La protesta de los vecinos frente al predio de CORMECOR. Foto: Facebook Santa María Sin Basura.
La jueza de primera instancia de Alta Gracia, Graciela Isabel Cerini, dictó una nueva cautelar ordenando a CORMECOR y la Secretaría de Ambiente de la Provincia “que se abstengan de ejecutar o realizar cualquier acto tendiente a iniciar tareas u obras relacionadas a la instalación de la Planta de Tratamiento para los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana”.
La medida cautelar había sido solicitada por José Caparroz, propietario de un campo vecino al predio donde se proyecta el vertedero que tratará unas 2 mil toneladas diarias de basura de la ciudad de Córdoba y otras localidades de Sierras Chicas, con el patrocinio del abogado Fabián Moscovich.
Cerini asentó la medida en “el principio precautorio”. En su resolución, la jueza se refiere “al carácter excepcional del principio de precaución, (que) para aplicarlo es necesario que se reúnan dos condiciones: la amenaza de daño grave e irreversible y la incertidumbre científica, a diferencia del principio de prevención”. Agrega que “así lo explicita el artículo 4 de la LGA (Ley General de Ambiente) “Principio de prevención: las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. Principio precautorio: la ausencia de información o certeza científica no será motivo para la inacción frente a un peligro de daño grave o irreversible en el ambiente, en la salud o en la seguridad pública”.
Al hacer lugar al pedido, la magistrada tomó en cuenta la necesidad de evitar eventuales daños ambientales en una zona que está rodeada de focos que los plantean. Concretamente, la planta de tratamiento de residuos peligrosos de TAYM y las condiciones del predio donde se va a instalar CORMECOR.
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El proyecto de CORMECOR, que supone la construcción de un enterramiento sanitario y cinco plantas de valorización de residuos, ya fue licitado y está a punto de ser adjudicado.
Esta nueva cautelar dictada ayer se suma a otra que está vigente desde hace meses y que impidió hasta ahora el inicio de las obras. Esa cautelar está en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, que debe resolver si mantiene la prohibición de comenzar las obras o si permite su inicio mientras resuelve un amparo presentado por vecinos y productores agropecuarios de Villa Parque Santa Ana.
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