(Por Carlos Emanuel Cafure*). Desde hace bastante tiempo, tanto el gobierno nacional (Cambiemos), como el gobierno provincial (Unión por Córdoba), vienen llevando adelante, una serie de medidas hacia los trabajadores y los jubilados, que son “políticas erradas y antipopulares”.
A nivel nacional se está intentando implementar sobre los trabajadores activos de nuestro país una “Reforma Laboral” (proceso de flexibilización en las condiciones de trabajo) que, en la práctica, apunta a recortes de derechos adquiridos, y a producir pérdidas de conquistas sindicales históricas. En esa línea cuestiona ejemplares Convenios Colectivos de Trabajo y propone discutir salarios a la baja; es decir ir contra el principio de Progresividad del Derecho Laboral. Aquí, busca llevarnos a la era de hielo.
Asimismo, han venido estigmatizando el trabajo que hacen los abogados laboralistas (que defienden a los trabajadores en sede judicial), a los sindicalistas, a los trabajadores con salarios dignos, y al empleo estatal, entre otros.
Sobre los pasivos (que incluye también a los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, pensionados y veteranos de Malvinas), el año pasado, impulsaron y lograron aprobar en el Congreso de la Nación, con el apoyo de parte de la oposición (entre los que hay varios “peronistas”), la nefasta Reforma Previsional, que no es ni más ni menos, que un recorte de haberes.
Hasta ahora, solo han demostrado tener una postura anti-obrera, y han afectado también a los jubilados (incluyendo los sectores más vulnerables de la población), demostrando una insensibilidad social manifiesta.
En Córdoba, a pesar de tener un gobierno peronista, se aprobaron en la Legislatura Unicameral, dos leyes de recortes en los haberes de los jubilados provinciales (Leyes Nro. 10078 y 10333).
En relación a la clase trabajadora, se viene advirtiendo desde hace semanas por ejemplo, que están llevando adelante una serie de decisiones, que van en contra de los derechos de los trabajadores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), de su Convenio Colectivo de Trabajo y de su sindicato, y diera la sensación, que hasta se pretende avanzar en un nuevo proceso privatizador de la EPEC.
Si uno analiza la dirección que han tomado tanto la Nación y la Provincia de Córdoba, respecto a las políticas que se vienen implementando sobre la clase activa y pasiva, da la sensación que están en plena sintonía y no hubiera diferencia entre ambos gobiernos (a pesar de ser de distinto signo político y de antagónicas doctrinas partidarias en su origen).
Esta situación, a corto y mediano plazo, solo va a terminarles jugando en contra a ellos mismos.
El gobierno nacional, en campaña electoral le prometió a los votantes, que no venía a quitarle nada a nadie. No hace falta enumerar la cantidad de promesas que incumplieron, y que todos ya sabemos.
El gobierno de Córdoba, en vez de estimular medidas que tiendan a mejorar la vida a los trabajadores como a los jubilados, yendo contra los postulados de su propia doctrina (ejemplo la justicia social), también va por recortes sobre los derechos de los trabajadores, y ya le recortó los haberes a los jubilados provinciales.
A pesar de que ambos gobiernos, buscan de diversas formas, influir en la opinión pública para que la ciudadanía adhiera a sus políticas, por el contrario, se están ganando la antipatía popular.
Hasta ahora, sólo usan a los trabajadores y los jubilados, como variable de ajuste.
El año que viene es electoral. Creo que en gestión, las políticas erradas y anti-populares, en determinados momentos tienen sus costos políticos. Las elecciones son uno de ellos, y existen sobrados antecedentes de votos castigos.
Las encuestas, sin lugar a dudas, marcan un notable malhumor social, a esta altura generalizado, respecto a lo que vienen haciendo tanto la Nación como la Provincia, con los trabajadores y jubilados.
No hay peor necio, que el que persiste en el error.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado y columnista de opinión.
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