El abogado Juan Carlos Vega, presidente del Servicio Argentino de Derechos Humanos, y representante legal de las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo ayer, luego que la Legislatura aprobara la modificación del Código Procesal Penal de la provincia, que “es un fallo histórico, ya que por primera vez la provincia de Córdoba es condenada por violaciones a los derechos humanos generadas por la Justicia de Córdoba”.
Vega se manifestó satisfecho por la celeridad con la que el gobierno provincial avanzó en modificar el Código Procesal Penal (CPP), que instituye, como pidió la CIDH, la posibilidad de la segunda instancia judicial. “El CPP se modificó en dos meses. Normalmente lleva años de estudio. Así que esta es una reforma inédita, obligada por la sentencia, pero inédita por la rapidez. Aquí hay que decir que el gobernador Juan Schiaretti estuvo muy bien. Podría haber demorado este reconocimiento, pero no lo hizo. Me parece una conducta de decencia por parte del gobernador”.
Luego dijo en relación a las modificaciones que alinean el derecho interno a los estándares americanos de derechos humanos, que “si bien las víctimas reconocidas en esta sentencia son cuatro, es probable que existan muchas más víctimas, es decir ciudadanos que hayan tenido que pasar por la cárcel en base a sentencias que no garantizaron la segunda instancia. Este es uno de los debates que se abre. El TSJ debería investigar, ya que el caso que dicta sentencia la CIDH es del año 97, para saber cuántos otros ciudadanos tuvieron que cumplir una condena por años sin haber tenido la garantía de un doble sentencia. Un TSJ con un buen nivel de decencia debería investigar esto”.
El abogado planteo también que “el TSJ que es el responsable de esta condena internacional, porque son sus actos de justicia los que generaron esta vergonzosa condena en contra de Córdoba con relación a los derechos humanos, es el único poder que hasta ahora no hace nada por cumplir con la sentencia”.
Puntualizó que “la sentencia impone mandatos a los tres poderes. El Ejecutivo y el Legislativo están cumpliendo bastante bien y con rapidez sus obligaciones, pero el Poder Judicial no ha hecho nada con las suyas. No sabemos si sigue aplicando su doctrina judicial viciada que es la que condena la CIDH, que dice que la Casación no debe implicar el análisis de hechos y pruebas. No lo sé; nadie lo sabe”.
Por último, Vega dijo que “hay que terminar con el “Estado bobo”, hay que determinar las responsabilidades internas, lo que hizo mal el gobierno. ¿Qué pasó para que Córdoba sea condenada por la CIDH? Córdoba fue condenada por la responsabilidad de los funcionarios que debieron intervenir en 2013 y no lo hicieron. Hubo responsabilidad del entonces ministro de Justicia y DD.HH. y actual vocal del TSJ, Luis Angulo, que durante siete años no hizo nada, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le informó que las víctimas tenían razón. No lo hizo, porque las víctimas no pertenecían a su partido político. Angulo es el primer funcionario que debe ser investigado para evitar nuevos casos como estos. El segundo funcionario que debe ser investigado es el fiscal Penal y Económico (fuero anti-corrupción), Matías Bornancini, que recibió la denuncia correspondiente por la inacción de Angulo y tampoco hizo nada”.
>> COBERTURA
VER LA RESOLUCIÓN 137 (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos).
VER La Corte Interamericana condenó a la Provincia y al TSJ por violar derechos humanos.
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