Ahorristas damnificados por el token $LIBRA presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Nueva York. La presentación menciona al presidente Javier Milei, pero no lo incluye entre los acusados. Los apuntados son Hayden Davis, su hermano Gideon, su padre Thomas, Julian Peh (CEO de Kip Protocol), Benjamin Chow y las firmas Kelsier Ventures, Kip Protocol y Meteora.
Según el estudio Burwick Law, los demandados “promocionaron el token $LIBRA como una iniciativa económica significativa diseñada para estimular el crecimiento económico en Argentina mediante la financiación de pequeñas empresas, startups y proyectos educativos”.
Hayden Davis es el CEO de Kelsier Ventures y es quien se entrevistó con el presidente Javier Milei al menos dos veces. La primera fue en octubre del año pasado, durante el Tech Forum Argentina, según declaró el presidente en una entrevista con TN. Luego volvieron a verse en la Casa Rosada el 30 de enero pasado. Ese día se sacaron una foto y la publicaron en las redes sociales.
También aparecen denunciados el hermano de Hayden, Gideon, el Chief Operating Officer (“COO”) de Kelsier Ventures, y su padre Thomas, apuntado como uno de los fundadores de la empresa.
“Estos esfuerzos promocionales aprovecharon el respaldo de alto perfil del presidente de Argentina, Javier Milei, creando la apariencia de legitimidad y un valor de inversión significativo para el token”, plantearon los abogados de Burwick Law.
Y agregaron: “Esta asociación estratégica con políticos influyentes y ambiciosos objetivos económicos enmascararon efectivamente los subrepticios mecanismos de manipulación financiera, incluyendo el uso de pools de liquidez unilaterales, trading con información privilegiada, bots snipers y prelanzamientos diseñados para beneficiar a insiders y proveedores de infraestructura a costas de los compradores”, apunta.
La demanda abarca a más de 200 víctimas de la criptomoneda $LIBRA provenientes de media docena de países. En concreto, se busca un resarcimiento para los afectados y corre en paralelo al “reporte de operaciones criminales” que recibió el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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