La Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) rechazó la intervención a la empresa Vicentin dispuesta a través de un DNU por el gobierno nacional y manifestó su oposición a una eventual expropiación.
Dice la CCC que “se opone, sin ningún tipo de excepción, a cualquier decisión que viole los preceptos constitucionales establecidos en sus artículos 17 y 29”.
El 17 señala que “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública deber ser calificada por ley y previamente indemnizada . . . Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino”.
Y el 29 indica que “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
Luego plantea que “en cuanto al proyecto de ley de expropiación anunciado por el Poder Ejecutivo Nacional, la posición de la Cámara de Comercio de Córdoba considera que es perjudicial para los intereses del Estado Nacional, ya que implica estatizar endeudamiento privado en un contexto de imposibilidad de honrar sus propios compromisos financieros”.
Por último, expresa que “es contrario a los intereses del sector comercial y de servicios, ya que la fundamentación de tal proyecto es potencialmente extensible a cualquier empresa con dificultades financieras y/o considerada estratégica para el Gobierno de turno”.
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