La acusación contra la jueza Verónica Francisca Martínez, que mandó a la quiebra a la constructora Mackentor pese a que sus directivos habían sido víctimas de delitos de lesa humanidad, no registra novedades a ocho meses de la denuncia realizada en julio de 2022.
No es un caso común y silvestre. Mackentor era una constructora que fue ocupada en 1977 por los efectivos del III Cuerpo de Ejército, que comandaba el represor Luciano Benjamín Menéndez, y hay un fallo (conocido como Informe de Fondo) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condena al Estado nacional y al Estado cordobés, por violaciones a los derechos humanos. En ese contexto, la actuación de la jueza Martínez quedó en el centro de los hechos.
El Jury de enjuiciamiento de la provincia de Córdoba es presidido por la legisladora Julieta Rinaldi (PJ) y está integrado por las legisladoras Silvia Paleo (Juntos por el Cambio), Daniela Gudiño (Juntos -UCR) y Victoria Busso (PJ), y por la vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Aída Tarditti. Es el órgano encargado de investigar y juzgar la actuación de los jueces y fiscales en el ámbito de la provincia de Córdoba.
El abogado de las víctimas, Juan Carlos Vega, aseguró a ENREDACCIÓN que “en ocho meses no hemos sido notificados de ningún avance en el caso”.
Vega advirtió que los integrantes del Jury están incurriendo en la violación del artículo 25 del Estatuto de Roma y corren el riesgo de convertirse en colaboradores de la comisión del delito de lesa humanidad.
Apuntó, además, que estudia realizar una presentación ante la misma CIDH por incumplimiento del fallo de la CIDH o una denuncia penal en la Justicia argentina por esta situación.
Le dijo a este medio que “la conducta del Jury de enjuiciamiento de Córdoba al mantener durante 8 meses sin respuesta el informe de fondo que elabora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Mackentor, no sólo es funcionalmente irregular, sino que es penalmente reprochable”.
Detalló que “esta conducta del Jury, de silenciar una investigación ordenada por el más alto tribunal de América en la causa Mackentor, a mi juicio, tiene encuadre en el artículo 25 del Estatuto de Roma y convierte a sus integrantes en colaboradores del crimen de lesa humanidad”.
Explicó sobre ese punto que “son colaboradores por vía de la figura del encubrimiento. Es decir, que los integrantes del Jury en Córdoba son una estructura, que yo veo y todos los cordobeses la vemos, como muy poca propensa a condenar a sus jueces. Siempre ha sido como una especie de estructura de defensa de los jueces, pero esta es la primera vez, este es el primer caso en donde se ve obligado a analizar, investigar y juzgar la conducta de un juez de Córdoba por mandato del más alto tribunal de DD.HH. de América. Esto nunca paso en el tiempo de vida institucional que tiene el Jury. Nunca paso”.
Recordó que “normalmente, el Jury, funciona por denuncias que formulan partes perdidosas en un proceso judicial, pero en este caso es la CIDH, es decir, el tribunal de Derechos Humanos de mayor envergadura de América y el más prestigioso en el mundo. Nada ha hecho el Jury, al menos que sea notificado a las víctimas, en 8 meses”.
Precisó que “no hay ninguna excusa, porque este caso debería ser el número 1 y tener prioridad jurídica constitucional. Lo que digo como representante de las víctimas es que si este silencio, si esta inacción, si esta falta de respuesta del Jury se prolonga, vamos a analizar la viabilidad de hacer una denuncia ante la misma CIDH o ante la justicia penal, considerando que los integrantes del Jury están encuadrados en la figura de colaboradores del artículo 25 del Estatuto de Roma, es decir cómplices del delito de lesa humanidad que ya ha sido juzgado y condenado por la CIDH”.
QUÉ DICE LA DENUNCIA
La presentación realizada ante el Jury de Enjuiciamiento de Córdoba -hay otra, basada en el mismo fallo contra integrantes de la Justicia Federal- pide que se expida sobre el accionar de la jueza Martínez de Petrazzini por su responsabilidad en la sanción que la CIDH le impuso a Argentina por violar los derechos humanos en el caso Mackentor.
Vega expresó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución de fondo (equivalente a un fallo de nuestra Justicia) en contra del Estado argentino por la violación de Derechos Humanos de las víctimas secuestradas, torturadas y desaparecidas en el caso de la constructora Mackentor. Los hechos ocurrieron en Argentina durante la Dictadura cívico-militar de 1976 y sus efectos se prolongan, por la inacción de la Justicia, hasta el presente. Se trata de una resolución que es de cumplimiento obligatorio para el gobierno nacional. Dice, en ese sentido, que la CIDH ordena al Estado argentino investigar y reparar y afirma que “corresponde declarar la nulidad de la quiebra”.
Siguió diciendo el abogado que “la conducta que denunciamos de la jueza Martínez es la de declarar la quiebra de Mackentor S.A en pleno conocimiento de que se trataba de un Crimen de Lesa Humanidad. (…) Desde la primera presentación que hizo Mackentor, la jueza supo que los créditos por los cual se peticionaba la quiebra provenían de regulaciones de honorarios por prescripciones declaradas en Crímenes de Lesa Humanidad. Es decir, imprescriptibles”. Es decir, que la situación económica de la empresa y sus accionistas era producto de la acción del Terrorismo de Estado, que vació la compañía y persiguió y secuestro a sus directivos a partir de 1977.
También resaltó el abogado de Kejner y el resto de las víctimas de Mackentor que “la jueza Martínez supo, desde un comienzo, que los peticionarios de la quiebra eran los fiscales federales de Córdoba, Luis Roberto Rueda, Carlos Otero Álvarez y Humberto Vidal” y rechazo “la prejudicialidad penal planteada sobre la base de la investigación en curso sobre crímenes de Lesa Humanidad”. Esto es, que los crímenes de Lesa Humanidad se anteponen a normas o leyes internas.
El ex juez y camarista federal, Carlos Otero Álvarez. Foto: Sebastián Salguero / Archivo.
Agregó que “la declaración de quiebra de Mackentor no obedece a simples errores procesales. Las victimas tenemos el derecho de pensar que la jueza de la quiebra, al desconocer el Crimen de Lesa Humanidad cometido en contra de Mackentor y probado ante la Justicia Federal, lo que estaba haciendo era silenciar que los peticionarios de la quiebra eran fiscales federales de Córdoba beneficiados por regulaciones de honorarios dictadas en la misma justicia Federal de Córdoba en juicios por Crímenes de Lesa Humanidad”.
Por otra parte, consideró que “se trate de mal desempeño o se trate de delitos cometidos en el ejercicio de la función Judicial, la quiebra de Mackentor es la última etapa de crímenes de Lesa Humanidad que se iniciaron en abril de 1977 cuando el General Luciano Benjamín Menéndez interviene a la empresa Mackentor con el fundamento de ser “sostén financiero de la subversión”.
Vega sentenció que “25 años después de este bando militar de Menéndez, en 2002, la jueza Martínez declaraba la quiebra de la empresa Mackentor. La decisión de la jueza constituye la última etapa de la persecución masiva de personas iniciada por Menéndez. Pero más allá de estos hechos está el texto del Informe de Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Mackentor, que ordena investigar la conducta de los jueces que generaron la responsabilidad Internacional de la República Argentina por violaciones masivas a las Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
La presentación lleva las firmas de Camilo Kejner, hijo de Natalio Kejner -uno de los fundadores de Mackentor- y sobrino de Marta Kejner; la escritora Reyna Carranza, esposa de Gustavo Adolfo Roca -abogado y síndico de la empresa-; Marta Cristina Ramis, Elena Rosa Ramis y Patricia Emilia Ramis, hijas de Ramón Walton Ramis, uno de los directivos; Nora Vilma Manassero, esposa de Enzo Manassero, directivo de Mackentor; y Pablo y Cecilia Zambón, hijos de Carlos Enrique Zambón, otro de los directivos.
Mackentor fue una empresa dedicada a la construcción, con sedes en Córdoba y Buenos Aires, que los militares ocuparon el 25 de abril de 1977 con la excusa de que financiaba a una organización guerrillera. Nunca se les pudo probar a sus miembros vinculación alguna con las organizaciones armadas de la época.
La compañía, que tenía como principal accionista a Natalio Kejner, y de la que participaban en la propiedad sus equipos técnicos y empleados, era una poderosa empresa constructora en los años ’60 y ’70, equivalente a compañías como Juan Chediack y algo menor que IECSA del grupo Macri, entre otras. La empresa fue ocupada y vaciada con la concurrencia de militares y la propia Justicia Federal a través del juez Adolfo Zamboni Ledesma. Luego, se produjo, por parte de la Justicia Federal, una fenomenal cobertura del accionar de Zamboni Ledesma y otros funcionarios, un proceso que continúa hasta el presente.
[COBERTURA]
VER Denuncian la actuación de cinco jueces federales luego del fallo de la CIDH por el caso Mackentor.
VER El mandato moral de Talo Kejner.
VER La CIDH condenó a Argentina por violaciones a los Derechos Humanos en el caso Mackentor.
VER Corrupción y Terrorismo de Estado: el caso Mackentor llegó a la Corte Suprema.
VER Caso Mackentor: corrupción, Terrorismo de Estado y jueces que protegieron a sus pares y empresarios.
VER Mackentor, el caso que conecta a los militares con un sector del poder económico.
