Ariel Giménez, el acusado de cavar los pozos para que se entierren los cuerpos de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, se negó a declarar este lunes ante el fiscal Adrián Arribas, al tiempo que la Policía detuvo a Florencia Ibáñez, la sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro, el hombre de nacionalidad boliviana que manejó la camioneta Chevrolet Tracker blanca donde viajaron las tres víctimas de La Matanza a Florencio Varela, por considerarla partícipe.
Según supo la agencia Noticias Argentinas, el sindicado no prestó testimonio en la sede judicial y quedó alojado en la DDI La Matanza.
Giménez habría sido contratado por la banda narco para hacer el pozo en la vivienda donde mataron a las adolescentes y sepultarlas ahí mismo luego de torturarlas.
Por su parte, Florencia Ibáñez, la sobrina de Víctor Sotacuro, fue arrestada luego de brindar una entrevista en el canal A24, en el barrio porteño de Colegiales, por ser considerada partícipe en el traslado de las víctimas desde La Matanza a la vivienda de la zona sur del conurbano, de acuerdo a fuentes del caso.
La mujer estaba en un supuesto auto de apoyo -un Volkswagen Fox- junto a su tío, conforme al registro de las imágenes de seguridad.
El defensor Guillermo Endi dialogó con la prensa y afirmó que su asistida es “inocente”, a la vez que denunció “amenazas” contra la sobrina de Sotacuro.
Efectivos de la DDI La Matanza y Policía de la Ciudad se dirigieron hasta el edificio del canal y apresaron a la implicada, quien fue trasladada a la zona oeste del conurbano, al tiempo que prestaría testimonio este martes ante el fiscal Adrián Arribas.
A su vez, Sotacuro declararía a través de una videollamada, pero el funcionario judicial pretende que la comparecencia se lleve a cabo presencialmente. Tras su arresto fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Jujuy y este domingo fue derivado a la provincia de Buenos Aires donde se aloja en el penal de Sierra Chica.
Se estima que los dos últimos detenidos serán acusados del delito de encubrimiento agravado, pese a que ambos cumplieron diversos roles en el caso.
Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, el líder narco peruano que habría sido el autor ideológico de los crímenes permanece prófugo, mientras que también continúa la búsqueda de su “mano derecha”, Matías Agustín Ozorio, de 23 años, sobre quien pesa una orden de captura internacional.
En tanto, familiares de Brenda Loreley Del Castillo, una de las damnificadas de 20 años, se reunieron este mediodía con el abogado Fernando Burlando en su despacho de Puerto Madero.
Javier Baños, integrante del equipo de Burlando, sostuvo que “Pequeño J no es el único responsable” y que “este delito merece la pena de muerte”.
“No tienen perdón de Dios, este delito merece la pena de muerte”, expuso Baños ante la prensa a la salida del encuentro con los familiares.
En este sentido, sostuvo que no existe “posibilidad de reinserción si hubo tanta maldad” y que una persona que le “cortó los dedos a una chica de 15 años no merece otra resolución de pena”.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
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