme (…) a lo solicitado”.
Expresa luego que “la empresa encargada de suministrar el servicio de energía fue allanada en el marco de una causa por presunta administración fraudulenta por la presentación de dos balances falsos con diferencia de 60 días, el primero con un superávit de 2 mil millones de pesos, que fue rectificado por un segundo, con un déficit de 400 millones de pesos”.
EPEC fue allanada en el marco de una causa por presunta administración fraudulenta por la presentación de dos balances falsos con diferencia de 60 días, el primero con un superávit de 2 mil millones de pesos, que fue rectificado por un segundo, con un déficit de 400 millones de pesos”.
“¿Cómo se entiende esta situación engañosa por parte de la empresa? Sin duda fue a los fines de poder obtener el aval necesario para la emisión de obligaciones negociables por 100 millones de dólares”, afirma a continuación.
Dice que “acompañar esta solicitud (de aumento), implica avalar el desfinanciamiento de la EPEC y la fiesta que durante años llevaron a cabo quienes tenían a cargo la dirección de la empresa, quienes en lugar de preocuparse del real ejercicio de sus funciones, como la debida inversión para una mejor prestación del servicio de luz para los usuarios, no dudaron de percibir cifras remunerativas exorbitantes”.
Acompañar esta solicitud (de aumento), implica avalar el desfinanciamiento de la EPEC y la fiesta que durante años llevaron a cabo quienes tenían a cargo la dirección de la empresa”.
Finalmente señala que “resulta casi risueño lo solicitado por gerentes de la EPEC para justificar el aumento solicitado del 3,58% a los fines de poder cumplir con la normal prestación del servicio eléctrico cuando permanentemente somos rehenes de la pésima prestación de este servicio con cortes de luz inexplicables que sólo responden a la falta durante todos estos años de una necesaria inversión en el sistema”.
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