El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, señaló este lunes que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “establece un camino transitable” y un “principio de solución a un problema muy grave para el desarrollo de la Argentina”. Alertó además que “Argentina enfrenta una situación de gran potencial desestabilizador por la combinación de la deuda (contraída en 2018) y la secuencia de vencimientos (acordada para 2022 y 2023 por el gobierno de Mauricio Macri ante el FMI”.
Al exponer ante un plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados, que analiza el proyecto de ley que contiene el entendimiento alcanzado con el organismo multilateral, Guzmán dijo que el acuerdo “se contrapone a la incertidumbre que no puede redundar en nada mejor que un profundo estrés cambiario y consecuencias negativas inflacionarias y en la actividad económica y el empleo”.
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Puso énfasis también en afirmar que “en este acuerdo no hay reforma que implique quita de derechos. Ni está prevista ninguna reforma previsional, ni laboral”.
“La Argentina enfrenta una situación de gran potencial desestabilizador por la combinación de la carga de la deuda y la secuencia de vencimientos. El país no cuenta con recursos para hacer frente a los vencimientos programados, lo que pone en clarísimo riesgo la estabilidad de la balanza de pagos en este mismo mes”, aseguró Guzmán al poner sobre la mesa el esquema de vencimientos existente el acuerdo stand by de 2018.
Subrayó también que “desde lo fiscal se apunta a seguir estableciendo un camino de fortalecimiento del crédito y de nuestra moneda. Por eso, es importante ir bajando el déficit fiscal para depender menos del endeudamiento y de la emisión monetaria. Se trata de un camino necesario”.
Para Guzmán, “el acompañamiento del Congreso va a ser decisivo para actuar de una forma que nos fortalezca como República y cómo Estado-Nación”.
“Desde el punto de vista macroeconómico se trazan tres criterios de desempeño: uno, referido a las reservas internacionales; otro, al resultado fiscal; y el último, al financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro nacional”, completó.
Ante los legisladores, apunto también que “es muy importante que la Argentina pueda seguir un camino de mayor dinamismo productivo, mayor diversificación productiva, y mayor agregación de valor. Una parte del acuerdo refiere a eso, a las políticas de crecimiento y de resiliencia”.
Martín Guzmán y Kristalina Georgieva. (Télam / Archivo).
INFLACIÓN
Guzmán señaló que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contiene un programa “para la recuperación y para la reducción de la inflación” y sostuvo que por esa razón el Gobierno asumió el compromiso de “cumplirlo”.
En este esquema “también se apunta a que haya un crecimiento del poder adquisitivo de los ingresos”.
Subrayó que el acuerdo con el FMI contempla que la inflación tiene un origen multi causal, y que el plan acordado contempla la acumulación de reservas, para evitar las variaciones bruscas de precios.
“En cuanto a la inflación se ha logrado acordar un esquema que parte de la premisa de que la inflación tiene múltiples causas. Esto es algo que también el propio FMI lo manifestó en la evaluación que hizo del programa Stand By del 2018” dijo Guzmán.
“A la hora de atacar la inflación, lo primero que debemos enfrentar es atacar un tema productivo. En segundo lugar, mejorar el perfil de financiamiento de las políticas públicas, y por eso, el esquema monetario fiscal (acordado con el FMI) es tan importante. Y en tercer lugar, poder anclar expectativas”, subrayó el ministro.
En este marco resulta “de fundamental importancia el objetivo de acumulación de reservas internacionales, y también el rol que juega el Estado en las políticas de precios e ingresos”, acotó.
El acuerdo también prevé que este año la inflación oscile entre el 38 y el 48%, en el 2023 baje a un rango de entre el 32% y 42%, para llegar en el 2024 a ubicarse en un mínimo-máximo de entre 29 y 37%.
Además, las reservas netas deberán alcanzar a los US$ 5.800 millones este año, para descender a los 4.000 millones en el 2023, y US$ 5.200 millones en el 2024.
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TARIFAS
El titular del Palacio de Hacienda explicó que “en el tema tarifas se apunta a un esquema de actualización que tenga un carácter progresivo”, al tiempo que advirtió que se está “ante un escenario internacional de contingencias” y se debe “lidiar con ello”.
“Planteamos una segmentación de subsidios que tiene tres niveles”, resumió el funcionario ante una pregunta del diputado radical Víctor Romero.
Detalló que “hay un nivel que es el de capacidad plena de pago de los servicios, el de mayor capacidad económica; y donde se apunta, en principio, a que un 10 por ciento del universo de usuarios deje de percibir el subsidio y que la factura de luz y de gas refleje el costo de la energía”.
“Hay un segundo grupo que es el que percibe tarifa social, y al que se busca protegerlo muy fuertemente, de modo que tenga una actualización en términos de la factura final que sea muy inferior al índice de variación salarial del año 2021”, agregó.
Respecto a esto último, el ministro dijo que la actualización “reflejaría un aumento del 40 por ciento en relación a ese índice”; mientras que “en el resto de los usuarios la tarifa se actualizaría en un 80 por ciento del coeficiente de variación salarial, de modo que también quedarían por debajo de los salarios”.
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> Con información de Agencia TÉLAM.
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