Juan Aciar, el niño de 13 años que murió como consecuencia de una descarga eléctrica. Foto Relevandopeligros.com
La Cámara 7° del Crimen finalizó ayer el juicio por la muerte de Juan Aciar, el chico de 13 años que en diciembre de 2009 se electrocutó en barrio Jardín. Los jueces dictaron penas de tres años de prisión en suspenso por “homicidio culposo” para Diego Federico Nievas y Manuel Adrián Molina, los dos acusados.
Aciar murió la tarde del 23 de diciembre de ese año, cuando en medio de una intensa tormenta intentó ayudar a un adulto cruzar la calle Javier Díaz -inundada de lado a lado por la lluvia- y tocó un cesto de basura que estaba electrificado.
Todo sucedió al frente del local Motos Centro S.A propiedad de Nievas, que en ese momento estaba reparando un cartel luminoso, amarrado al basurero. Molina era el electricista encargado de esa conexión. Como parte de la demanda civil, tendrán que pagar 550 mil pesos a la familia.
Ambos fueron llevados a juicio por la muerte del adolescente siete años después del hecho. En el piso dos de Tribunales de Córdoba, la sentencia se vivió con mucha ansiedad. Fue un caso de mucha repercusión ya que a partir de la muerte de su hijo, Sandra Meyer, empujada por el dolor, logró que diversos organismos públicos recibieran sus inquietudes de seguridad urbana y creó la organización “Relevando Peligros” (www.relevandopeligros.org). La organización fue impulsora de la Ley de Seguridad Eléctrica que debía entrar en vigencia en estos días pero fue suspendida este miércoles. Ante los medios, la mujer señaló que esperaba una condena más severa. “No era lo que estábamos esperando, pero vamos a seguir. Esperábamos una condena efectiva, ejemplificadora para la sociedad de Córdoba”, dijo.
El fallo fue leído por el juez unipersonal José Daniel Cesano. Además de los tres años de prisión en suspenso para ambos acusados, impuso al electricista una inhabilitación por cinco años para ejercer.
También deberán hacer tareas solidarias en una institución pública. En el mismo veredicto el juez pidió remitir antecedentes a la fiscalía de turno para indagar la responsabilidad de funcionarios municipales en el control de cartelería.
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