Después de casi un mes sin ninguna resolución, la denuncia de mobbing y discriminación contra la sargento de Policía, Mariela Chávez, que padece obesidad, suma una nueva revelación por presiones a los testigos de la causa. Puntualmente, señalan tres hechos de “hostigamiento” y “un cambio de destino interno”. Además de ello, solicitan el pase a situación pasiva del comisario inspector, Rubén Caporali, quien figura, en el escrito, como autor de estos hechos.
Situación de pasiva implica, según la reglamentación policial, que el policía debe entregar su arma y dejar de prestar servicio operativo –todas aquellas acciones en los que se debe utilizar el arma, como allanamientos, controles policiales, guardias, etc.- y realizar sólo funciones administrativas.
La presentación será realizada durante la jornada de hoy por la Asociación Civil de Derechos Humanos y Violencia de Genero, en conjunto con la Mesa Nacional Contra la Violencia Institucional en Fuerzas de Seguridad Derechos Humanos y Género. La acción fue confirmada por la titular de las ONGs, Adriana Reartes, y este medio pudo acceder al escrito que será elevado al Tribunal de Conducta de la Policía.
Cabe recordar que el pasado 1 de septiembre, la sargento Chávez, que se desempeña en la Unidad Regional San Justo, con asiento en la ciudad de San Francisco, planteó ante el Tribunal de Conducta policial que sufrió mobbing por padecer obesidad y discriminación por su condición de mujer.
Había señalado como promotores de esa conducta a Caporali, número 3 de la Unidad Regional Departamental San Justo (URD), y al comisario Ariel Figueroa, jefe de Personal de la URD.
La ONG que acompaña la denuncia también había reclamado el apartamiento del jefe de la Departamental San Justo, Mauricio Rantica, y de la titular del Tribunal de Conducta Policial, Ana Becerra, en el tratamiento del planteo, alegando “amistad íntima” entre ambos.
El jefe de la URD San Justo, Mauricio Rantica.
PRESIONES A TESTIGOS
Dice la ONG en el texto de la nueva denuncia que llegará hoy al Tribunal de Conducta que “le hemos puesto en conocimiento que, habiendo formulado denuncia en contra del comisario Caporali y el comisario Figueroa, por supuesta infracción al Art. 15, Inc. 1º, 13º y 27º del Decreto Reglamentario 1753/03 (t.o. 229/04), los mismos no se encuentran apartados de sus cargos preventivamente, como suele hacerse para lograr una acaba y total averiguación sin interferencia de los mismos”.
Agrega que “esto nos llama poderosamente la atención, por lo cual solicitamos el inmediato pase a situación pasiva.”
Relata que “se tomaron una serie de declaraciones testimoniales en la URD San Justo, principalmente al personal que trabaja en la CCO (Centro de Control Operativo), quienes son los que tomaron conocimiento directo de los agravios y hechos de violencia institucional realizados por (…) Caporali”.
Detallan que “desconocemos, y lamentamos, pero parecería ser que este oficial superior, tomó conocimiento de las declaraciones del personal policial, cuyo contenido desconocemos, incluso la propia víctima desconoce, pese a que advirtió en su denuncia que este señor Caporali, tenía gente en el Tribunal de Conducta de su propia promoción y que tenía amigos en diversos lugares”.
Precisan en el escrito que se eleva al Tribunal de Conducta que “Caporali, la semana pasada, comenzó a realizar movimientos internos dentro del CCO”. Señalan a cuatro personas: “Le dijo a la oficial Ayudante S.C. que no quería ni a los policías A.L., Y.S. y L.O (las iniciales de los nombres corresponden a los policías citados en el texto). Son tres testigos claves en estos autos. Además, otra testigo P.P. también sufrió el cambio de destino interno y sin notificarle fehacientemente el turno, por lo que no puede realizar servicios adicionales hasta tanto no se lo confirmen”.
Expresan más adelante que “lo que está haciendo Caporali es confirmar que es necesario (como lo era antes) que sea puesto en forma inmediata en situación pasiva, sin más, y comunicar a sus superiores el inmediato traslado del lugar e incluso fuera de la Departamental San Justo, porque lo que se encuentra haciendo es revanchismo, (ya que) toma represalias, es decir sigue haciendo moobing”.
Plantean más adelante que “dejamos a salvo el buen nombre y honor de los testigos mencionados, sobre los cuales pedimos protección y, de ser necesario formularemos las acciones individuales, aunque el presente representa un hecho nuevo que debe ser investigado, pero apartando al investigado hostigador”.
Recuerdan que “por otro lado hemos solicitado que la Dra. Ana María Becerra, se aparte de intervenir en la presente causa, del mismo modo que al Jefe del URD San Justo, el comisario Mayor Mauricio Rantica”.
El jefe policial, de acuerdo a la denuncia, “se vanagloria de tener una amistad íntima con la presidente del Tribunal de Conducta desde hace años, manifestando que dicha amistad comenzó en la ciudad de Villa María de donde ambos son originarios”.
Por su parte, la presidenta, “en una nota periodística, realizó manifestaciones, pero no respondió lo que aseveramos, sino que se limitó a decir que si tenía que apartarse lo hacía, pero nada hizo, solo se protegió”.
Por último, solicitan “pronto despacho, en los términos del Artículo 70 en relación al Artículo 67 inciso “f” del Código de Procedimiento Contencioso-administrativo de la Provincia (Ley 6658) (de la denuncia original)” y piden “la apertura de una causa administrativa, a los efectos de indagar al respecto de si hubo filtración de lo depuesto (declaraciones de los testigos), quienes fueron las personas que se encuentran implicadas en la violación del secreto sumarial administrativo y que se apliquen los correctivos vigentes”.
LA DENUNCIA DE CHÁVEZ
Chávez, por su parte, denunció ante el Tribunal de Conducta que sufrió “mobbing” por padecer obesidad y discriminación por su condición de mujer y responsabilizó de las agresiones Caporali, y a Figueroa.
Los dos jefes policiales continúan prestando funciones pasado un mes de la presentación.
Cabe recordar que la mujer, que padece obesidad, tiene 34 años, es madre dos hijos y policía desde hace una década. Ingresó a la fuerza policial diez años atrás y se desempeña en el Centro de Control Operativo (CCO) en la URD de San Francisco.
El “mobbing consiste en una agresión psicológica con una dirección específica hacia la víctima con una intencionalidad subjetiva y perversa de generar daño o malestar psicológico, su destrucción psicológica y/o su egreso de la organización empresarial. Se trata de un proceso destructivo sutil que tiende a desacreditar o dañar al trabajador; es un atentado a la dignidad, a la salud física y psicológica del trabajador”, según describe en su denuncia Chávez.
A su vez, la policía, en su informe, describe dos hechos para mostrar la agresión que sufre:
-En uno, Caporali le dice a un empleado municipal que estaba con ella, en un control de tránsito para prevenir el acceso de personas de otras localidades a San Francisco, en el marco de la pandemia de coronavirus: “Viste cómo en la Policía las mantenemos bien alimentadas”. Durante la conversación con el trabajador municipal, el comisario inspector habría hecho otras manifestaciones discriminatorias.
-Y en el otro, cuenta un dialogo del jefe de personal de la Unidad Regional San Justo, el comisario Figueroa, con una cabo, a través del teléfono del 101 –emergencia policiales-: “Decile a la Gorda esa que saque el móvil a la calle”.
>> COBERTURA
VER Mobbing en la Policía: La presidenta del Tribunal de Conducta se defendió del pedido de apartamiento.
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