El intendente de Malagueño, Pedro “Coco” Ciarez, parece haber tenido un vínculo sumamente estrecho con el grupo desarrollista Forterra-Proaco. Es decir con la familia Formía, dueña de Forterra, y con Lucas Salim, principal accionista de PROACO. Al menos, eso es lo que se observa en un documento al que accedió este medio. Según ese material, Ciarez inició un trámite de aprobación en el Ministerio de Ambiente, Agua y Servicios Públicos de la provincia, para realizar una obra de paso bajo nivel que favorecía al proyecto inmobiliario de Forterra-PROACO, cuatro meses antes que se promulgara la ordenanza que lo aprobaba y sin que se hubiera puesto un ladrillo en el lugar. Así, el expediente con la iniciativa para construir el paso bajo nivel fue iniciado en la provincia el 24 de agosto de 2015 y la ordenanza que aprobó el proyecto inmobiliario fue sancionada el 10 de diciembre de ese año y promulgada por el intendente seis días más tarde.
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Cabe aclarar que, además, la ordenanza es ilegal, porque viola la Ley 9841, sobre uso de suelos en la zona metropolitana de la ciudad de Córdoba.
Por otra parte, el desarrollo inmobiliario Loma de Docta aún carece de licencia ambiental para realizarse. El proyecto de Forterra-Proaco consiste en un predio de 193 hectáreas, en las cuales habría 3.250 lotes residenciales, 770 lotes destinados a Housing y 16 lotes de uso mixto. En total, se estima que allí podrían llegar a vivir unas 40 mil personas.
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También, la obra que se tramitó en Ambiente tenía la firma como consultor ambiental de Gustavo Vanoli, uno de los que posteriormente efectuó el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) para la sociedad Forterra-Proaco, con el que el loteo “Lomas de Docta” pidió la licencia ambiental para iniciar su desarrollo, un expediente que aún no tuvo resolución. En ambos trabajos, Vanoli anota como dirección de contacto digital el mismo e-mail. Dicho de otro modo, el consultor estuvo de los dos lados del mostrador.
Y el tercer dato de esta relación sin límites, es que la obra tiene un presupuesto estimado de 1,5 millones de pesos, el mismo valor que el desarrollista se compromete a aportar como “plusvalía” de la obra. La Ordenanza 2071/15 dice textualmente en su artículo 11: “(…) Asimismo el urbanizador, en concepto de recuperación en parte de la plusvalía del suelo generada, hará entrega en donación de Pesos Un millón Quinientos Mil ($1.500.000) a fin de compra de equipamiento para el Hospital Municipal”. Esto es, un resultado de suma cero.
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El documento al que accedió ENREDACCIÓN tiene como titular a la Municipalidad de Malagueño y al intendente Pedro Ciarez. Su fecha de inicio es el 24/8/2015 y el apartado “Objetivo y Propósito” señala que “la obra tiene la finalidad de brindar conexión vial y acceso a los futuros vecinos de Malagueño y Córdoba. La presencia de vías férreas obliga a la elaboración del cruce ferrovial. En este caso se optó por un cruce bajo nivel.” Luego indica la ubicación: 31°27’19.10″S – 64°18’35.40″O. Y finalmente la inversión: 1.537.578,43 pesos.
Al describir la obra, dice que “se ubica en el ejido de la municipalidad de Malagueño sobre el margen Este del ejido de la municipalidad de Córdoba. El proyecto consiste en la ejecución de un bajo nivel para hacer pasar el camino público por debajo de las vías férreas. Esto dará acceso a futuros vecinos de la zona de influencia y mejorará la infraestructura vial, representando el mismo una obra de infraestructura. Actualmente, no existe población que colinde con la zona a intervenir. Alrededor se observan parcelas rurales o en desarrollo de emprendimientos urbanísticos (en obra)”.
Lo cierto es que el proyecto del paso bajo nivel permitiría sortear la vía férrea con facilidad, conectando una zona repleta de proyectos de urbanización del lado cordobés, con Lomas de Docta y la propia localidad de Malagueño sin ir por la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz. Esa vía se la conoce como Avenida La Donosa. Un caso típico de esfuerzo público, beneficio privado.
LO MÁS IMPORTANTE
-El proyecto fue iniciado antes de que la urbanización fuera aprobada por Ordenanza.
-El consultor ambiental de la intendencia es el mismo que el del Grupo Forterra-Proaco.
-El costo presupuestado era de 1,5 millones de pesos, lo mismo que la plusvalía que los desarrollistas pensaban entregar como donación al hospital del pueblo.
-El desarrollo viola las disposiciones de la Ley 9841 y aún carece de licencia ambiental.
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