La titular del Tribunal de Conducta policial, Ana Becerra, se defendió del pedido de apartamiento en la investigación de una causa de mobbing en la Policía de San Francisco.
Dijo el viernes a Radio Villa María Ya! que “pensar que Ana Becerra digita y decide cómo se toman las decisiones es un poco arriesgado”.
A su vez, la funcionaria afirmó que “No existe ningún problema en mi apartamiento. De hecho, lo hice en algunas causas de Villa María porque creo que así corresponde cuando hay alguna duda que tenga que ver con la imparcialidad que tenemos que tener al momento de sancionar”.
Pese a ello, hasta el momento, no se conoció que determinación tomará el tribunal respecto a la solicitud de apartamiento de la abogada villamariense.
Becerra respondió de este modo a la demanda de la Asociación Civil de Derechos Humanos y Violencia de Genero y la Mesa Nacional Contra la Violencia Institucional en Fuerzas de Seguridad Derechos Humanos y Género. Estas organizaciones pidieron el apartamiento del jefe de la Departamental San Justo, Mauricio Rantica, y de la titular del Tribunal de Conducta Policial, Ana Becerra, en el tratamiento de la denuncia contra dos de sus jefes realizada por la sargento Mariela Chávez.
Las ONGs señalaron en su presentación que Rantica “se vanagloria de tener una amistad íntima con la presidenta del Tribunal de Conducta (Ana María Becerra) desde hace años, manifestando que dicha amistad comenzó en la ciudad de Villa María de donde ambos son originarios y que la misma se fue consolidando con el tiempo”.
Adriana Rearte, presidente de las ONGs, precisa que “esta amistad motivó una suerte de apoyo en la carrera (del comisario), incluso cuando tuvo serios problemas con el personal policial de la Departamental Villa María, ya que fue la misma Dra. Becerra quien le brindó un halo de protección y salvoconducto para su carrera”.
Sigue diciendo el texto que “esto que manifestamos no es un invento, ni mucho menos, es lo que el mismo jefe de la Unidad Regional Departamental San Justo manifestó al finalizar una reunión”.
La funcionaria Becerra, en la entrevista radial, no especificó si tenía una relación de amistad y había protegido en otras oportunidades al jefe de la Unidad Regional San Justo, el comisario Mauricio Rantica.
El comisario inspector, Rubén Caporali, uno de los policías denunciados por “mobbing” y discriminación.
Chávez, por su parte, denunció ante el Tribunal de Conducta que sufrió “mobbing” por padecer obesidad y discriminación por su condición de mujer y responsabilizó de las agresiones al número 3 de la departamental, el comisario inspector Rubén Caporali, y al jefe de personal de la Unidad Regional, el comisario, Ariel Figueroa. Los dos jefes policiales continúan prestando funciones a casi dos semanas de la presentación y el Tribunal de Conducta no ha tomado aún ninguna medida de protección de la denunciante.
Cabe recordar que la mujer tiene 34 años, es madre dos hijos y policía desde hace una década. Ingresó a la fuerza policial diez años atrás y se desempeña en el Centro de Control Operativo (CCO) de la Unidad Regional Departamental San Justo, en San Francisco.
El “mobbing consiste en una agresión psicológica con una dirección específica hacia la víctima con una intencionalidad subjetiva y perversa de generar daño o malestar psicológico, su destrucción psicológica y/o su egreso de la organización empresarial. Se trata de un proceso destructivo sutil que tiende a desacreditar o dañar al trabajador; es un atentado a la dignidad, a la salud física y psicológica del trabajador”, según describe en su denuncia Chávez.
La policía describe dos hechos en la denuncia que presentó al Tribunal de Conducta. En uno, Caporali le dice a un empleado municipal que estaba con la mujer, en un control de tránsito para prevenir el acceso de personas de otras localidades a San Francisco, en el marco de la pandemia de coronavirus: “Viste cómo en la Policía las mantenemos bien alimentadas”. Durante la conversación con el trabajador municipal, el comisario inspector habría hecho otras manifestaciones discriminatorias. Y en el otro, cuenta un dialogo del jefe de personal de la Unidad Regional San Justo, el comisario Figueroa, con una cabo, a través del teléfono del 101 –emergencia policiales-: “Decile a la Gorda esa que saque el móvil a la calle”.
Por su parte, Becerra es una de las tres vocales del Tribunal de Conducta. En su caso, representa al Poder Ejecutivo.
En las declaraciones radiales explicó: “Debo aclarar que el Tribunal de Conducta, como su nombre lo indica, está conformado por tres vocales: un representante de la Justicia elegido por el fiscal General; un representante del Legislativo, elegido por el propio cuerpo de legisladores; y un representante del Ejecutivo, que en esta caso soy yo”, señaló la funcionaria.
Afirmó luego, que “pensar que Ana Becerra digita y decide cómo se toman las decisiones es un poco arriesgado”.
Por último explicó cómo es el accionar del Tribunal de Conductas: “Las faltas leves las firmamos dos vocales. Las faltas graves las firmamos los tres vocales y los tres debemos fundamentar el voto, no es una cuestión menor. Sancionamos las faltas administrativas de la Policía, del Servicio Penitenciario y de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Estas faltas tienen que ver con lo funcional, es decir el cumplimiento de las funciones en el momento en que están trabajando en un hecho determinado. Por lo tanto, no hay ningún problema en que yo me tenga que apartar de alguna causa porque quedan dos vocales que siguen trabajando con las secretarías en el mismo sentido y fundamentando sus decisiones”.
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