El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, dijo en Villa del Totoral, en el norte cordobés, que “hay que colaborar, hay que ayudar, hay que dar gobernabilidad (al gobierno del presidente Javier Milei), hay que tratar las legislaciones y buscar consensos y sacar al país para adelante”, pero adelantó que el PJ cordobés “no las va a acompañar”.
Se suma al planteo del diputado nacional Carlos Gutiérrez, operador político del ex gobernador Juan Schiaretti, que apenas iniciado el 2024, expresó que “quiero manifestar mi rechazo a la suba de las retenciones al sector agrícola, las economías regionales y la industria que pretende aplicar el Gobierno Nacional, perjudicando al interior productivo”.
Por su parte, minutos después de la declaración del primer mandatario provincial, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, reafirmó el planteo: “Como lo viene haciendo desde hace años, Córdoba rechaza las retenciones agropecuarias porque penalizan a la producción. No convalidamos la decisión política de implementarlas a las economías regionales ni de incrementarlas”.
Llaryora que participó de un encuentro con cooperativas y mutuales de toda la provincia, junto a Busso y el ministro del área, Martín Gill, expresó que “voy a defender las banderas de Córdoba, ustedes no me esperen a mí apoyando las retenciones. Voy a estar del lado de los sectores productivos, porque es la defensa de nuestro trabajo”.
Señaló también que “aparte creo que es un error, porque nosotros produciríamos mucho más. Creo que hay otras iniciativas que se pueden acompañar y ayudar a la institucionalidad. Así que no me van a ver poniendo palos en la rueda, aunque en algunas decisiones creo que son totalmente negativas. Poner retenciones a las economías regionales, poner retenciones de nuevo al campo, es un camino en el que ya se equivocaron otros y son equivocaciones que no se pueden volver a repetir. Ahora, si me preguntan, creo que las retenciones fueron, son y serán un pésimo impuesto y no las vamos a acompañar”.
El tema del aumento de los Derechos de Exportación (DEX) y la imposición para producciones que en la actualidad no tributan se encuentra dentro de la llamada ley Ómnibus que el gobierno nacional envió al Congreso.
Estos ítems forman parte del Capitulo VI de la denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que fue presentado ante la Cámara de Diputados, para su tratamiento en sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo.
En lo que respecta a los derechos de exportación, el proyecto de ley establece una alícuota del 15% para productos que en la actualidad no tributan o con tasas menores a la que se intenta aplicar con esta reforma, como sucede con el trigo y el maíz, que en la actualidad están gravadas con un 12%, o la carne vacuna, con un 9%.
Fuera de este incremento quedaron los complejos olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arveja, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana, mientras que la alícuota para la cadena vitivinícola, el aceite y la esencia de limón pasará a ser del 8%.
Esta “excepción” fue consensuada entre el Ministerio de Economía, la Secretaría de Bioeconomía y las entidades agropecuarias y agroindustriales, ya que la intención primera del Gobierno era aumentar los derechos de exportación al 15%.
También quedaron desafectados de los cambios propuestos por la normativa las exportaciones de hidrocarburos y mineras, que seguirán con las alícuotas que rigen actualmente.
Asimismo, se incrementa en dos puntos porcentuales la harina y aceite de soja hasta el 33% equiparándolo con el poroto, eliminando de esta forma el diferencial entre el producto industrializado y la materia prima exportada sin procesar.
Por otro lado, “en el marco de la emergencia y considerando las facultades acordadas al Poder Ejecutivo Nacional mediante los artículos 755 y concordantes de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias”, se delega en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) la facultad tanto para llevar estas retenciones a 0% como así también aumentarlas en aquellos productos que no hayan sido alcanzados por las modificaciones, durante los próximos cuatro años. Este artículo se sostiene en la delegación de facultades que propugna el proyecto por parte del Congreso Nacional.
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