El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, calificó este miércoles de “inadmisible” la protesta de efectivos de la Policía Bonaerense en la Quinta de Olivos.
Rodríguez Larreta escribió en su cuenta de la red social Twitter: “No es la forma ni el lugar”, y sostuvo que “es inadmisible la presencia de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la Quinta Presidencial de Olivos”.
“El reclamo salarial debe ser canalizado en el ámbito que corresponda”, expresó, y manifestó que “el diálogo es el camino”.
Por su parte, el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, planteó en un tuit que “estamos viviendo en Democracia y es inadmisible que fuerzas de seguridad estén rodeando la residencia del presidente de la Nacion, Alberto Fernández, con el fin de ejercer presión. Estas acciones socavan la institucionalidad del país”.
En tanto, el presidente del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, afirmó en la misma red social que “es inaceptable la presencia de policías bonaerenses en la Quinta Presidencial de Olivos”, aunque aclaró que “el reclamo salarial es justo y debe ser resuelto por las autoridades provinciales”.
El jefe del interbloque Juntos por el Cambio del Senado, Luis Naidenoff, dijo a su vez que “hay que enviar una señal muy fuerte. El derecho de protesta debe encauzarse en los canales institucionales de la Argentina”, sostuvo, y reclamó que “en esta Argentina que vive en un péndulo de extremo a extremo, las pasiones no nos ganen”.
El senador nacional radical Martín Lousteau reclamó “bajar el nivel de la confrontación y el agravio fácil” y agregó que “la protesta policial debe hacerse en el marco del respeto y la subordinación a las autoridades democráticas”.
El presidente del bloque radical de la Cámara de Diputados, Mario Negri, aseguró que “un reclamo laboral de quienes deben trabajar por la seguridad de los argentinos es legítimo”, pero advirtió que “es inaceptable que su canal de expresión sea una manifestación de los uniformados ante la Quinta de Olivos”, pues “no se puede poner en jaque las instituciones democráticas de ese modo”.
El diputado Facundo Suárez Lastra (UCR) afirmó que “la Quinta de Olivos no es el lugar donde el personal de la policía de la Provincia de Buenos Aires debe hacer sus reclamos. Este accionar genera incertidumbre y preocupación. No es el momento, el lugar ni el modo”.
Por su parte, el también diputado nacional del radicalismo Fabio Quetglas subrayó que “los reclamos siempre deben guardar una proporcionalidad; más aún en servicios públicos y por supuesto más si se trata de fuerzas de seguridad”.
El bloque de diputados nacionales del PRO consideró que “la presencia de efectivos armados alrededor de la Quinta de Olivos solo deslegitima el reclamo justo de la Policía de la Provincia”, e hizo un llamamiento a las partes “a darle una salida al conflicto por el bien de todos los bonaerenses”.
Por su parte, el vicepresidente de la Cámara y ex titular del bloque macrista en Diputados, Alvaro González, escribió: “El reclamo salarial de la policía debe ser escuchado, el gobierno provincial debe poner todo el empeño para resolver este conflicto”.
La diputada nacional bonaerense Silvia Lospennato, secretaria parlamentaria de la bancada del PRO, instó a “que un reclamo legítimo no se transforme en un acto ilegítimo” y dijo que “el derecho constitucional de peticionar a las autoridades debe partir del respeto irrestricto a las autoridades legalmente constituidas. Sí al legítimo reclamo policial pero no de cualquier forma”.
El diputado nacional del PRO Ezequiel Fernández Langan expresó: “A favor del legítimo reclamo de la policía bonaerense. El lugar para hacerlo no es en la Quinta de Olivos”.
La Unión Cívica Radical (UCR) de Capital Federal afirmó en un comunicado firmado por su presidente, Guillermo de Maya, que “en democracia es inadmisible” que policías con armas de fuego “provistas por el pueblo para defender al pueblo” rodee la Quinta de Olivos, y destacó que “postales como las de hoy nos retrotraen a las noches más oscuras de nuestra historia reciente”.
El texto también lleva la firma de los legisladores porteños Juan Nosiglia, Leandro Halperín, Diego Weck, Marcelo Guouman y Ariel Álvarez Palma, los diputados nacionales Emiliano Yacobitti y Dolores Martínez y las auditoras Generales de la Ciudad, Raquel Herrero y Mariela Coletta.
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