El tema de los aumentos de las tarifas de luz, gas y agua puede desembocar en la aprobación de un proyecto que ponga en línea salarios con tarifas. La iniciativa original de los diputados Marco Lavagna (Frente Renovador) y Diego Bossio (Bloque Justicialista) suma ahora a todos los diputados de los cinco grupos peronistas: FPV/PJ, Argentina Federal, Frente Renovador, el PJ de Florencio Randazzo, y el peronismo de la provincia de San Luis. Socialistas, la izquierda del FIT, Libres del Sur y Movimiento Evita completan la alianza contra el oficialismo. En las votaciones de la semana pasada, consiguieron 132 votos, suficiente para obtener la aprobación de la iniciativa si logran dictamen de comisión. Tras la presión ejercida por los diputados opositores, el oficialismo aceptó convocar para este miércoles a las 14 a la Comisión de Presupuesto.
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La iniciativa busca que los aumentos de tarifas de servicios públicos no puedan exceder el promedio de los salarios para usuarios residenciales, y además que las tarifas sean estables por 12 meses. En el caso de las Pymes, cooperativas de trabajo y empresas recuperadas, los incrementos no podrán ir por encima del IPC mayorista.
Se propone además la eliminación del incremento diferencial del IVA para las empresas, y por el término de 12 meses se prevé que la alícuota de los servicios públicos regulados en esta ley se establezca en 10,5%. En igual sentido, se contempla la prohibición de crear nuevos tributos que alteren la tarifa final.
Con este proyecto, el PJ Dialoguista Anti-K, que se reunió la semana pasada en Córdoba, busca presentarse en sociedad frente al presidente Mauricio Macri. Paradójicamente, contará con el apoyo del peronismo kirchnerista. Aquí, el que tiene un juego relevante es el ex vice gobernador de la provincia, Martín Llaryora.
Si hay dictamen en la Comisión de Presupuesto, la proposición se tratará en la sesión ordinaria del miércoles 9 de mayo. Luego iría al Senado, donde el bloque de Argentina Federal presentó un proyecto idéntico, que también contaría con la adhesión del bloque cristinista.
LAS CLAVES DEL PROYECTO OPOSITOR
-Alinear los aumentos de tarifas con el incremento de salarios en los consumos residenciales.
-Eliminar la inflación y la dolarización como ejes de la indexación.
-Pymes, comercios e industrias sufrirían aumentos en relación al IPC mayorista.
Cambiemos aceptó convocar a la Comisión de Presupuesto y se prepara para ver cómo, una vez más, los bloques restantes se unen en torno al proyecto para frenar los “tarifazos”. Fue Mario Negri, jefe del interbloque oficialista, quien anunció en el recinto la decisión de convocar a Presupuesto, la comisión que faltaba para completar el tratamiento ordinario de la iniciativa opositora, que ya tenía dictamen favorable de Obras Públicas y de Defensa del Consumidor.
La Cámara de Diputados ingresó desde hace dos semanas en una virtual paralización, como respuesta de la oposición a la negativa de tratar el proyecto anti-tarifazos por parte del oficialismo nacional. Por ejemplo, no ha podido ser aprobada la Ley de Financiamiento Productivo, pedida por el presidente Mauricio Macri.
Con este escenario, el interbloque que preside Mario Negri probablemente tenga que conformarse con ver avanzar el proyecto en ambas cámaras y esperar a que el Gobierno eche mano a un último salvavidas: el veto. Sería la misma fórmula aplicada en 2016, con la llamada Ley Anti-despidos que votó la oposición.
Sin embargo, en Presupuesto, el bloque Justicialista, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria-PJ juntan 22 integrantes, contra los 23 de Cambiemos. Fuentes de la alianza opositora señalan que llegarán a 25 diputados con el apoyo del puntano Ivana Bianchi (Compromiso Federal), el misionero Jorge Franco y la santiagueña Norma Abdala de Matarazzo (Frente Cívico Santiagueño). Con ellos, llegarían a 25. El gobierno, en cambio, cuenta que Martín Lousteau (Evolución) no firmará el dictamen y trabajan contra reloj para evitar que se sumen los diputados de Misiones y Santiago del Estero, con lo que quedarían igualados en 23. Si esto sucede, no habría dictamen.
Dos cordobeses integran esta comisión: Nicolás Massot y Llaryora. La pulseada es de alto voltaje político y económico. Si la oposición logra imponer esta iniciativa pondrá en jaque el sistema de acuerdos con el que el gobierno nacional pudo llevar adelante su gestión pese a estar en minoría y también uno de los ejes de la política macroeconómica del gobierno, como ha sido el aumento de las tarifas de servicios públicos a fin de reducir los subsidios.
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