Cristo Luz II, nombre con el que funciona un geriátrico pleno de irregularidades en San Vicente.
Dos meses. Apenas 60 días tardaron los familiares de Irma en darse cuenta de que ese geriátrico no era para ella.
Habían llegado por recomendación de una vecina. “Sabíamos que esta gente tenía un geriátrico en barrio General Paz, pero preferimos el de San Vicente porque nos gustó ese patio tan espacioso, el sol que les hace tanto bien a los ancianos, y nos pareció que sería lo ideal para mi suegra, que necesitaba algo de espacio para moverse”, admitió Fabiana, nuera de la mujer hogarizada.
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Al principio las cosas parecieron marchar bien. Pero no duró mucho. Pronto doña Irma -83 años, diabética y con un alto grado de dependencia- comenzó a desmejorarse. “Perdió mucho peso y nos dimos cuenta de que no los alimentaban bien”, relató la mujer. “Una tarde llegamos a las seis y media y ya estaba dormida. Nos dijeron que como estaba cansada no había querido comer. Y sabemos que eso no puede ser así”.
Al finalizar febrero de este año, los familiares de Irma decidieron interrumpir la internación, que tenía un costo de 15 mil pesos mensuales. La señora estaba muy flaquita, con señales de deshidratación y muy desmejorada. Y se la llevaron a otro geriátrico, aunque ya con daños probablemente irreparables. “No digo que sea ciento por ciento culpa de este lugar, pero realmente contribuyeron a que mi suegra desmejorara”, se lamentó la mujer.
SEIS HOGARES EN UN HOGAR
El Hogar Cristo Luz II funciona en barrio San Vicente, sobre calle Diego de Torres 768, a dos cuadras del Suquía. Incrustada entre los galpones que dejaron las antiguas curtiembres que funcionaban en ese sector de la ciudad, allí se levanta una vieja casona de tejados colorados y dos plantas, con reja adelante y un amplio y luminoso patrio trasero.
Precisamente, con esa dirección, Diego de Torres 768, figuran inscriptos en AFIP al menos seis personas físicas o jurídicas contribuyentes, todas con habilitación vigente y todas inscriptos bajo la nomenclatura 870210, que corresponde a la actividad de “SERVICIOS DE ATENCIÓN A ANCIANOS CON ALOJAMIENTO”.
- Ese inmueble es declarado como domicilio de actividad de la sociedad de hecho constituida por Claudia Analía Oliva Wunderlin y Juan Carlos Reolón, bajo el CUIT 30-71377040-6. Tal sociedad declara no tener empleados ni registra impuestos activos. Informa al fisco ingresos anuales por 430 mil pesos y tributa bajo la categoría E del Monotributo.
- Igual domicilio tiene la inscripción de Lidia Ellero, 81 años, domiciliada en una pequeña vivienda de barrio Yofre Norte a la que se accede por una puerta de chapa atrapada entre dos casas de repuestos.
- Otro que figura con la misma dirección fiscal es Carlos Adolfo Liendo, 38 años, presumiblemente de profesión jardinero, inscripto en AFIP bajo el Registro de Seguridad Social como Empleador y declarando ingresos brutos anuales por 322.575 pesos.
- La lista sigue, e incluye la sociedad de hecho conformada por Hugo Eduardo Bazán y Analía Oliva Wunderlin. En ese caso, no se registran impuestos activos y no se declaran como empleadores.
- Se agrega a ello otra inscripción de actividad con esa misma dirección, esta vez a nombre de la propia Analia Oliva Wunderlin, esta vez por cuenta propia, sin declarar empleados ni registrar impuestos activos.
- La última de las inscripciones en ese domicilio es la de Sanabria María Daniela, 40 años, santiagueña, presumiblemente empleada doméstica de Oliva Wunderlin, a cuyo nombre se halla actualmente inscripto el geriátrico. Sanabria figura como tributante activa del Impuesto a las Ganancias, Responsable Inscripto de IVA, aportante de Ganancias Personas Físicas, e inscripta bajo el Régimen de Trabajadores Autónomos T3, en el Régimen de Seguridad Social como Empleador, y en el Régimen Informativo de Compras y Ventas del mismo organismo recaudador.
Está claro que no funcionan en ese lugar seis geriátricos sino una única institución. Y también parece bastante visible que el motivo de las diferentes “pieles” tributarias con las que se ha vestido esta empresa no es otro que una clara finalidad de escurrirse de las responsabilidades fiscales y de la seguridad social, pese a que cada mes, por cada uno de los 25 ancianos internados, cobran del Estado, de las obras sociales o del bolsillo de los mismos familiares, cifras que en el menor de los casos arrancan en 13.500 pesos.
LA TESTAFERRO DE OJO DE AGUA
El 23 de febrero de este año le fue estampado el sello a la documentación que con ansiedad esperaba recibir Analia Oliva Wunderlin, la dueña del hogar de ancianos.
El Ministerio de Salud de la Provincia, a través del Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud (R.U.Ge.Pre.Sa.), resolvía “aprobar las actuaciones relacionadas con el establecimiento RESIDENCIA GERIÁTRICA PRIVADA CRISTO LUZ II”, y con ello otorgar la habilitación por un año para funcionar con 25 camas.
Pero llamativamente, la nota iba cursada a la “propietaria” del geriátrico, la “Sra. Sanabria, María Daniela”, quien figura como titular.
Habilitación oficial por un año otorgada por el Ministerio de Salud. Es dada a nombre de Daniela Sanabria.
Parece bastante visible que el motivo de las diferentes “pieles” tributarias con las que se ha vestido esta empresa no es otro que una clara finalidad de escurrirse de las responsabilidades fiscales y de la seguridad social”.
Según apuntan exempleados del geriátrico, Daniela Sanabria, una joven oriunda de Ojo de Agua, pueblito de 6 mil habitantes en el sur de Santiago del Estero, trabajó como empleada “cama adentro” en el domicilio de Oliva Wunderlin y su esposo Juan Carlos Reolón.
Pero “llamativamente”, la joven santiagueña pasó a convertirse en la dueña de una empresa privada con al menos una docena de empleados y una importante propiedad inmueble, y a figurar como contribuyente de diversos tributos federales y provinciales que dan cuenta de un importante movimiento de activos.
Pese a ello, las fotos de su hogar familiar que la propia Sanabria comparte en su perfil de Facebook permiten al menos poner en duda la realidad del párrafo anterior.
Selfie de Sanabria en una típica mesa familiar en Santiago del Estero, con patio de tierra a la sombra de un algarrobo.
Es por eso que todo hace suponer que naturalmente la joven santiagueña no es la dueña del “Cristo Luz II”, sino simplemente una prestanombres que hace de pantalla de sus verdaderos propietarios.
Tal presunción se vuelve certeza cuando se accede a la escritura de poder general de administración y disposición que la propia Daniela Sanabria firmó en favor de Claudia Oliva Wunderlin (44) y su marido Juan Carlos Reolon (50), el día 8 de enero de 2016, ante la escribana Haydée Teresita Pieri Conti (titular del registro 379).
“Las Cláusulas precedentes no son limitativas si no meramente enunciativas, otorgando por la presente todas las facultades de ley sin limitación ni restricción alguna”, dice la Actuación Notarial de la escribana Pieri Conti, la cual abunda en detalles sobre las facultades que la “empresaria” Sanabria les confiere a sus apoderados.
En esa escritura de ocho fojas a la que accedió ENREDACCIÓN, Sanabria declara domicilio en la calle Miguel Angel Mossi 342 de Ojo de Agua, y le otorga un amplísimo poder al matrimonio Reolon Oliva, para que “en su nombre y representación, intervengan indistintamente en todos sus negocios y asuntos de orden administrativo, comercial, judicial, laboral, penal, cualquiera fuere su naturaleza y la jurisdicción a que correspondan, CON PODER DE SUSTITUCIÓN TOTAL O PARCIAL”, según reza el mismo instrumento, del cual incluso se respetan las mayúsculas.
Las ocho fojas de la Escritura en que Sanabria otorga poder absoluto e incondicional a sus verdaderos patrones para hacer en su nombre lo que se propongan.
Como si tal formulación no fuera lo suficientemente amplia, la Actuación Notarial de la escribana Pieri Conti abunda en detalles sobre las facultades que la “empresaria” Sanabria les confiere a sus apoderados. Ello incluye gestiones administrativas, adquisición y enajenación de bienes, locación de obras y servicios, depósitos y operaciones bancarias, cobranzas y percepciones, poder para conferir poderes y otros actos jurídicos y otorgamiento de escrituras. Cada uno de esos puntos incluye en la escritura abundantísimas descripciones, pero aún así, al final el texto aclara: “Las Cláusulas precedentes no son limitativas si no meramente enunciativas, otorgando por la presente todas las facultades de ley sin limitación ni restricción alguna”.
SIN RESPONSABILIDADES
La razón del ardid de colocar a Sanabria como titular de la entidad parece apuntar directamente a una maniobra tanto para evadir impuestos provinciales y federales, como para desligarse de responsabilidades contractuales por los empleados, o incluso civiles (o eventualmente penales) por los pacientes del geriátrico.
Similar maniobra llevaron adelante usando el nombre de Carlos Adolfo Liendo (38), quien en una posición similar a la de Sanabria, figura como empleador de muchos de los trabajadores del geriátrico, al punto que su nombre y datos tributarios aparecen en el membrete de los recibos de sueldo.
En el padrón electoral, de Liendo no se informa profesión alguna, y figura domiciliado en Leonardo da Vinci 1025, sector donde se levanta una casa humilde de dos pisos y sin revoque, a unas diez cuadras del geriátrico.
En esta sencilla vivienda de Leonardo Da Vinci 1075 reside quien supuestamente es uno de los propietarios del geriátrico de San Vicente.
El dato sobre estas dos personas lo aporta Sandra H., una exsupervisora del geriátrico, quien asegura que Liendo “trabajaba como jardinero en la casa de la dueña”. Y en este caso, al igual que en el de Sanabria, no hay motivos para pensar que se haya dado una asombrosa movilidad ascendente.
El nombre de Liendo figura también en los particulares “Contratos de trabajo a prueba” que la verdadera dueña les hace firmar a los empleados. En tales contratos –que violan toda normativa laboral vigente–, figura “Carlos Adolfo Liendo… en su calidad de empleador, constituyendo domicilio legal” en la casona de Diego de Torres 768.
Ese particular instrumento es el que utiliza Oliva Wunderlin y su marido para dar algún vestigio de formalidad a los vínculos laborales con los que incorporan a trabajadores de las distintas áreas funcionales del hogar para ancianos.
En el caso del documento que llegó a manos de este medio, se contrata con fecha 29 de febrero de 2017 a un joven para desempeñarse como auxiliar de enfermería, establece fechas de finalización, hace que el dependiente renuncie a toda indemnización, y lo pone sujeto a las “disposiciones reglamentarias dictadas o que dicte el empleador”, el cual incluso podrá disponer “cambios de horarios y de tareas que considere necesarios durante el tiempo de su prestación”.
Uno de los contratos que hacen firmar a los empleados, a quienes tienen “eternamente” a prueba.
El caso es que este tipo de contratos supuestamente a prueba, eran en muchos casos el único vínculo legal que unía a empleados con empleador (que en realidad era un testaferro), y según señala la exsupervisora, aplicaban la modalidad “de firmar un nuevo contrato a prueba una vez que se extinguía el anterior”. Con lo cual, los empleados podían llegar a pasar años con esos precarios contratos, siempre bajo condición “a prueba”.
Sandra H. asegura incluso que los recibos de sueldos que firmaban los empleados correspondientes a remuneraciones de ley acordes al Convenio Colectivo de Trabajo de los empelados de Geriátricos, “no era en realidad la suma que se les pagaba”. En palabras de la exempleada, “te hacían firmar por un salario de convenio, pero en mano te pagaban mucho menos”.
Los recibos de sueldos que firmaban los empleados correspondientes a remuneraciones de ley acordes al Convenio Colectivo de Trabajo de los empelados de Geriátricos, “no era en realidad la suma que se les pagaba”. En palabras de la exempleada, “te hacían firmar por un salario de convenio, pero en mano te pagaban mucho menos”.
Pese a estas irregularidades, los dueños de la institución se manejaban con “absoluta tranquilidad”, según señaló Sandra H. Y en ese sentido recuerda la llegada de una Cédula de Nofiticación judicial en la primera semana de marzo, por una causa de un despido de una empleada. En esa notificación eran intimados Oliva Wunderlin y Reolon a presentarse a una audiencia por un juicio laboral ante la Sala 5ta de la Cámara del Trabajo. Cuando la entonces supervisora le avisó telefónicamente a la dueña sobre la novedad, la respuesta fue insólita: “Quedate tranquila, no pasa nada con esas causas. Está todo arreglado”.
A TRABAJAR GRATIS
Aún con todo ello, quienes firmaban y volvían a firmar contratos “a prueba” y cobraban cifras por debajo de lo que firmaban, tal vez podrían considerarse “privilegiados” dentro del esquema impuesto por los dueños de esta entidad.
Al menos así fue lo que indicaron dos jóvenes que en los últimos meses fueron contratadas “a prueba”, y tras cumplir al menos dos jornadas de trabajo, no recibieron remuneración alguna.
Uno de los casos documentados fue el de Ivana Suarez, quien concurrió en noviembre de 2017 por un aviso para tareas de limpieza. “Supuestamente iba un solo día a prueba, pero después me dijeron que me iban a probar un día más”, contó Ivana, quien cumplió esas dos jornadas de ocho horas sin recibir remuneración alguna, tras lo cual le avisaron que “había quedado”. Luego de ello trabajó dos días más por los que sí recibió paga. “Entonces me dijeron que había trabajado bien, pero que me iban a volver a llamar recién el mes que viene porque estaban sin dinero”, contó. Después de eso no volvió a ser convocada.
Un caso mucho más reciente fue el de Mari Díaz, quien luego de ver un aviso en los Clasificados de La Voz del Interior, fue contratada para realizar servicios de limpieza. Luego de dialogar telefónicamente con la dueña, se presentó el domingo último a las 7 de la mañana. “Estuve todo el día trabajando, una jornada completa de ocho horas”, le contó Mari a este medio. “Al finalizar la jornada, intenté comunicarme con ella para saber los pasos a seguir, y nunca más me contestó. Lee mis mensajes, pero no responde”, dijo ofuscada. Al lunes siguiente se presentó en el mismo geriátrico, y fue entonces que otras dependientes le avisaron que “los días de prueba no se pagan en los geriátricos”.
Mari Díaz aseguró que la hicieron trabajar ocho horas sin paga alguna, argumentándole que se trataba de una prueba.
Además de la desazón por no obtener el trabajo y por no haber recibido paga por dos o por una jornada completa de trabajo, ambas fallidas empleadas -por separado- coincidieron en criticar el estado de los ancianos que ahí se albergan.
“Es pésima la atención en el lugar, y la manera en que están los abuelos internados. Un desastre”, aseguró Ivana Suárez.
A los abuelos que de alguna manera necesitan más atención los ataban con sábanas a una silla, y pude ver personas con enfermedades en una parte del geriátrico, como si fuera un internado”, aseguró una de las empleadas de paso efímero por Cristo Luz.
Más explícita fue Mari Díaz. “En un momento del día se cayó un abuelito y estaba solo. Yo estaba en el comedor con los demás abuelos y nadie vino a socorrerlo”, contó. También señaló que “en el mismo lugar, saliendo como a un patio, tienen a una persona adulta para mi pensar aislado de los demás abuelos y su habitación estaba llena de mugre y tierra”. Aclaró que los baños disponen de “barandas de seguridad”, pero dijo que antes de que ella se encargara de limpiarlos, el lugar “no se aguantaba”.
Luego agregó que “a los abuelos que de alguna manera necesitan más atención los ataban con sábanas a una silla”, y afirmó haber visto “personas con enfermedades en una parte del geriátrico, como si fuera un internado”.
Sandra H., la exsupevisora, asegura que la alimentación “es escasa”, señala que las latas de Ensure (leche fortificada en polvo) que les son recetadas y administradas por motivos clínicos a algunos abuelos, son utilizadas para “reforzar en general la comida de todos”. Sostiene que la provisión de carne es pobrísima, y en muchos casos, mientras ella estuvo trabajando ahí, llegaba en mal estado, pero le obligaban a que le ordene a la cocinera que la utilizara. La fruta era comprada “a un hombre con un carro que pasaba una vez por semana”, y por lo general llegaba en muy mal estado y en ínfima cantidad.
En el Ministerio de Salud de la Provincia se han acumulado varias denuncias por las irregularidades tanto sanitarias como laborales en esta institución. Ello no parece haber hecho mella para que –sin inspección alguna–, se le haya vuelto a extender una habilitación, que les permite continuar.
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