El legislador provincial Dante Rossi (UCR) presentó un pedido de juicio político contra el fiscal General de la provincia, Juan Manuel Delgado, con el objetivo de removerlo de su cargo. Rossi denuncia que se encuentra “incurso en las causales de mal desempeño e indignidad en el ejercicio de sus funciones”.
Delgado, junto con el fiscal Adjunto, Pablo Bustos Fierro, emitió un dictamen en la causa “García Elorrio Aurelio c/ Poder Ejecutivo Provincial- Amparo”, solicitando que se deje de aplicar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (I.V.E) hasta que se resuelva el caso. El dictamen, además, reconoce personería a Aurelio García Elorrio y al Portal de Belén en representación de “las personas por nacer”.
Rossi expresa en su presentación que “la jornada del día 12 de agosto del año 2021 en Córdoba nos deparaba una nueva muestra del deterioro de las instituciones y la ausencia de independencia de poderes, poniéndose en escena un claro intento de vulneración de derechos”.
Dice el legislador alfonsinista que “la intervención del Fiscal General de manera personal suscribiendo el Dictamen Nº 607 que da lugar a la formulación de denuncia de Juicio Político se realiza con posterioridad a la recusación con causa planteada por la “Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), la Asociación Civil por el Derecho a Decidir y la Clínica de Litigio de Intereé Publico (CLIP) por la que se objeta justamente la intervención de quien sorpresiva y desafiantemente suscribe el dictamen”.
Agrega el legislador que “a escasos días de objetar dicha recusación la Fiscalía General emite un dictamen que, por su contenido y en particular por quien lo suscribe es una clara demostración no solo de mal desempeño sino de la indignidad de un funcionario que ha demostrado a poco de asumir con grandes cuestionamientos, “una ineptitud moral e intelectual para ocupar su cargo”.
Plantea luego que en una secuencia, “entre la posición mantenida por los diputados y diputadas nacionales que responden al gobierno provincial en sendas votaciones al momento del tratamiento de la IVE y este dictamen, se puede observar una misma línea argumentativa que no hace otra cosa que sostener un posicionamiento ideológico que atenta no sólo contra el sistema normativo vigente sino, lo que es más peligroso aun, contra el derecho de cientos de cordobesas y cordobeses que, de proceder la suspensión del derecho a acceder a la IVE por medio de una medida cautelar, implicaría un retroceso y un daño irreparable y en desventaja respecto de otras habitantes del país”.
Señala posteriormente que “el Fiscal General ha incurrido en mal desempeño y aun mas, en un abuso de autoridad toda vez que su actuación en la causa que motiva su dictamen, ha sido recusado por dos organizaciones No Gubernamentales de reconocida trayectoria en Córdoba, ello sin dejar de mencionar que su designación fue oportunamente cuestionada por parte de la oposición política al partido gobernante y del colectivo de mujeres y disidencias por su sesgo ideológico contrario a la ampliación de derechos”.
Rossi indica que “la posición del Fiscal General no es aislada, conclusión a la que arribamos cuando recordamos su pertenencia política y funcional al gobierno provincial. A partir de ello podremos comprender como el gobierno provincial nuevamente propicia obstáculos, imposibilita y entorpece el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, impidiendo el acceso a las mujeres al ejercicio de derechos que se encuentran hoy y gracias a la sancion de la Ley 27.610 vigentes”.
El legislador provincial Dante Rossi (UCR).
Luego afirma que “las personas gestantes en la Provincia de Córdoba nuevamente son discriminadas, y el dictamen del Fiscal General no es otra cosa que una muestra de que en Córdoba el ejercicio pleno de derechos es solo para algunos y algunas”, y denuncia que “la igualdad y la perspectiva de género, es en Córdoba tan solo un slogan electoral”.
En ese sentido argumenta que “la Provincia se encuentra ubicada en un triste y doloroso segundo lugar en cantidad de mujeres muertas en manos de sus femicidas, sin dejar de mencionar la paupérrima asignación presupuestaria para ayudas a personas en situación de violencias. (…) Un verdadero enfoque de derechos humanos exige que los derechos sean accesibles, disponibles y que su goce sea continuo y con calidad”.
Finalmente, resalta que “Córdoba se encuentra nuevamente encabezando el ranking de vulneración de derechos. Ese es el cordobesismo que intenta perpetuarse”.
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