Una jueza comunicó al Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario de Córdoba la orden de restricción contra tres oficiales mujeres del Servicio Penitenciario de Córdoba. Se trata de un caso que incluye violencia de género, violencia laboral y abuso de poder contra una oficial de 29 años que tiene carpeta psiquiátrica por las secuelas sufridas.
La resolución, que lleva la firma de la jueza Graciela María Vigilanti, fue comunicada a Maximiliano García, titular del Tribunal. Normalmente frente a hechos de violencia de género se aplica un protocolo que incluye el pase a situación pasiva (no pueden realizar acciones operativas y se les reduce el sueldo) de los denunciados mientras se sustancian el trámite judicial y administrativo. Habrá que ver cómo actúa en este hecho el Tribunal de Conducta.
Las oficiales sobre las que pesa la orden de restricción son Roxana Lujan, Mónica Solera, y Laura Ruiz. Implica que existe “prohibición de comunicación por cualquier medio, así como la (posibilidad) de relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier actividad similar (a la denunciate)”. En tanto que el cuarto denunciado es el jefe del SPC, Juan María Bouvier, por “su responsabilidad funcional”, aunque sobre él, la jueza no emitió ninguna disposición.
G.R. (se la identifica con sus iniciales para proteger la identidad de sus hijos en una causa por violencia doméstica de su ex pareja, también oficial del S.P.C), la víctima, es una joven oficial de 29 años.
Dice en su presentación judicial que “he sufrido hechos de violencia de género, violencia laboral, abuso de poder, entendiendo por esta, el abuso de poder que ejerce una persona con la finalidad de excluir o someter a otra. Se manifiesta en mi caso particular y entre otras formas como violencia psicológica, abuso sexual, discriminación laboral, hostigamiento laboral, denigración, faltas de respeto, violencia, daño moral, perdida de chance, todo en el ámbito del trabajo lo que ha derivado en que me encuentre bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico, siendo esto de enorme gravedad para mi salud”.
La mujer teme perder su fuente de trabajo y “la totalidad de los ingresos” para mantener a sus dos pequeños hijos de 2 y 6 años de edad.
Según relata, los hechos comenzaron en 2016 y se sucedieron hasta que dejó de prestar servicio por su situación psicológica.
Como en otros dos casos denunciados por oficiales mujeres y que publicó este medio, sus padecimientos comenzaron una vez que se separó de su primera pareja (O.M), un suboficial del SPC que la golpeaba, en marzo de 2016. Siguieron hasta ahora, cuando en mayo de 2021 se separó de su segunda pareja (M.G), un oficial penitenciario que también ejercía violencia de género, psicológica, económica y ambiental sobre ella. La mujer tiene, incluso, un botón anti pánico por esta situación.
Nació en Villa María y antes de ingresar en la Escuela de Oficiales del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), estudió dos años de la carrera de diseño y producción audiovisual en la Universidad Nacional de su ciudad. Tiene dos hijos, uno con cada pareja, de 2 y 6 años. Se recibió de inspectora en bromatología y estudia la tecnicatura en la misma especialidad.
Relató también que ni el SPC ni el tribunal de conducta, según le contó a ENREDACCIÓN, hicieron nada pese a sus denuncias y su situación: “Los protegieron a ellos, me denigraron, es una institución machista”.
El penal de Bouwer, en Córdoba.
LA DENUNCIA
Según cuenta en su denuncia, G.R perdió un embarazo sin poder recibir atención médica, tuvo que padecer la prohibición de alimentar a sus hijos recién nacidos, debió realizar extenuantes jornadas de 12 horas de trabajo sin poder dejar su puesto ni siquiera para ir al baño, recibió sanciones arbitrarias y arrestos, se le impidió ascender, le negaron traslados a otras funciones, y también fue víctima de acoso sexual.
Revela que en 2016, cuando se desempeñaba en la UCA, en la Ciudad de Córdoba, pidió audiencia con la directora, Roxana Luján, para denunciar que venía sufriendo acoso sexual por parte del oficial Diego Oliva. Cuenta que Luján le respondió que “como era oficial recién designada debía acostumbrarme a este tipo de tratos ya que son habituales en el ámbito de trabajo del Servicio Penitenciario de Córdoba”.
La historia no terminó allí. Frente a la falta de respuesta de Luján, G.R se presentó ante el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario. Cuenta en el escrito que fue atendida en esa dependencia por el oficial Néstor Luna. “Me dijo que la palabra del oficial Oliva prevalecería sobre la mía toda vez que tenía mayor jerarquía que la que yo ostentaba en ese momento”.
Otro hecho que describe la G.R ocurrió a principios de 2017. En febrero informó al Área de Personal de la UCA, dependencia que estaba a cargo de la suboficial, Ivana Gómez, de que estaba embarazada. Luego, el 17 de marzo mientras hacía guardia, comenzó “a sentirse mal, a la par que tenía una perdida por sangrado” y le pidió a las oficiales Maujo y Valdivia, que la relevaran para concurrir al control médico. Sin embargo, Solera, que estaba a cargo de la unidad, le respondió que “no era nada, que era normal y que me mantuviera en mi puesto”.
Su guardia acabaría al día siguiente, el 18 de marzo, y al acudir a un control médico en el Hospital Pasteur, “me informaron que se había producido un aborto espontaneo, (…) por lo que debían realizarme un legrado”.
Al regresar de la licencia médica, Solera le comunicó una sanción por abandono de servicio, planteándole que “la pérdida del embarazo y posterior legrado eran mentiras y falsedades”, pese a haber presentado los certificados médicos correspondientes.
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