El legislador Ezequiel Peressini (FIT) convocó a una audiencia pública para hoy lunes a las 18 horas en la sala 1 de la Legislatura provincial. Busca poner en debate el tema de la violencia laboral e impulsar una ley provincial sobre la base del proyecto presentado el año pasado con su firma y que no ha sido considerado por el cuerpo legislativo. La iniciativa fue promovida por el abogado Carlos Cafure, especialista sobre el tema y autor de un libro sobre el tema.
Sobre la iniciativa, Peressini manifestó que “el gobierno no puede seguir escondiéndose en las oficinas y debe discutir la problemática, la realidad muestra que la violencia laboral está destruyendo la calidad de vida de los trabajadores. Con el aumento del ajuste y la precarización laboral perdimos condiciones de trabajo y con ella crecen los mecanismos violentos con los que se intentan imponer nuevas formas de explotación para mejorar las ganancias de las patronales: Así en un 88% de las denuncias de violencia laboral, el agresor es un superior jerárquico, y en el 30% de los desencadenantes denunciados, aparece el reclamo laboral. Mientras que quienes más sufren esta problemática son las mujeres y la juventud.”
En relación al proyecto presentado el dirigente de Izquierda Socialista señaló: “Exigimos al bloque de UPC que permita una discusión democrática en la comisión de trabajo que dirige el secretario general del SEP (Sindicato de Empleados Públicos) José Pihen y conforman todos los bloques, para que se termine con el ‘cajoneo’ que impone al proyecto que presentamos en junio de 2016. La legislatura es una Escribanía de lujo para aprobar los proyectos del gobierno, pero cuando se trata de discutir las problemáticas de los trabajadores hasta los miembros del PJ cordobés se niegan a hacerlo”
ALGUNAS PRÁCTICAS CONSIDERADAS VIOLENCIA LABORAL
En el proyecto de Ley, se indican algunas prácticas consideradas como “formas de acoso social o psicológico laboral”. Ellas son las siguientes:
-Obligar a ejecutar tareas denigrantes.
-Asignar tareas innecesarias o sin sentido, con la intención de humillar o denostar.
-Juzgar de manera ofensiva y agraviante, el desempeño laboral en el ámbito de trabajo.
-Hacer cambiar de oficina o de lugar habitual de trabajo a una persona, con la intención de
aislarla de sus propios compañeros.
-Prohibir a los compañeros de trabajo que hablen con otro, o mantenerlos incomunicados de
cualquier forma.
-Encargar trabajos imposibles de realizar.
-Promover el hostigamiento psicológico, a manera de complot sobre un subordinado.
-Efectuar amenazas reiteradas de despido infundado a un subordinado.
-Privar al trabajador de la información útil para desempeñar su tarea y/o ejercer sus derechos.
-Destruir malintencionadamente la reputación de un trabajador.
-Agraviar o agredir de forma verbal, gestual o por escrito.
-Llevar adelante persecución política o sindical.
-Ejercer un silencio despectivo sobre un subordinado.
-Hacer insinuaciones o indirectas.
-Practicar inequidad salarial, entre quienes ejercen en el mismo lugar de trabajo, tareas
equivalentes.
CINCO PROVINCIAS CON LEGISLACIÓN SOBRE VIOLENCIA LABORAL
-Buenos Aires: Ley N° 13168 (Ámbito de aplicación. Público: empleados y funcionarios y trabajadores sin estabilidad);
-Entre Ríos: Ley N° 9671 (Ámbito de aplicación: Público y Privado);
-Santa Fe: Ley N° 12434 (Ámbito de aplicación: Administración Pública del Estado Provincial- comprendiendo también al Poder Judicial y al Poder Legislativo-, Municipal y Comunal.);
-Tucumán: Ley N° 7232 (Ámbito de aplicación: Poderes del Estado Provincial, Municipios, Comunas y Entes Autárquicos y descentralizados provinciales y municipales);
-C.A.B.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Ley Local N° 1225. (Ámbito de aplicación: Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial Comunas, Sindicatura General.
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNC
La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) declaró de interés general y adhirió al Proyecto de Ley Provincial contra la violencia laboral presentada por el legislador Ezequiel Peressini en la Legislatura de Córdoba. La resolución fue tomada a partir de un trámite iniciado por Cafure.
Entre las razones que fundaron la decisión, la Facultad de Derecho afirma que “adhiere al proyecto, haciéndose eco de la urgente necesidad de una legislación específica y en correspondencia con los claros mandatos constitucionales, lo que nos impide mantenernos ajenos a esta problemática. Como institución de educación superior, sostenemos de manera incansable, el compromiso de instrumentar los medios necesarios para tutelar de manera efectiva los derechos y principios consagrados en instrumentos internacionales y en nuestra Carta Magna como la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos”.
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