“Se están planteando un montón de cosas. El estacionamiento de esta conchuda que cose ahí. Tiene el auto de ‘Bulón’ estacionado todo el día ahí en la puerta. No sé si se la come ‘Bulón’ o no sé quién. Qué sé yo si la mina no tiene clientes, pero es porque es inepta. Yo le he llevado para que cambie un cierre y ha demorado dos meses”.
Seis oraciones, 67 palabras, 331 caracteres. Todo por la módica suma de 135 mil pesos.
Así de caro le salió su improperio a Rafael Jiménez, director de Turismo, Cultura y Deportes de Salsipuedes, del que fue destinataria y víctima la comerciante Silvia Andrea Ruiz.
Su “derrape” ocurrió el 8 de noviembre, un día después de que tuviera lugar una reunión de 63 comerciantes de Salsipuedes con el intendente Marcelo Bustos, donde le expresaban su rechazo a la peatonalización de una calle céntrica.
Local de la mujer injuriada: “El funcionario se refiere al local de esta comerciante, que trabaja en la confección y venta de textiles”.
Algo que es muy frecuente en estas épocas, el grupo de comerciantes armó un grupo de Whatsapp para compartir opiniones e iniciativas, y habían incluido al funcionario municipal “con la finalidad de informarse mutuamente, sugerir cursos de acción”, según detalla el expediente.
Pero algo pasó: al día siguiente de la reunión, el director de Cultura se despachó en el grupo con el mensaje con el que se inicia esta nota. Creía estar enviando el mensaje de manera privada a Pedro Ávila, panadero de la Ruta E53. Pero no fue así.
Sus palabras resultaron sumamente agraviantes en relación a la comerciante de calle Horacio Torres. Y dispararon el inicio de esta causa que acaba de concluir con una conciliación entre las partes, aunque con algunas salvedades.
En la audiencia de conciliación celebrada el 29 de abril ante la jueza María Antonia de la Rúa, de la Cámara Criminal y Correccional de 4ª Nominación, el funcionario no tuvo otra que “bajar la cabeza”, avenirse a la demanda, pedir disculpas, y –claro está- ofrecer una indemnización económica de 85 mil pesos. El miedo a ser condenado penalmente seguramente influyó para que su abogado, Fernando Martínez Paz, le aconsejara buscar un arreglo para extinguir la acción, algo que se puede hacer sólo por el hecho de tratarse un delito de acción privada.
Así lo entendió también el abogado Oscar Vera Barros, quien patrocinaba la querella de Silvia Ruiz, junto con la abogada Elisa Garzón.
El acuerdo al que finalmente llegaron no sólo incluyó la indemnización propuesta y acordada por las partes, sino que el injuriante fue obligado a cubrir los costos de los abogados que intervinieron en el proceso, además de una jugosa tasa de justicia. Todo implicó una suma extra de 40800 pesos. Además se comprometió a retractarse en el mismo grupo de Whatsapp donde había sido la ofensa, y publicar una solicitada en el medio local de Sierras Chicas “El Milenio”, a su costo y cargo.
Para la justicia, constituyó violencia de género.
En su resolución, la jueza De la Rúa se dirige a Jiménez, a quien “exhorta a reflexionar sobre el carácter ofensivo para la mujer y como tal constitutivo de una forma de violencia de género, de las expresiones por el proferidas en perjuicio de la querellante”.
En ese sentido, el abogado Vera Barros destacó que en la resolución de este conflicto no solamente se haya valorado el hecho objetivo de que se cometieron injurias, “sino que también se ha determinado que constituía violencia de género, y se lo ha invitado al querellado a reflexionar sobre dos cuestiones: que él es un funcionario público, y que sus expresiones constituyen violencia de género”, según explicó en diálogo con ENREDACCIÓN.
Aunque estuvo cerca, finalmente el prontuario de Jiménez no sumó una condena. Pero el improperio le terminará saliendo algo más de 135 mil pesos.
