El gobierno provincial está decidido a sostener en su puesto, contra viento y marea, al titular del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), Juan María Bouvier. Lo hará pese a las denuncias de violencia laboral y de género y de acoso sexual realizadas en sede judicial por dos oficiales mujeres del SPC. “La intención es sostenerlo y protegerlo, al menos, hasta fin de año”, reveló una fuente del PJ a este medio.
El primer dato en ese sentido, se produjo el pasado 12 de noviembre. Ese día la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María Marta Cáceres de Bollati, y el titular de la Sala Penal del Alto Cuerpo, Sebastián López Peña, encabezaron un acto formal del que dio cuenta la propia Justicia.
Además de la titular y el vocal del TSJ participaron del encuentro los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Julián López, y de Seguridad, Alfonso Mosquera; la jefa de la Policía de Córdoba, comisaria General Liliana Zárate Belletti; y el jefe del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba, inspector General Juan María Bouvier.
“Durante la reunión, se acordó que el Poder Judicial de Córdoba colaborará en diferentes instancias de capacitación dirigidas tanto a los agentes de la Policía de la Provincia y como al personal del Servicio Penitenciario”, dice la información de prensa.
Más allá de las intenciones, se trató apenas de un acuerdo macro, de una hoja de ruta de buenos deseos, de la que todavía resta desarrollar todo el paquete específico, es decir, en qué, cómo, y con quiénes colaboraría la Justicia para capacitar a policías y penitenciarios.
Es decir, se trató de un conclave para oxigenar a las cúpulas policial y penitenciaria, jaqueadas, una por los casos de gatillo fácil y de inacción del Tribunal de Conducta Policial; y otra, por las denuncias de abusos de todo tipo en el sistema penitenciario.
El vocal del TSJ, Sebastián López Peña.
Dicha reunión surgió a pedido del gobierno provincial y fue coordinada por los ministros Mosquera y López con el vocal López Peña, que es uno de los hombres que fue impulsado por el oficialismo para llegar al máximo tribunal provincial.
Bouvier es, además, un protegido del ex ministro de Justicia y Derechos Humanos y actual vocal del Tribunal Superior de Justicia, Luis Angulo, que fue uno de los que le dio la bienvenida en 2008. A su vez, el juez es uno de los abogados y dirigentes de extrema confianza política del gobernador Juan Schiaretti.
El segundo dato de esta decisión, fue confirmada por dos fuentes del peronismo a este medio. “Con Bouvier, desde que asumió en 2008, no hubo más problemas graves en las cárceles. Pudo resolver todos las dificultades, aún las de espacio”, relató uno de los dirigentes que habló con ENREDACCIÓN.
Mientras que el otro dirigente del PJ dice que Bouvier es una especie de jefe de “contrainteligencia” desde su puesto de jefe del SPC. “De sus más de 40 años de servicio cosechó amigos de todos los colores. Siempre tiene buena información sobre lo que puede suceder detrás de las rejas, pero también de la relación del delito con sectores de la Policía. No hay nadie como él y sabe muchas cosas. Es por eso, que pese a lo que hace, algo que todos lo saben, han dejado que maneje el SPC a su gusto y placer”.
El jefe del SPC, Juan María Bouvier. (Foto: Gentileza La Voz).
>> EL OJO DE BOUVIER Y “EL CAÑA” EN LA JUNTA MÉDICA DE UNA DE LAS DENUNCIANTES
Una de las oficiales que denuncia a Bouvier, N.D.F., solicitó que la junta médica psiquiátrica que analiza mes a mes su situación particular, se realice sin participación de profesionales del SPC. Las razones son obvias: su denuncia es contra los jefes de la fuerza penitenciaria, y la jefa de Medicina Laboral del SPC es la doctora Laura Barrera, actual pareja de José Gustavo “El caña” Heredia, quien fuera sub-jefe del SPC hasta diciembre de 2019. A su vez, Heredia es otro de los denunciados por N.D.F por violencia laboral y de género.
Sin embargo, en la última Junta, realizada la semana pasada, entre los médicos se encontraba uno de los profesionales en psiquiatría del SPC, Gustavo Banchio. El médico habría participado, enviado por Barrera.
Por su parte, el abogado de N.D.F, Javier Martínez, dijo a ENREDACCIÓN que “mi cliente debe ser protegida. No deberían participar profesionales del SPC en una instancia de evaluación de este tipo, dado que prolongan, continúan la violencia institucional que ella ha padecido”.
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