Una de las entradas a TAYM. El desborde de residuos peligrosos de la planta en medio de un ida y vuelta judicial.
La investigación por el derrame de la planta de residuos industriales Taym, que afectó el suministro de agua potable de medio millón de cordobeses, sigue rebotando de fiscalía en fiscalía, sin que haya avances concretos desde hace dos semanas.
El viernes, el fiscal anticorrupción, Hugo Amayusco, descartó que la investigación sea competencia de su fuero y devolvió la causa a la fiscalía de Alta Gracia, a cargo de Alejandro Peralta Ottonello. En esa ciudad se comenzó a investigarse la responsabilidad de la compañía propiedad de Benito Roggio Ambiental (BRA), dedicada al tratamiento de residuos peligrosos de Córdoba y otras provincias. Pero el 18 de abril, a raíz de de una denuncia del concejal Tomás Méndez (ADN), que pidió de modo genérico, investigar si existió responsabilidad de funcionarios públicos en los procesos de habilitación y control de la planta, Peralta Ottonello tomó la decisión de remitir el expediente al fuero anticorrupción.
Ahora, Amayusco le responde diciendo que la causa estuvo “mal remitida” a su fuero. Las razones, según explicó a ENREDACCIÓN, son dos: “Lo que se investiga es un posible delito de contaminación y eso no es competencia del fuero penal económico que yo represento”. Por otro lado, sobre la denuncia de “corrupción” en la habilitación de la planta, Amayusco señaló que “no hay absolutamente nada, más que los dichos del denunciante de que se tendría que investigar”.
“Como fiscal en lo penal económico, no puedo ponerme a investigar una causa para ver si encuentro o no un delito de mi competencia”, explicó, y agregó: “El que tiene que investigar es el fiscal de Alta Gracia y, si surgen sospechas de responsabilidades de funcionarios, promover a mi fuero. Pero así, como llegó la causa, no sé ni de qué delito los tengo que investigar”.
¿Qué sucederá ahora? Teniendo en cuenta que se trata de una semana corta, por el feriado del 1° de Mayo, es posible que Peralta Ottonello reciba el expediente en los próximos días. Entonces, pueden pasar dos cosas. Una, que acepte los argumentos de su par, el fiscal Amayusco, y continúe con la instrucción que comenzó el mismo 28 de marzo, cuando se produjo el derrame. En cambio, si no está de acuerdo, debe dirigirse al fiscal ante la Cámara de Acusación de Córdoba, Jorge Leiva.
EL CASO
Sobre los hechos, se sabe que el 28 de marzo, horas después del temporal que se abatió sobre el valle de Paravachasca, con una caída estimada de 140 milímetros de agua, un torrente ingresó en la planta de tratamiento de residuos industriales de Taym, ubicada a un lado de la ruta Nacional 36, y la desbordó, contaminando durante un día y medio el agua cruda que transporta el canal Los Molinos a la planta potabilizadora Bouwer de la empresa Aguas Cordobesas. De hecho, fue suspendida la provisión de agua potable al 30% de los cordobeses que viven en la zona sur de la ciudad hasta que nuevos análisis determinaron que el agua podía potabilizarse. Esos estudios fueron garantizados por el ERSEP (Ente Regulador de Servicios Públicos) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Las muestras de agua que determinaron la existencia de contaminación fueron tomadas por la Policía Judicial el día 28. Los técnicos detectaron distintas sustancias contaminantes, pero una de ellas, el 2,4,6 triclorofenol estaba presente en una concentración de 21,62 microgramos por litro. Ése valor es el doble del límite permitido para consumo humano.
Los especialistas hallaron también restos de nafta de aviación, herbicidas, aceites y metales, entre otros contaminantes. Los herbicidas pueden ser un residuo del uso de los productores agropecuarios de la zona, una información que la Justicia no había podido discernir aún.
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