Una jueza uruguaya rechazó la solicitud de refugio presentada por el abogado Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, diputado del Parlasur y ex asesor y operador judicial del ex presidente Mauricio Macri, sobre quien pesa un pedido de captura internacional en el marco de una causa en la que se lo investiga por la extorsión a los dueños del Grupo Indalo durante el gobierno de Cambiemos.
La decisión de la jueza uruguaya en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarián, se conoció este miércoles, aunque data del 23 de diciembre pasado y ya fue apelada por la defensa de Rodríguez Simón, según detallaron a Télam fuentes con acceso a los expedientes que tramitan en Montevideo.
El caso se encuentra ahora en manos del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º Turno que deberá decidir si confirma o revoca la decisión de la jueza de primera instancia: hasta que el fallo no esté firme, no se activará el trámite de extradición que se encuentra en suspenso.
Aunque la justicia uruguaya confirmara el rechazo al pedido de refugio político y resolviera luego la extradición de “Pepín”, la palabra final corresponderá al Poder Ejecutivo de ese país, informaron fuentes del caso.
Rodríguez Simón es representado en Uruguay por el abogado Jorge Díaz, ex fiscal de Corte y ex procurador General de la Nación de ese país, durante el gobierno de Tabaré Vázquez.
El ex asesor de Macri permanece en suelo uruguayo desde el 8 de diciembre del 2020 y la jueza María Romilda Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo del 2021, luego de que el propio Rodríguez Simón anunciara a través de los medios que se encontraba en ese país y que no pensaba presentarse a la indagatoria a la que había sido convocado, algo que luego ratificó su defensa por escrito.
Cuando lo declaró en rebeldía, la jueza Servini remarcó que el exfuncionario “dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021” y definió la estrategia de pedir refugio político en Uruguay como una maniobra dilatoria.
Servini planteó que el dirigente macrista tuvo pleno conocimiento de la existencia del expediente desde mediados de 2019 y se pudo defender en ese terreno con todas las garantías de la ley, por lo que resulta de imposible comprensión el planteo referido a su supuesto temor de ser detenido en forma indebida.
“Fabián Rodríguez Simón tiene herramientas procesales en el país (de diverso tipo) para articular estos planteos dentro del ámbito del proceso penal, es decir, del Poder Judicial de la Nación, poder autónomo del poder político respecto del que presenta o plantea sus sospechas (Art. 1 de la Constitución Nacional)”, remarcó la magistrada en aquel entonces.
En este expediente se investiga “la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción”, según surge de la imputación que obra en la causa.
Conocido el fallo de la justicia uruguaya, el diputado del Parlasur Oscar Laborde consideró que “se le acortan los tiempos y los caminos” a Rodríguez Simón para que declare en la causa en la que es investigado por presiones a los propietarios del Grupo Indalo, del que dependen el canal televisivo de noticias C5N y Radio 10, entre otras firmas.
El mes pasado, además, la comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlasur emitió un dictamen de mayoría en el que se propuso expulsar a Rodríguez Simón de ese parlamento por falta de decoro tras considerar que es inadmisible la conducta que asumió luego de que se lo convocara a prestar declaración indagatoria.
> Con información de TÉLAM.
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